Allanan el sindicato de los Moyano por los bloqueos a la empresa de San Nicolás
Hay un procedimiento en Camioneros en busca de documentación; lo dispuso la jueza Maiztegui en el caso en el que hay dos sindicalistas detenidos por extorsionar a una firma distribuidora de alimentos
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LA NACION
La jueza de San Nicolás María Eugenia Maiztegui ordenó allanar hoy la sede central del Sindicato de Camioneros en la ciudad de Buenos Aires en busca de documentación relacionada con los dirigentes presos por extorsionar y reclamar dinero a una empresa distribuidora de golosinas a la que bloquearon.
Mientras se realizaba el procedimiento, Hugo Moyano, jefe del gremio, estaba en un acto con el Presidente, en Parque Colón, a espaldas de la Casa Rosada.
El procedimiento fue efectuado en la causa en que la jueza con la fiscal María del Valle Viviani detuvieron al concejal del Frente de Todos de San Nicolás y líder de Camioneros en la región, Maximilano Cabaleyro -hijo de Julio, histórico dirigente de Hugo Moyano en la zona- y al referente local, Fernando Espíndola. Ambos permanecen detenidos luego de que la Cámara de Apelaciones confirmó las calificaciones de extorsión, turbación de la posesión y coacción.
Ahora la jueza busca el legajo de la empresa Rey, víctima de los aprietes, porque se enviaron dos oficios y ninguno fue respondido, según dijo a LA NACION la abogada Florencia Arietto, que patrocina a la familia Rey. Arietto es una dirigente de Juntos por el Cambio que trabajó con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y ahora está cerca Horacio Rdriguez Larreta.
Los operativos buscan determinar el recorrido del dinero pagado por los Rey por una deuda que nunca se acreditó que existiera. La plata salió desde la empresa hasta eventualmente el sindicato y fue exigida para levantar los bloqueos. “Deben haber sido enviados por transferencia”, dijo una fuente del caso.
Los dirigentes del Sindicato de Camioneros de la seccional San Nicolás fueron detenidos por la policía el 8 de abril pasado. Las detenciones fueron ordenadas por la jueza Maiztegui, que había rechazado su exención de prisión, medida que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones, con lo que quedaron firmes las órdenes de captura. Ambos gremialistas se entregaron voluntariamente.
Cabaleyro se entregó en la Dirección de Investigaciones de San Nicolás mientras que Espíndola lo hizo en la dependencia policial de Baradero-San Pedro. Ambos fueron voluntariamente cuando ya estaba emitida la captura para evitar ser trasladados con las esposas por al policía.
La empresa de San Pedro que fue bloqueada es una distribuidora de productos alimenticios, que pertenece a Ricardo Rey. Tiene unos 35 empleados. El conflicto se originó cuando el sindicato le exigió pasar a los 35 empleados al convenio 40/89 y los gremialistas supuestamente les reclamaron dinero.
El empresario hizo algunos pagos, pero luego la compañía sancionó a un delegado gremial y se agravó el conflicto. Los empresarios dejaron de pagar e hicieron una denuncia por extorsión que ahora desembocó en estas detenciones.
La denuncia fue recibida por la Fiscalía Nº 7 de San Pedro, a cargo de María del Valle Viviani.
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