Alegan las defensas en el caso Vialidad: “La acusación de los fiscales fue infundada y contradictoria”
Fue el turno del abogado de Mauricio Collareda, acusado a seis años de prisión por administración fraudulenta; para Luciani y Mola, fue un eslabón clave para beneficiar a Lázaro Báez
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LA NACION
Se reanudó hoy el juicio del caso Vialidad, que tiene entre sus acusados a Cristina Kirchner, con un nuevo alegato de las defensas. Fue hoy el turno del abogado Luis Alonso Martínez, que expuso durante casi tres horas en su rol de defensor de Mauricio Collareda, extitular de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz entre 2008 y 2015. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron para Collareda una pena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta al considerarlo un eslabón clave en la presunta cadena de irregularidades en la obra pública que favoreció al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
“Mi defendido no tuvo intervención relevante en los hechos. La acusación es infundada y contradictoria. No tuvo relación con Lázaro Báez y no trabajó en ninguna de sus empresas. Hay un ensañamiento”, señaló Martínez sobre Collareda al comienzo de su argumentación. Y agregó: “El distrito 23 [Santa Cruz] no contaba con los recursos ni inspectores suficientes para hacer los controles”. En todo momento buscó demostrar que Collareda no administró dinero de la obra pública y que no tallaba en los procesos licitatorios.
“El distrito 23 tenía facultades de control muy limitados, pero no participaba de la adjudicación de las licitaciones. Esta situación era igual a la del resto de los distritos del país de acuerdo al informe de 2013. Collareda cumplió con los deberes propios de su caso en las condiciones en las que esos deberes estaban reglamentados. Y su conducta fue la correcta. De acuerdo a la auditoría de 2016, bajo la administración de Iguacel, se detalla que no se evidencian tareas sin ejecutarse. Collareda no tomó decisiones por las que supuestamente se direccionó la obra pública”, argumentó Martínez. Y agregó: “La situación de Collareda debería ser la de otros testigos. Se limitó a cumplir con sus funciones sin intención de beneficiar a ninguna empresa”.
Según la acusación realizada por el fiscal Luciani, desde Vialidad, Collareda intervino en la contratación y ejecución de numerosas obras que tenían las empresas de Lázaro Báez y de otras en las que Vialidad resultaba comitente. “Se modificaron ítems, se echó mano a invocar la peor crisis de la historia. En todos los casos legalmente inadmisibles o insuficientemente acreditados, el plazo de 36 meses se elevó a 102, el costo de la obra se elevó a más de 319 millones de pesos, tuvo un incremento del contrato de más del 100% y pese a todo esto la obra fue abandonada. Acá intervinieron estos funcionarios”, dijo Luciani respecto de Collareda. Se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
Martínez cuestionó a los fiscales y calificó de “disparate” la acusación contra su defendido. Sobre el cierre de su exposición, reforzó sus argumentos para dejar en claro que Collareda no administraba dinero ni tallaba en las licitaciones. “No tenía la custodia ni la administración de los fondos que supuestamente fueron mal gastados. Su intervención fue accesoria. La maniobra no le generó una ganancia económica ni un ascenso laboral ni en el Estado. No tuvo ningún beneficio personal”, señaló el abogado, que pidió, además, en caso de que su defendido sea declarado culpable, que el requerimiento de prisión fuera “condicional” y que no se tenga en cuenta “el pedido de decomiso”.
Desplazado de Vialidad Santa Cruz en 2016, Collareda siguió vinculado al rubro de la obra pública en la provincia como asesor técnico de una empresa que se abrió paso en el negocio ante el derrumbe de Austral Construcciones.
Martínez se refirió a los supuestos vínculos de Collareda con Lázaro Báez. “La fiscalía se hizo eco de las manifestaciones de Iguacel, que dijo que era ´cercano´ a Báez. Collareda negó que eso sea verdad, pero los fiscales intentan unir el vínculo diciendo que trabajó en Palma SA, entre 2000 y 2003, y que esa empresa sería de un familiar de Báez”, explicó, y mostró un curriculum de su defendido. Y agregó: “No se comprobó que Lázaro Báez haya influido en su nobramiento. No hay amistad ni vínculo comercial. Collareda no tenía injerencia en ninguno de los procesos licitatorios”.
Luego del alegato de Martínez, seguirá el viernes próximo, a las 8.30, la defensa de Raúl Daruich, para quien la fiscalía solicitó cinco años de prisión. Cada letrado dispone de tres audiencias para alegar, pero se estima que podrían tomarse solo un día cada uno y terminar esta semana. Luego alegarán Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, defensores del exministro de Planificación Julio De Vido, que está acusado de haber sido uno de los organizadores de la asociación ilícita, con un pedido de pena de 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La defensa de Cristina Kirchner está sexta para presentar su alegato.
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