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Alderete fue procesado por sexta vez
El juez Bagnasco lo culpó de liderar una asociación ilícita que funcionó en el PAMI y defraudó al Estado
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El juez federal Adolfo Bagnasco tomó ayer otra medida de alto impacto: amplió el procesamiento y la prisión preventiva del ex titular del PAMI Víctor Alderete, tras considerarlo jefe de una asociación ilícita, y embargó sus bienes por 7.500.000 pesos.
El ex funcionario de confianza de Carlos Menem carga con un récord: acumula seis procesamientos por actos de corrupción presuntamente probados por cuatro magistrados federales.
La Oficina Anticorrupción (OA), denunciante y querellante en la causa, reclamaba desde el año último esta decisión, que Bagnasco tomó cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza un pedido de excarcelación presentado por el defensor del ex funcionario, León Arslanian.
El máximo tribunal ordenó al juez, el viernes último, que le remita el expediente, dijeron fuentes judiciales. Pero Bagnasco dictó una nueva resolución antes de hacerlo.
Intereses personales
Arslanian criticó ayer el fallo y lo atribuyó "a intereses personales" del juez, "que está en campaña y juega una interna dentro del justicialismo".
"Con esto, busca rédito político. Quiere obtener más puntaje para ser diputado. Más allá de la situación personal de Alderete, es un acto de alzamiento contra la Corte y de afectación a las garantías de debido proceso en desmedro de un justiciable", protestó Arslanian.
El abogado adelantó que apelará la decisión porque "es nula, por haber sido dictada cuando el magistrado ya había perdido la jurisdicción".
Bagnasco anunció hace un mes, en una entrevista con La Nación , que entre marzo y mayo abandonaría su cargo, para dedicarse a la política.
La semana última, el juez mantuvo un encuentro con el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, en el que hablaron de su posible candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires, confiaron fuentes del justicialismo.
En los últimos días, el magistrado también ordenó la detención del ex titular del Banco Nación, Aldo Dadone, por el contrato con IBM, y la indagatoria del senador Ricardo Branda (PJ-Formosa) por otro caso de cohecho.
Alderete está detenido desde el 16 de junio último por orden de Bagnasco, que entonces lo responsabilizó por un supuesto fraude al Estado que se habría cometido por medio de cinco contrataciones irregulares entre la obra social de los jubilados y firmas privadas.
Hace ocho meses, Bagnasco procesó a Alderete por haber obligado al PAMI al pago de prestaciones "con montos excesivos" en algunos casos e "incumplidos" en otros, acordadas con cinco sociedades anónimas: Adversiting Image, Instituto de Macropsicología, CerCoMan, Imara y Bureau Veritas.
En cambio, resolvió entonces que no había pruebas para considerarlo jefe de una organización criminal que buscaba defraudar al Estado, como reclamaba la OA, aunque sí para enviarlo a prisión.
La Sala I de la Cámara Federal confirmó la resolución, el 25 de octubre último, con el voto del camarista Martín Irurzun, que desempató ante las disidencias de Luisa Riva Aramayo y Raúl Vigliani.
Ahora, Bagnasco cambió de opinión y en una resolución de más de 200 fojas, explicó por qué cree que Alderete lideró una organización ilegal, que también integraban otros funcionarios del Aérea Directorio del PAMI.
El juez también procesó ayer, pero sin prisión preventiva, al hijo de Alderete, Alejandro Tomás, a Gonzalo Painceira, a Pablo Garcilazo, a Ramiro Porto, a Víctor Luaces, a José Fernández del Río, a Celso Daniel Bergia y a Aldo Ferrante por los delitos de defraudación a la administración pública reiterada en cinco oportunidades y por ser miembros de una asociación ilícita, informaron fuentes judiciales.
Para Bagnasco, Alderete y su entorno "instalaron un organigrama interno en el PAMI que permitió la eliminación de los mecanismos de control" y facilitó contratos irregulares, con los que "se obligó abusivamente" a la obra social de los jubilados.
En la misma resolución, el magistrado sobreseyó a los ex directivos Domingo Petrecca, Eduardo Polemann, Dora Terror, Ricardo Tomaghelli, Martín Apiccela, Julio de los Ríos, María Maina de González, Carlos Santander, Juan Poncio Rasero, Elpidio González y Reynaldo Hermoso, imputados por los mismos delitos.
Alderete está detenido en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional y ayer dejó su celda por un rato. Fue al mediodía, cuando fue traslado a los tribunales de Comodoro Py 2002 para notificarse de la nueva mala noticia.
Según consta en el fallo de Bagnasco, estaría acreditado que Alderete modificó la estructura del PAMI para "crear el ámbito propicio que permitiera la toma de decisiones discrecionales, evitándose la injerencia de otras dependencias, como también la materialización de los controles propios que la institución pidiera llegar a realizar".
A criterio del magistrado, "fue Víctor Alderete quien diagramó la estructura, siendo el organizador de la asociación ilícita".
Alderete, durante su gestión como interventor y, luego de la normalización, como titular de la obra social de los jubilados, "privó de toda capacidad de acción o control a las demás oficinas que pudieran tener cualquier tipo de participación en las contrataciones que éste realizara de manera directa y discrecional, habilitándose así un amplio campo de acción".
El juez sostuvo que por medio de los cinco contratos cuestionados se generaron "obligaciones abusivas para el Estado", que debió pagar una serie de servicios "totalmente alejados de las necesidades prioritarias de los afiliados de la tercera edad".
La única esperanza que ahora tiene el ex funcionario menemista está en la Corte. Toda su estrategia judicial apunta a convencer de su inocencia a los ministros del tribunal.
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