Las razones por las que no avanza en la Justicia el Lava Jato argentino
Dos años, dos meses y veinte días después de que las evidencias sobre cómo Odebrecht pagó sobornos a funcionarios argentinos quedaron en Brasil a disposición de la Justicia argentina, todo ese material sigue en Brasil. Duerme en Brasil.
Ese fue uno de los reclamos centrales de la Cámara Federal porteña al resolver la anulación de los procesamientos a Julio De Vido, su lugarteniente Roberto Baratta y a los exsecretarios de Transporte kirchneristas Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi en la investigación local centrada en el proyecto de obra pública destinado a soterrar el tren Sarmiento.
Tanto o más relevante en el escenario post-PASO, la Cámara Federal también avanzó contra la falta de mérito de Ángelo Calcaterra, el primero del Presidente, y su mano derecha en la constructora Iecsa, Javier Sánchez Caballero. También ellos quedaron, otra vez, bajo la lupa judicial junto al presunto intermediario en las coimas, el lobista Jorge "Corcho" Rodríguez.
¿Por qué? Porque la Cámara planteó que para avanzar en serio con el capítulo argentino del Lava Jato faltan las confesiones de los "delatores premiados" de Odebrecht y todo el material probatorio que ellos mismos aportaron en Brasil. Por eso, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, al anular la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, remarcaron que "hay cosas que necesariamente la sentencia tenía que analizar y no analizó".
Obtener esas evidencias que duermen en Brasil es ya casi una obsesión para Franco Picardi, el fiscal federal que más lejos llegó en sus intentos de acceder a las confesiones de exejecutivos de Odebrecht y otras pruebas incriminatorias, mientras lidia con Martínez de Giorgi, quien adoptó varias medidas procesales controvertidas, cuanto menos.
¿Un ejemplo? Cuando Martínez de Gorgi optó por procesar a De Vido y a otros exfuncionarios por negociaciones incompatibles con la función pública, pero no avanzó sobre los beneficiarios directos de ese supuesto proceder delictivo. Es decir, empresarios y ejecutivos como Calcaterra, a los que benefició con una falta de mérito.
¿Otro ejemplo? Cuando Martínez de Giorgi evitó durante semanas enteras resolver si aceptaba como arrepentido a Manuel Vázquez, el testaferro confeso de Ricardo Jaime, pero sobreseyó a toda la familia de Vázquez. ¿Qué provocó? Que en la primera oportunidad que tuvo Vázquez se presentara en tribunales y se arrepintiera de haberse arrepentido. Total, el juez ya le había quitado cualquier aliciente para confirmar lo que le había confesado al fiscal Picardi: que él intermedió entre Jaime y Calcaterra en el pago de sobornos por US$20 millones.
La Cámara Federal avanzó más aún sobre la actuación de Martínez de Giorgi. Por un lado, le recordaron que su investigación debe determinar si Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa pagaron sobornos. Pero el juez no procesó ni sobreseyó por ese delito a ninguno de los acusados. Por el otro, porque el magistrado tampoco determinó "si hubo o no perjuicio económico por los hechos".
Dicho en jerga judicial: "Si las erogaciones económicas que se hicieron durante la ejecución del contrato -mediando modificaciones de las condiciones originales, entre otras cosas- son relevantes para la imputación sobre los indagados [así lo sostuvo el juez], este era un factor que obligadamente debía ser evaluado con el objeto de determinar los alcances de la supuesta maniobra, con incidencia directa en la calificación normativa del hecho", subrayaron Irurzun y Bruglia.
Pero ¿qué pasaría si las evidencias, al fin, llegaran de Brasil? Los exfuncionarios kirchneristas, como también Calcaterra y ejecutivos como Sánchez Caballero, al igual que Corcho Rodríguez, afrontarían serios problemas penales. Aunque él lo niega, el exvicepresidente de Odebrecht para América Latina Luiz Antonio Mameri lo identificó por nombre y rol en el entramado de sobornos, lo que se suma a la información que llega de Uruguay y el Principado de Andorra.
Este fallo de la Sala II sale después de la derrota de Cambiemos en las PASO. Y al menos salió, a diferencia de la resolución que, sobre otro capítulo argentino del Lava Jato, yace en un cajón olvidado de la Sala I desde mucho antes de la feria judicial de invierno. Acaso hayan pesado, demasiado en este caso, las llamadas provenientes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Esos teléfonos calientes, sin embargo, puede que resulten insuficientes para detener el viraje que comienza a observarse en los tribunales federales de Comodoro Py, un ámbito que demostró un olfato singular para oler las transiciones de poder desde hace décadas. Lo sufrió Carlos Menem cuando se marchó de la Casa Rosada; lo padeció el kirchnerismo tras la derrota electoral de 2015, y Cambiemos parece recorrer los primeros pasos de ese derrotero.
Solo ayer la misma Sala de la Cámara respaldó la actuación del juez federal Ariel Lijo, quien debe investigar si el presidente Mauricio Macri o algunos de sus funcionarios delinquieron al buscar un acuerdo con el Correo Argentino, empresa de la familia Macri. Y, también ayer, el juez federal Claudio Bonadio -el magistrado que más incordió al kirchnerismo durante los cuatro últimos años- pidió información sobre cómo fue la licitación para el llamado Paseo del Bajo, la obra pública icónica de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires.
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