Amenazas a Sergio Massa y su familia: 10 personas se declararon culpables y deberán hacer una probation
En septiembre de 2020, el entonces presidente de la Cámara de Diputados radicó una denuncia y afirmó que le habían llegado más de 400 mensajes intimidatorios de números desconocidos a su teléfono celular
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LA NACION
Un grupo de 10 personas que estaban siendo investigadas por haber amenazado al ministro de Economía Sergio Massa y a su familia a través de mensajes a sus teléfonos celulares se declararon culpables en medio de un juicio que se llevaba adelante en los tribunales de San Isidro, tras la denuncia que había presentado el titular del Frente Renovador.
El 2 de septiembre de 2020, en medio de la pandemia y cuando Massa era titular de la Cámara de Diputados, recibió amenazas contra él y su familia que le llegaron a su teléfono y también fue el blanco de una marcha en la puerta del country en el que vive, en la localidad tigrense de Rincón de Milberg.
En ese contexto, el entonces presidente de la Cámara de Diputados radicó una denuncia en la fiscalía de esa localidad y afirmó que le habían llegado más de 400 mensajes intimidatorios de números desconocidos a su teléfono celular.
Tras más de dos años y medio de investigación, el Juzgado Federal 2 de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, dio luz verde al pedido de suspender el proceso a prueba respecto de 10 imputados y les impuso la realización de entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias. Al trabajo que deberán desarrollar cada uno de los dos acusados, se suma una donación a la Asociación Civil “Pequeños Pasos” por montos que van de los $20 mil hasta los $200 mil pesos.
Quienes se declararon culpables, según el expediente judicial, fueron: Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera,Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina.
Al momento de definir los montos a pagar y la cantidad de horas de trabajos comunitarios, la Fiscalía tuvo en cuenta “cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad”.
Además, las 10 personas deberán entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes y hacer cursos o talleres sobre Derechos Humanos.
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