Amnistía Internacional envió una carta a la Cancillería por la situación del gendarme argentino detenido en Venezuela
Nahuel Gallo continúa preso por orden del régimen de Nicolás Maduro, que lo acusa de formar parte de un plan para rescatar a los asilados de la embajada argentina en Caracas
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LA NACION
La organización Amnistía Internacional envió una carta a la Cancillería argentina expresando su preocupación por la situación de Nahuel Gallo, gendarme detenido en Venezuela. En el texto, AI reiteró su disposición para “colaborar en que se tomen medidas para esclarecer los hechos y que se garantice su seguridad y derechos fundamentales”.
El suboficial, oriundo de Catamarca, de 33 años de edad, fue detenido el 8 de diciembre luego de cruzar desde Colombia. Tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como la Cancillería argentina calificaron a la aprehensión como “arbitraria e injustificada” y exigieron la “inmediata libertad” del retenido.
Bullrich aseguró en declaraciones radiales que Gallo se encuentra en una base de Inteligencia en Táchira, lugar a donde fue citada la pareja del gendarme, pero no se acercó por miedo. Tras ello, Gendarmería habría presentado una denuncia penal por el secuestro del cabo primero ante el Juzgado de Mendoza, donde está su último domicilio registrado.
Desde la organización de derechos humanos enviaron una carta destinada al canciller Gerardo Werthein y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, donde “transmite su preocupación y pone a la organización a disposición para que se esclarezca la situación” de Gallo.
“Como no escapa a su conocimiento, Venezuela sufre una crisis de derechos humanos profunda y multidimensional desde hace al menos diez años. Durante este tiempo, Amnistía Internacional ha denunciado graves violaciones de derechos humanos, así como crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad, y una emergencia humanitaria compleja en curso, que han obligado a más del 25% de la población del país a huir al extranjero”, escribieron en la carta firmada por la directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belski.
La organización cita varias investigaciones que realizaron sobre la situación del país donde enfatizan la “alarmante intensificación de la política de represión” de las autoridades venezolanas. “En el primer mes tras las elecciones, las autoridades llevaron a cabo más de 2000 detenciones, según cifras oficiales, que se suman a los centenares que ya estaban detenidos arbitrariamente desde antes del 28 de julio [de las elecciones presidenciales]. Se presume que todos estos arrestos y detenciones en curso son arbitrarios y forman parte de la política de represión de larga data del gobierno de Maduro contra cualquier percepción de disidencia”, explicaron. La detención de Nahuel Gallo entraría en este marco.
Según Amnistía, la represión incluyó también “muertes ilegítimas” y “denuncias creíbles de tortura, desapariciones forzadas, ataques generalizados contra la sociedad civil, represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos y graves violaciones de las garantías de un juicio justo”.
En este periodo de tiempo fue que seis venezolanos opositores terminaron asilados en la embajada argentina en Caracas, lugar en donde continúan a pesar de repetidos pedidos de la Argentina para su liberación y para que Maduro otorgue los salvoconductos necesarios para que salgan del país. Los refugiados pasaron días con cortes de electricidad y falta de comida, además de la presencia de agentes de seguridad en el exterior de la sede que amenazaban con ingresar y detenerlos. En esta circunstancia es que ahora suma la detención de Gallo: el gobierno venezolano acusa al gendarme de formar parte de un plan para liberar a los asilados de la embajada y, de esa forma, justifican su detención, que el Gobierno argentino y organismos internacionales consideran arbitaria.
Días después de reconocer que Gallo se encontraba detenido en algún lugar del territorio venezolano es que el número 2 del gobierno chavista, Diosdado Cabello, sostuvo que el gendarme era parte de “un plan”. Según un cable de la agencia de noticias ANSA, Cabello aseguró que el cabo primero “articulaba un plan para sacar de la embajada de Argentina a los seis dirigentes opositores”.
En relación a la crisis en Venezuela y la dura represión, la organización mencionó la participación de la Argentina en la denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela por violaciones a los derechos humanos y repudió que la Argentina se haya retirado durante la administración de Alberto Fernández. “Celebramos a la par la decisión de esta gestión de retomar su compromiso de justicia”, sostuvo.
“Asimismo, celebramos que, en el marco de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos última, Argentina liderado la Resolución sobre la situación de derechos humanos de Venezuela y acompañado la continuidad de los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), por un período de dos años, además del mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) para monitorear e informar sobre la situación. Reconocemos la relevancia de la decisión del país de sumarse nuevamente al Core Group”, agregaron.
También sostuvieron que la justicia argentina “tiene una oportunidad histórica para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”.
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