Alerta la Unesco sobre el aumento de “cachetazos” contra periodistas
Un informe de la entidad advierte por el crecimiento de las denuncias y acciones judiciales que buscan silenciar el trabajo de los medios
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LA NACIONHugo Alconada Mon
La persecución a periodistas a través de demandas civiles y denuncias penales aumentó durante el último año a nivel mundial, lo que afectó la libertad de expresión y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en un informe que difundió hoy.
El informe expone que la ofensiva contra los periodistas en los tribunales es parte de una tendencia global que comenzó a notarse con especial fuerza desde 2016 y que se la conoce como “demandas estratégicas contra la participación pública”, cuyas siglas en inglés –SLAPPs– pueden traducirse al español como “sopapos” o “cachetazos”.
La Unesco alertó que esas “demandas estratégicas” o “sopapos” contra periodistas se registra en momentos en que el 80% de los países todavía criminaliza la difamación y se observa que al menos 44 países reintrodujeron alguna variante de esa figura penal durante los últimos cinco años, llegando en la actualidad a regir en 160 naciones.
El relevamiento consta en el nuevo Reporte de Tendencias Mundiales sobre Libertad de Expresión y Desarrollo de Medios. Consigna que las nuevas figuras legales se impulsaron como respuesta a la irrupción y propalación de “fake news”, delitos de ciberseguridad y la prédica del odio en redes sociales, pero que pronto comenzaron a aplicarse contra periodistas.
Esas prácticas legales abusivas que reportó la Unesco son habituales en la Argentina, según surge del Monitoreo de Libertad de Expresión que desde 2008 desarrolla el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), con algunas variantes más directas y otras más sutiles, y que alcanzaron los 1452 casos durante los primeros doce años de labor.
En su monitoreo de este año, Fopea abordó también las “demandas estratégicas” o “sopapos” contra periodistas “por el solo hecho de cumplir con su trabajo profesional” y reclamó a los jueces que cumplan “con lo que nuestro sistema constitucional manda de forma clara, precisa y contundente desde los orígenes mismos de nuestro país”.
En la misma línea, la Unesco reclamó hoy que los países adecúen sus sistemas legales y judiciales. Deben hacerlo, remarcó el director general adjunto de la organización, Tawfik Jelassi, “de acuerdo a los estándares internacionales desde el punto de vista de la protección de la libertad de expresión y el trabajo vital de los periodistas”.
El informe expuso, en ese sentido, que el “objetivo real” de esas “demandas estratégicas” no es ganar el juicio civil o la condena penal del periodista, sino “abrumar al acusado con procedimientos legales, costos excesivos para defenderse y la consiguiente carga psicológica” durante años, lo que lleva a muchos cronistas y a sus colegas a evaluar si escriben sobre la persona o la empresa o el gobierno que podría llevarlos a los tribunales.
Sólo en América Latina, detalló el reporte, continúan vigentes diversas figuras penales que pueden utilizarse para perseguir periodistas en 29 de 33 países de la región, al igual que en 20 de 25 países de América del Norte y Europa Occidental, cifras que se repiten o son aún peores en Europa del Este, África y Asia.
“Efecto silenciador”
Ese tipo de ofensivas en los tribunales conllevan un “efecto intimidatorio y silenciador” entre los periodistas, alertó la Unesco, que deben destinar tiempo y recursos a defenderse, mientras afrontan impactos en su imagen y en sus carreras, que pueden derivar en desgaste psicológico y la autocensura, como ha ocurrido en la Argentina, repetidas veces.
En América Latina, sin embargo, el informe rescata la labor “clave” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para avanzar en la despenalización paulatina de la figura penal del “desacato”, tanto en la Argentina -con el fallo “Kimel” de 2008-, como en otros países, aunque la Corte debió volver a alertar a toda la región este año sobre el “efecto intimidatorio” que este tipo de “demandas estratégicas” genera entre los periodistas.
El informe, redactado por la argentina Rosario Soraide, quien antes de desempeñarse en la Unesco trabajó en los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID), y en la Organización de Estados Americanos (OEA), incluyó recomendaciones a los Estados y los periodistas ante esas “demandas estratégicas”. Entre ellas, la posibilidad de utilizar alguno de esos expedientes en provecho propio y forzar una definición judicial que sea acorde a los estándares internacionales. Es decir, causar un “impacto crítico” y generalizado. Como el que tuvo el “caso Kimel” hace casi quince años.
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