Allanaron a Jan de Nul en una causa por presuntas irregularidades en la licitación frustrada de la Hidrovía

El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer un allanamiento en la empresa Jan de Nul en una causa vinculada con la licitación frustrada de la Hidrovía. El allanamiento había sido solicitado por el fiscal Guillermo Marijuan, que tiene delegada la investigación del caso, según informaron a LA NACION fuentes con acceso al caso.

La causa se inició este mes por una denuncia de la Coalición Cívica por presunto direccionamiento del pliego de licitación de la vía navegable. En la presentación que originó el expediente se cuestionó la deuda por US$78 millones que el Estado tiene con Jan de Nul, encargada de dragar la vía navegable por donde pasa el el 80% de las exportaciones argentinas. Según el pliego de la licitación frustrada, quien se quedara con la concesión de la Hidrovía iba a tener que pagarle esa suma al Gobierno para que cancelara la deuda.

La denuncia se realizó poco antes de que cayera la licitación para dragar y señalizar la Hidrovía, en la que se elegiría la compañía que iba a quedarse con su concesión durante al menos 30 años.

Fuentes cercanas a la empresa confirmaron a LA NACION que el allanamiento fue realizado ayer y que la firma cumplió con todos los requisitos solicitados.

En un documento que publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno había afirmado que la acusación de presunto direccionamiento “carece de objetividad y constituye un intento malintencionado de deslegitimar un proceso transparente”. Los representantes de Jan de Nul manifestaron una postura similar.

Tal cual informaron fuentes con acceso al expediente, esta primera búsqueda de documentación se concentró en recolectar archivos vinculados a la deuda cercana a US$78 millones que el Estado mantiene con Jan de Nul. De hecho, en el pliego frustrado, una de las condiciones estipulaba que el ganador de la concesión debía pagar un canon de US$78.878.596 “en concepto de regularización de deuda pendiente”, según el artículo 11.

Un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había observado “elementos suficientes para advertir serias irregularidades en la redacción de los pliegos”. Entre ellas, mencionó que “no consta en actuaciones” que exista esa deuda y por ese monto.

El allanamiento ocurrió a menos de una semana de que el Gobierno diera de baja la licitación que buscaba empresas que realicen el dragado y balizamiento de la Hidrovía a cambio de otorgarles la concesión, es decir el cobro del peaje, cuya facturación anual alcanza los US$410 millones, según estimaciones del Ejecutivo.

Todo el proceso anterior a la anulación de la compulsa estuvo plagado de reclamos y acusaciones cruzadas. Por un lado, varias empresas, entre ellas la belga DEME y la danesa Rohde Nielsen reclamaban que la licitación estaba supuestamente hecha a medida para que ganase Jan de Nul, algo que siempre negaron en la compañía y en las filas oficialistas. Luego de conocer que sólo hubo una oferta que se presentó, la de DEME, el tablero cambió y fue el Gobierno quien acusó a dicha firma por la “posible presión por parte de la única oferente sobre las restantes empresas, o la existencia de una connivencia entre las mismas en perjuicio del Estado Nacional”.

En consecuencia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Ejecutivo iba a comenzar una investigación contra DEME en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un organismo descentralizado que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía. LA NACION realizó múltiples consultas y, a una semana de la apertura de sobres y la decisión de anular la licitación, todavía no hay constancia de que se haya abierto un expediente sobre el tema.

“Desconocemos la razón por la que la actual empresa dragadora [Jan de Nul] y otras competidoras no se han presentado”, se defendió DEME a través de un comunicado.

En el sector agroindustrial consideraron fundamental retomar la iniciativa ya que las obras de dragado podrían permitir cargar buques con más exportaciones. Tal cual indicó una fuente del sector portuario, actualmente los barcos viajan con cerca del 60% de su bodega completa y, si se aumentara la profundidad de la vía, ese porcentaje podría elevarse hasta 90%.

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