Alerta para el oficialismo: facultades delegadas, privatizaciones y deuda, los artículos más complicados en la votación de la ley ómnibus

Por obra y gracia del propio Gobierno, la ambiciosa “Ley de Bases” con la que el presidente Javier Milei pretende sentar nuevos pilares fundacionales en materia económica, política, social y cultural que echen por tierra las que cimentó el kirchnerismo, quedó en buena parte convertida en letra muerta. En lugar de agotar las negociaciones con los bloques de la oposición dialoguista, optó por retirar la totalidad del paquete fiscal de la iniciativa -el corazón que la hacía latir- y corre el riesgo de perder, durante la discusión en particular del texto, los pocos artículos claves que todavía quedan en pie.

Revocado el paquete fiscal, las facultades delegadas constituyen ahora el alma del proyecto. El oficialismo se prepara para defenderlas a capa y espada no solo frente al kirchnerismo -que las rechaza de plano- sino ante un número aun indefinido de diputados “dialoguistas” que este miércoles amenazaban con no concedérselas. Las presiones subterráneas para quebrar voluntades estaban anoche al rojo vivo. Los oficialistas contabilizaban 149 votos seguros para aprobar en general el proyecto, pero de ellos una veintena podría defeccionar cuando, en la votación en particular, se aborde ese artículo.

Quienes ya anticiparon su negativa provienen del bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto. Los seis diputados de la Coalición Cívica lleva la voz cantante, a los que se suman los socialistas y un grupo de radicales encabezados por Facundo Manes. Podría sumarse la cordobesa Natalia De la Sota y Margarita Stolbizer, de GEN. Oficialismo y oposición hacen sus números: están muy justos. “No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias, que nadie se confunda”, avisó Manes.

El proyecto le concede al Poder Ejecutivo atribuciones legislativas para resolver, sin aval del Congreso, en una diversidad de materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Todo esto por el plazo de un año con la posibilidad de ser prorrogado por otro más. En rigor, el Gobierno pretendía en el texto original contar con facultades mucho más amplias y por cuatro años. Los bloques de Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pusieron límites y el Gobierno se vio obligado a recular. Tal vez este capítulo termine más deshilachado de lo que esperaba el presidente Milei.

Además de las facultades delegadas, el capítulo de privatizaciones constituye otro de los capítulos claves que le dan razón de ser al proyecto de carácter fundacional que le infunde el presidente. Sin embargo, el bloque libertario -con 41 voluntades- solo cuenta con el apoyo de Pro para que se apruebe sin modificaciones. Ergo, no tiene los votos suficientes para declarar sujetas a privatización a las 36 empresas públicas y sociedades del Estado que el Gobierno incluidas en el anexo del proyecto.

En efecto, tanto el radicalismo como el bloque Hacemos Coalición Federal insisten en modificar este artículo: no están de acuerdo con aprobar in totum el listado de empresas públicas que propone el oficialismo y, por el contrario, insisten en la necesidad de establecer algún mecanismo de control y participación activa del Congreso en los procesos de privatización cuando éstos se pongan en marcha. La experiencia menemista de los ‘90, con la privatización a mansalva de empresas públicas y cientos de denuncias de corrupción, todavía está fresca en los opositores.

El riesgo que corre el oficialismo es que el bloque de Unión por la Patria finalmente le gane la pulseada en la votación en particular de estos artículos. En efecto, si el artículo resulta rechazado y la nueva redacción propuesta por la UCR y Hacemos Coalición Federal tampoco reúne la mayoría, imperará el rechazo que propician los kirchneristas.

“La decisión es del oficialismo. Le corresponde al Gobierno ofrecer una nueva redacción que alcance la mayoría de los votos. Mientras tanto el reloj corre: la sesión ya empezó”, advierten en la bancada que conduce Pichetto. La discusión se dirimirá mañana, durante el debate en particular de los artículos del proyecto.

El destino del impuesto PAIS es otro de los puntos que genera todavía fricción. Los gobernadores de la oposición dialoguista todavía rumian su malestar por la actitud del presidente Milei de haberlos ninguneado cuando plantearon que la recaudación del tributo se tribute, en un 30%, entre las provincias. No se trata de una cuestión menor: el impuesto PAIS se ubica tercero en el ránking de recaudación nacional.

Ante el malestar de los gobernadores, el oficialismo eliminó del dictamen el artículo que confirmaba su vigencia hasta diciembre de 2024 y establecía que la recaudación de ese gravamen se concentre en manos de la Nación. Adujo que esta cuestión se discutirá más adelante, junto al paquete fiscal. Sin embargo algunos gobernadores, entre ellos el cordobés Martín Llaryora, insiste en reinstalar la discusión en el recinto para que lo producido por ese impuesto sea coparticipado.

“Vamos a insistir en dar esa discusión”, confirmaron fuentes legislativas cercanas al mandatario cordobés, cuyos diputados abrevan en el bloque Hacemos Coalición Federal. La bancada que conduce Miguel Pichetto, con 23 diputados, anticiparon que acompañarán a los cordobeses. Según pudo saber este diario, hay conversaciones con el bloque de Unión por la Patria, con 100 diputados, para intentar llegar a una mayoría a la hora de la votación.

Los artículos que liberan al Poder Ejecutivo de las ataduras del Congreso para tomar deuda en moneda extranjera también prometen una fuerte discusión en el recinto. El dictamen propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, el cual establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respeto del monto total de emisiones en ese ejercicio.

Dicho artículo disponía, además, que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”. Todos los bloques, salvo Pro, cuestionarán que se echen por tierra estos límites. Si el oficialismo pierde estos artículos, o bien resultan recortados en cuanto a sus alcances, la oposición habrá ganado en la batalla por imponerle límites al flamante gobierno libertario.

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