Ana María Figueroa reclamó que le devuelvan el cargo de jueza y que le paguen el sueldo con durísimas críticas

Ana María Figueroa reclamó al Consejo de la Magistratura que le devuelvan su cargo de jueza y su título de presidenta de la Cámara Federal de Casación, y que además la Corte Suprema de Justicia le pague los sueldos de agosto y septiembre. Denunció que fue víctima de una discriminación de género y que el máximo tribunal incurrió en un “acto ilegal” al dejarla cesante cuando cumplió 75 años sin haber obtenido el acuerdo del Senado.

La magistrada planteó sus quejas en una nota presentada en el Consejo de la Magistratura en la que criticó a la Cámara de Casación y a la Corte por haberla dejado cesante a partir del 9 de agosto pasado, cuando cumplió los 75, porque para entonces no había obtenido el acuerdo del Senado. Después, la Cámara alta se reunió el 28 de septiembre y dio su acuerdo para extenderle el mandato por cinco años, y el presidente Alberto Fernández firmó el 3 de octubre pasado un decreto con el que la vuelve a designar como magistrada.

Desde entonces, la jueza no fue más a su despacho en la Cámara de Casación y su vocalía fue cubierta por su colega Alejandro Slokar, designado por sorteo. La presidencia de la Casación fue dejada por la propia jueza en manos de Mariano Borinsky, que era vicepresidente del tribunal.

Pero ahora Figueroa reapareció. Dirigió su nota de reclamo a la presidenta de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, María Fernanda Vázquez, a quien le pidió: “Tenga a bien disponer de los medios necesarios para que se ordene la inmediata mantención en mi cargo”.

Dijo que su continuidad fue “turbada de facto por una simple resolución administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” del 6 septiembre de 2023, luego de que la Cámara de Casación informó a la Corte y al Consejo de la Magistratura de su situación.

Recordó que fue nombrada el 21 de noviembre de 2011 en la Casación y que tras once años y nueve meses en el cargo, cumplió 75 años el 9 de agosto. Entre el día del cumpleaños y el de su nuevo nombramiento por decreto presidencial se produjeron “actos novedosos de quienes no tienen atribución constitucional ni legal para nombrar, cesar, suspender, cesantear, remover a magistrados”, se quejó.

Reunión “clandestina”

Y denunció que hubo una reunión “clandestina” en el despacho de Borinsky -a quien acusó de haberse constituido “como presidente de facto” del tribunal mientras ella estaba en su despacho. Según Figueroa, en esa reunión se decidió enviar una nota a la Corte sobre la situación de ella sin acuerdo “lo que podría derivar en el cese de sus funciones”. Esa comunicación al máximo tribunal -sostuvo- contó con el impulso de Borinsky y el aval de los jueces Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, que integran el tribunal de Superintendencia. También se envió una nota al Consejo de la Magistratura, recordó.

Figueroa se quejó luego de la decisión unánime de la Corte de declarar su cese por vía administrativa, sin una causa judicial. Denunció discriminación y destacó que los cuatro jueces de la Corte son varones, lo mismo que los cinco colegas de la Casación que integran el tribunal de superintendencia, que también son varones.

“La indebida injerencia de los señores jueces de la Corte en estas cuestiones por fuera de sus atribuciones constitucionales no registra antecedentes en la historia institucional”, afirmó, y dijo: “Se advierte un manifiesto acto discriminatorio de la Corte Suprema de Justicia contra mi persona, a través de un acto ilegal donde se adopta y ejecuta una interpretación antagónica a todos los precedentes anteriores”.

Figueroa dijo que tuvo que abandonar su despacho “prescindiendo de la voluntad expresada de continuar” como jueza, “ante la noticia difundida por los medios de prensa, no habiendo sido notificada a la fecha de dicho acto administrativo irregular”.

“Corresponde ser mantenida en el cargo de vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, en la vocalía 10, donde fue interrumpida mi investidura, recibiendo un trato discriminatorio con relación a todos los precedentes similares operados a la fecha”. En esa vocalía, la que ella ocupaba, están los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán, que tienen como acusada a Cristina Kirchner.

Figueroa añadió que al correrla de su cargo se “está poniendo en riesgo la independencia judicial” y advirtió que el Consejo “no debe permitir la propagación de los efectos disciplinantes de un acto irregular que dispone el cese arbitrario en sus funciones de una jueza, pues alcanza al resto de los magistrados”.

Además, pidió que el juez Horacio Rosatti, que preside el Consejo y la Corte, se abstenga de intervenir en el plenario del Consejo que trate su caso “por elementales cuestiones de decoro”, dado el “inmerecido destrato” que, según ella, recibió de la Corte.

Afirmó que la discriminaron por ser una “mujer independiente”, que resuelve “siempre conforme a derecho”. También pidió que cuando resuelva el Consejo de aparte el juez Barroetaveña, que además de consejero era colega de ella en Casación.

Figueroa solicitó entonces la inmediata ejecución del decreto que la repuso en su cargo, que le devuelvan la firma digital y que se ordene el pago de los salarios, retroactivos y derechos laborales suspendidos desde el 1° de septiembre de 2023.

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