Allanaron la quinta de Mauricio Macri por posible violación de la cuarentena

La reunión que el expresidente Mauricio Macri tuvo en su quinta Los Abrojos, en Malvinas Argentinas, con los intendentes de Pinamar, Martín Yeza; Olavarría, Ezequiel Galli; y San Antonio de Areco, Francisco Ratto, derivó en una denuncia y posterior causa judicial donde se investiga si se violó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por el gobierno nacional para combatir el Covid-19.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales y desde el entorno del expresidente. Por orden de la Justicia, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) hizo un allanamiento en Los Abrojos, en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, con el objetivo de secuestrar las imágenes de las cámaras de seguridad del jueves pasado, día de la reunión entre Macri y los jefes comunales.

La orden fue firmada por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta. La causa, delegada en el fiscal federal Jorge Sica, comenzó después de una denuncia hecha por autoridades de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, que conduce el intendente kirchnerista Leonardo Nardini.

"El objetivo del allanamiento fue el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad. No se dispuso ninguna medida dentro del inmueble de Macri", explicó una fuente con acceso al expediente.

Según fuentes judiciales, la causa comenzó después de que un funcionario municipal presentó una denuncia en una seccional policial ante la posible violación del ASPO. La reunión entre Macri y los tres intendentes se hizo después del regreso del expresidente desde Europa. "En la presentación, el denunciante dijo que se enteró por publicaciones periodísticas que Macri había tenido una reunión en su quinta y que se estaba ante una posible violación de la cuarentena", dijo una de las fuentes consultadas.

Allegados a Macri dijeron que el operativo fue al mediodía y que no entraron en el inmueble del expresidente.

Sica había pedido secuestrar las imágenes de los ingresos y egresos a la quinta desde el 3 de septiembre hasta ayer. El juez solo autorizó requerir las del día de la aludida reunión con los intendentes. La diligencia se cumplió sin incidentes.

"¿Cuál es la cuarentena? ¿De qué estamos hablando? Son dos de las preguntas. Me parece un poco forzada la decisión del allanamiento y que tiene algún tinte político. Macri se hizo un hisopado cuando llegó y otro a los cuatro días. Por una cuestión de salud personal, más que nada y nunca se movió de ese lugar. Nunca entraron a la quinta. Llegaron, pidieron las grabaciones y se las llevaron. Después la interpretación de cada uno sobre la situación, dejo que cada quien saque sus propias conclusiones", dijeron desde el entorno de Macri.

Quién es el juez de la causa

Culotta, el juez que autorizó el operativo, es miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde actúa con el bloque opositor al gobierno de Alberto Fernández. Durante la gestión macrista, fue subrogante del juzgado electoral de La Plata, que controla las elecciones de Buenos Aires. Exalumno, como Macri, del Colegio Cardenal Newman, llegó al Consejo como cabeza de la lista de jueces de Compromiso Judicial. Su número dos era Leopoldo Bruglia, el camarista desplazado esta semana de su cargo actual por el kirchnerismo en el Senado.

El fiscal Sica, en tanto, es un funcionario con vasta experiencia en los tribunales federales de San Martín. En noviembre de 2003, el entonces procurador general de Nación, Nicolás Becerra, lo nombró en la Unidad Fiscal Coadyuvante para Investigación del Delito de Secuestro Extorsivo, para intentar frenar este tipo de delitos en la zona norte del conurbano.

La unidad tenía la misma jurisdicción que la fiscalía general de San Martín y había sido creada por que en esa zona (que incluye los partidos de San Isidro, Vicente López, Tigre, San Fernando y Pilar, San Martín, Malvinas Argentinas, José C. Paz y Tres de Febrero, entre otros) se había producido la mayor cantidad de secuestros. Pero el secuestro y homicidio del joven estudiante Axel Blumberg, ocurrido en marzo de 2004, derivó en su separación del cargo.

Después volvió a su fiscalía federal de San Martín.

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