Allanaron 14 sedes de movimientos sociales por la denuncia de Patricia Bullrich por presunta extorsión a militantes
Los procedimientos, ordenados por el juez Lijo, derivaron en el secuestro de teléfonos celulares y documentación vinculada a beneficiarios de cooperativas; el Ministerio de Seguridad recopiló llamados de personas que afirmaban que las obligaban a ir a las marchas
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LA NACION
El juez federal Ariel Lijo ordenó 14 allanamientos en sedes de movimientos sociales, a partir de las denuncias que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, realizó por presuntas extorsiones a militantes a los que se obligaría a concurrir a marchas bajo amenaza de retirarles planes sociales o cupos en cooperativas de trabajo. Los procedimientos se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y arrojaron como resultado el secuestro de seis teléfonos celulares, planillas, chequeras, tarjetas, fichas de afiliación, facturas y recibos.
Los allanamientos se realizaron en locales del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Barrios de Pie-Libres del Sur y del Movimiento Evita. También en sedes de agrupaciones políticas, o en domicilios vinculados a concejales. Lijo -uno de los dos candidatos que el presidente Javier Milei impulsa para integrar la Corte Suprema- ordenó los allanamientos en el marco de una investigación en la que busca individualizar a personas que habrían extorsionado a los integrantes de los movimientos sociales y se habrían beneficiado económicamente.
En un departamento de la calle Iguazú al 600, en la Capital Federal, se secuestraron un teléfono celular, un cuaderno con anotaciones, una chequera y tarjetas personales de diferentes entidades y personas. En el lugar, estaba una mujer de nacionalidad chilena que afirmó ser referente del MTL. También se allanaron otros dos departamentos en la misma dirección, en los que no se secuestraron elementos.
Otros dos teléfonos celulares fueron secuestrados en el allanamiento que se efectivizó en Gonnet al 500, en la localidad bonaerense de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Allí funciona un merendero del Movimiento Evita.
En Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, se allanó un merendero denominado “Néstor Kirchner”, que funciona en un domicilio particular en la calle Necol al 2700. Se secuestraron fichas de afiliación a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el sindicato que conformaron los movimientos sociales.
En otro procedimiento, en Arredondo y Pitágoras, Sarandí, se allanó el domicilio de una de las personas investigadas y se secuestró un teléfono celular.
En Lerroux y Colón, Rafael Calzada (en el distrito de Almirante Brown), al allanar un domicilio vinculado a la agrupación Confluencia Popular, se secuestraron un celular y cuadernos universitarios con anotaciones y planillas de asistencia.
Otro de los teléfonos celulares secuestrados se obtuvo en Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas, donde, según los resultados de los procedimientos a los que pudo acceder LA NACION, funcionó hasta 2022 un merendero de Barrios de Pie y Libres del Sur. El allanamiento se realizó en Copérnico 1298 y el teléfono pertenece a una de las personas investigadas.
También se secuestraron 78 carpetas y biblioratos con fichas, planillas, facturas y recibos identificados como Cooperativa La Esperanza y Cooperativa Evita Pueblo, en un allanamiento en Las Lilas al 2800, Maquinista Savio, partido de Escobar. Es una sede del Movimiento Evita.
En Malvinas Argentinas, en la calle Callao al 3200, se allanó lo que fue la sede de un merendero y se secuestró “documentación de interés”.
En otros cuatro domicilios allanados, no se secuestraron elementos. Dos de ellos tuvieron lugar en Guernica (distrito de Presidente Perón), otro en Ingeniero Budge y San Justo (La Matanza). En los procedimientos, fueron identificadas 18 personas.
Tras los allanamientos, la CTA Autónoma, que conduce el dirigente de ATE Hugo “Cachorro” Godoy, repudió el procedimiento realizado en la calle Iguazú, en el barrio porteño de Parque Patricios. En un comunicado, la central afirmó que se trata de un “complejo de viviendas del MTL que aloja a 326 familias que desde hace dos décadas se organizan para resolver el problema del déficit habitacional que atraviesa la ciudad de Buenos Aires”, y que allí “funciona un bachillerato popular, una radio comunitaria, y un sistema de asistencia social y comunitaria”.
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