Algo se quebró entre Alberto Fernández y la CGT

A puro decreto, Alberto Fernández intentó esta semana sacar otra vez a flote su alianza con la CGT. Resolvió el lunes de manera unilateral adelantar cinco meses la suba del salario mínimo y se guardó la carta de otorgar otro aumento antes del campanazo de largada de la campaña electoral. Habilitó al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a reabrir las negociaciones paritarias públicas y privadas sin importar la temporalidad de las cláusulas de revisión acordadas. Se reservó además el anuncio de un bono de emergencia para jubilados. La carrera desesperada no es solo contra la pandemia, también contra la inflación.

Al filo de la medianoche del martes, mientras el seleccionado nacional de fútbol lograba con angustia la clasificación a la final de la Copa América, se conoció que Fernández había firmado finalmente un decreto que la CGT gestionó desde el inicio de su mandato para blindar a sus obras sociales más importantes. A partir de ahora, cada nuevo trabajador registrado deberá permanecer como mínimo un año en la obra social de su actividad antes de disponer de la transferencia de los aportes a otra entidad de salud. Es un gesto a los gremios y un golpe a las prepagas, habilitadas desde los últimos tiempos de Menem a cerrar acuerdos comerciales subterráneos con obras sociales casi inexistentes para triangular afiliados. “Las prepagas se acostumbraron a las maniobras espurias”, denunció Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT.

El tráfico de afiliados y el circuito de los fondos de la salud atraviesan instancias grises, algunas de las cuales fueron contadas hace dos semanas en esta columna. Desde aquella publicación, se sumaron denuncias que advierten sobre más irregularidades en entidades públicas, privadas y gremiales. La jueza María Servini, por citar un caso, avanzó con informes, allanamientos y testigos para investigar un presunto fraude de 1200 millones de pesos en la Obra Social del Seguro y que involucraría al secretario general, Raúl Amancio Martínez, quien por ahora es un protegido por la CGT.

La demora en la firma del decreto que frena los traspasos de afiliados había puesto a los sindicalistas en guardia. “El borrador va y vuelve, parece una chicana. Ni nos contestan el teléfono”, se enfureció uno de los dirigentes a cargo de las gestiones con el Ministerio de Salud. El nerviosismo sindical se acentuó desde la muerte de Eugenio Zanarini, el hombre de Ginés González García que estaba a cargo de la Superintendencia de Servicios de la Salud, el organismo que controla a las obras sociales.

Todo se destrabó el lunes. En medio de la supervisión final de la normativa, hubo un intercambio de chats entre el Presidente y Héctor Daer. Fernández le preguntó por su estado de salud tras la intervención con dos stents. Del decreto casi ni hablaron. Quien llamó al sindicalista casi a las once de la noche fue Máximo Kirchner. El hijo de la vicepresidenta terció a favor de otro pedido vinculado a los monotributistas y el financiamiento de los tratamientos médicos de alta complejidad.

“Máximo nos jugó bien, el problema son los de la Provincia”, dijo un jerárquico de la CGT en referencia a la tropa de Axel Kicillof. Los gremios distinguen en Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, y en Homero Giles, director del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), los impulsores de la reforma integral del sistema sanitario que demandó Cristina Kirchner. En la CGT temen concretamente perder el dinero que se atesora en el Fondo Solidario de Redistribución, una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios.

Ya ni siquiera Hugo Moyano confía en los enviados de Kicillof. El jefe camionero recurrió esta semana a empresarios transportistas para pedirles un auxilio económico para afrontar el pago de los sueldos de los médicos del Sanatorio Antártida. Se trata de una clínica sindical en el barrio porteño de Caballito que se reabrió en abril de 2020 en convenio con la Provincia para atender casos de Covid. Allí es donde se vacunaron con privilegios Moyano, su esposa y su hijo Jerónimo, de 20 años.

“Débil y dubitativo”

Con el decreto de las obras sociales y la garantía oficial de que se revisarán las paritarias que pierdan ante la inflación, Fernández recompuso su relación con la CGT a pesar de que cada vez son más los dirigentes gremiales que manifiestan su decepción por su estilo de conducir. “La gestión se determina en el Instituto Patria y no en el PJ, como nos hubiera gustado”, lamentó un influyente gremialista de diálogo cotidiano con ministros y gobernadores. Añadió con un hilo de preocupación: “Lo vemos débil y dubitativo, sin autonomía ni decisión”. La amistad que une al Presidente con Daer tal vez fue el dique que evitó una mayor confrontación.

Sin diálogo con Cristina Kirchner, a quien en la CGT le atribuyen el poder real, los caciques sindicales se ven relegados de las listas de candidatos del Frente de Todos y asumen que tendrán un rol secundario en la campaña. Se resignan a que los únicos sindicalistas con lugar asegurado serán los que disponga la vicepresidenta. Es por eso que habrá posible renovación de bancas en el Congreso para Vanesa Siley, Walter Correa y Hugo Yasky, jefe de una de las dos vertientes de la CTA. Ninguno de ellos comulga con la CGT actual. Tal vez se le abra una ventana a Karina Moyano, una de las hijas del camionero que en febrero quedó envuelta en un escándalo judicial por medio millón de dólares. “Nosotros vamos a pedir candidaturas, aunque no es fácil ser oficialismo en este contexto”, admitió un jerárquico de la CGT que reconoce el poder de veto de la vicepresidenta.

El otro mazazo de Cristina que vislumbran los cegetistas es su intervención a fin de año en lo que será el recambio de autoridades de la central obrera. La vicepresidenta les hizo la cruz a por lo menos tres históricos: Armando Cavalieri, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri. Los rechaza a pesar de que los tres fueron parte del plan orquestado en 2012 para crear una central opositora a Moyano, que por entonces estaba enfrentado con el kirchnerismo.

¿Será posible la unidad entre las diferentes tribus sindicales, como pidió más de una vez Alberto Fernández? El deseo del Presidente es reunir bajo una misma conducción a Daer con Pablo Moyano y Sergio Palazzo, dos de los pocos sindicalistas que orbitan por el Instituto Patria. También pidió sumar a Yasky, de la CTA. Una alternativa que sugirió el bancario Palazzo es instrumentar un liderazgo rotativo. Difícil. No habrá definiciones en el ajedrez sindical hasta después de las elecciones legislativas, el verdadero test que preocupa al Gobierno y que sentenciará el rumbo de la gestión de Fernández.

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