Alejandra Gils Carbó recusó al juez Julián Ercolini para evitar ir a juicio oral por la compra de un edificio
La exprocuradora está a un paso de ser elevada a juicio; en su escrito citó al Presidente, que relató que el juez le había dicho que estaba “obligado” a procesarla
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LA NACION
La exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recusó hoy al juez federal Julián Ercolini y citó como argumento de la supuesta “parcialidad” del magistrado una entrevista en la que Alberto Fernández relató que había ido a ver al juez para pedirle por ella y, según Alberto Fernández, Ercolini “agarrándose la cabeza” le respondió que estaba “obligado” a procesarla.
Ese supuesto diálogo -que fue negado por fuentes del juzgado de Ercolini- ocurrió, de acuerdo con el relato de Fernández, meses antes de que él llegara a la Casa Rosada. El Presidente lo dio a conocer ahora, cuando la causa contra la exprocuradora atraviesa el peor momento para ella.
El procesamiento que Ercolini dictó contra Gils Carbó fue confirmado por la Cámara Federal en septiembre de 2018 y Ercolini debe resolver si la eleva a juicio por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”. El objetivo de la presentación de la exprocuradora es evitar llegar a esa instancia. Por eso, en su escrito solicita que el juez “se abstenga de resolver sobre la oposición a la elevación a juicio” (oposición que ella misma había planteado) hasta que se resuelva “por sentencia firme” lo que pidió hoy.
La causa por la que Gils Carbó está procesada investiga la compra de un edificio, en 2013, por 43,8 millones de pesos (unos 8 millones de dólares de entonces). La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 -donde funciona una de las cuatro sedes de la Procuración- estaba digitada antes de ser pública para beneficiar a los que iban a cobrar la comisión.
La versión de Alberto Fernández
El domingo 28 de marzo, en una entrevista con Horacio Verbitsky por Radio Del Plata, Fernández relató que durante el macrismo había intentado interceder en la Justicia por Gils Carbó cuando ella era procuradora y avanzaba la investigación en su contra por la compra del edificio de la Procuración de la calle Perón.
Dijo que aprovechando que Ercolini había sido adjunto suyo, fue a verlo por este tema. “Lo fui a ver y le dije esta causa es un disparate -dijo el Presidente-. Y como toda respuesta, vi como se agarraba la cabeza y me decía: ‘Pero es lo que debo hacer, tengo que procesarla.”
Ercolini negó a sus allegados que ese diálogo haya existido. El juez integró la misma cátedra en la facultad de derecho de la UBA que el Presidente y si bien tuvieron una relación cercana, hace años que el vínculo está roto. Cada vez que pudo, Fernández asoció al magistrado a las peores prácticas de la justicia federal.
Ercolini fue el juez que envió a juicio oral a Cristina Kirchner por el manejo de la obra pública. Además, investigó el caso Hotesur, causa en la que la expresidenta está procesada junto con sus hijos, y consideró probado, por primera vez, que al fiscal Alberto Nisman lo habían matado. Fue también quien ordenó detener a Cristóbal López y Fabián De Souza y los procesó como partícipes del delito de administración fraudulenta en el caso Oil Combustibles.
Los argumentos de Gils Carbó
Además de las declaraciones del Presidente, Gils Carbó citó otros elementos de prueba en su escrito; entre ellos, una nota del sitio El Cohete a la Luna que da cuenta de una supuesta amenaza que Fabián Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, le habría hecho llegar a la entonces procuradora a través del fiscal Gabriel De Vedia.
También alegó como prueba “la existencia de una mesa judicial” que habría funcionado durante la gestión de Macri. Gils Carbó sostiene en su escrito que “según diversos medios de prensa” esa mesa “se habría conformado con el objetivo de generar causas penales por delitos inexistentes”.
Gils Carbó renunció a su cargo de procuradora general de la Nación en octubre de 2017. Desde entonces, ni Macri ni Fernández lograron el acuerdo necesario para nombrar un nuevo procurador. Ejerce el cargo, como interino, Eduardo Casal, a quien el kirchernismo busca desplazar.
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