Alerta en la oposición ante el planteo kirchnerista de imponer por decreto las reformas judiciales frenadas en el Congreso

Primero fue el ministro de Justicia, Martín Soria. Luego fue el turno del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Ambas espadas oficialistas alentaron al presidente Alberto Fernández a llevar adelante las reformas judiciales frenadas en el Congreso –entre ellas la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte Suprema- por la vía del decreto de necesidad y urgencia (DNU). La oposición encendió las luces de alarma y no descartó que la Casa Rosada finalmente apele a esta herramienta constitucional en su obsesión por doblegar al Poder Judicial.

Desde el radicalismo, los diputados Mario Negri y Ricardo Buryaile advirtieron que Capitanich, con sus declaraciones, “ha perdido todo tipo de pudor”. “Lamentablemente el gobernador Capitanich vuelve a ratificar que le da exactamente lo mismo gobernar a través de las instituciones o al margen de ellas”, afirmó Negri.

“La desesperación con la que actúan para tratar de mantener un poder que han demolido por la gestión de un mal gobierno, la falta de previsibilidad y el intento permanente de resolver sus problemas de impunidad, han hecho que elijan ese camino”, sostuvo.

En declaraciones radiales, el gobernador Capitanich planteó que, ante el bloqueo opositor a debatir en el Congreso las reformas judiciales pendientes, el Poder Ejecutivo “tiene las facultades” como para imponerlas por decreto. La semana pasada, el ministro Soria sostuvo lo mismo. “Claro que hay posibilidades. El artículo 99 (de la Constitución), que habla precisamente de los DNU, en ningún momento impide que se pueda llevar adelante un decreto (para modificar la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura)”, sostuvo.

Buryaile advirtió que el oficialismo agita esta amenaza en su “desesperación” por “darle impunidad a la vicepresidenta” Cristina Kirchner.

“Si el Presidente Alberto Fernández llevara adelante la sugerencia del gobernador Capitanich estaríamos en presencia de un gobierno subversivo, porque subvierte el orden y ese orden es constitucional. Es impensable que se pueda ampliar la Corte Suprema o reformar el Consejo de la Magistratura por DNU. Las instituciones funcionan por sus leyes, sus reglamentos y por los acuerdos parlamentarios. Si el Gobierno quiere llevarse puesta a la Justicia y al Parlamento el camino es el que está señalando el gobernador Capitanich. Su postura es coherente con esa visión de que Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Miguel Díaz-Canel son demócratas”, finalizó Buryaile.

Por su parte el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez calificó de “gravísimo” el planteo de Soria y de Capitanich. “Si bien la Casa Rosada relativizó esta posibilidad, lo cierto es que no la descartó taxativamente”, advirtió.

El diputado lavagnista insistió en que la Constitución, en su artículo 214, establece que el Consejo de la Magistratura debe ser regulado por una ley especial del Congreso aprobada con la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.

“Si se avanzara mediante una decisión presidencial, estaríamos claramente frente un intento de golpe institucional”, alertó.

La oposición está en alerta y desconfía de la Casa Rosada. “Si son capaces de desoír un fallo de la Corte Suprema, bien podrían impulsar reformas judiciales por decreto”, advierte.

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