Alberto Rodríguez Saá aplicó un compulsivo pase a planta permanente de todos los empleados públicos contratados
Cuando falta poco más de un mes para que deje el poder en manos de Claudio Poggi, el gobernador puntano firmó un decreto que suma a más de 5000 personas al plantel fijo de la provincia; además, otorga aumentos de hasta 100% en los salarios
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LA NACION
En su retirada del poder en la provincia de San Luis, el gobernador Alberto Rodríguez Saá decretó el pase a planta permanente de todos los empleados públicos contratados que tengan más de seis meses de antigüedad. Se trata de más de 5000 nuevos trabajadores con los que se encontrará en el plantel fijo de la provincia el gobernador electo, Claudio Poggi (Juntos por el Cambio), que asumirá el 10 de diciembre.
Con fecha del 30 de octubre, en un decreto de 20 artículos, Rodríguez Saá incluyó, en el artículo 14, la efectivización de los contratados. “Incorporar a planta permanente, a partir del 1 de noviembre de 2023, a todo el personal contratado del Escalafón General de la Administración Pública Provincial que, a la fecha de la mencionada, cuente con una antigüedad igual o mayor a seis meses, continuos o discontinuos, en el mencionado escalafón”, reza el artículo.
Según informó el medio puntano El Chorrillero, los incorporados en el cierre del mandato de Rodríguez Saá sumarían unos 5600. En el articulado del decreto 10140-MHP-2023, además, se establecen aumentos salariales para los empleados públicos de 100%, junto a incrementos en los montos que perciben los distintos cargos del personal policial, docente, de salud por ítems particulares. También, definió subas en los planes sociales y asignaciones.
La decisión es la última de una seguidilla de polémicas que protagonizó el mandatario tras perder las elecciones con Poggi, quien denunció que el gobernador arma “un gobierno paralelo”. En julio, se crearon 53 nuevos cargos en la Legislatura, con sueldos de “800 mil pesos”, según calculó Poggi. En agosto, se aprobó la designación de dos funcionarios del gobernador como miembros del Tribunal de Cuentas, mientras que avanzó también el nombramiento como Defensor del Pueblo de un candidato oficialista a la intendencia de San Luis que fue derrotado. En septiembre, Poggi denunció que Rodríguez Saá había vaciado las arcas provinciales al retirar 88 millones de dólares de las reservas provinciales en el Banco Nación.
En el marco de las mismas decisiones controvertidas con el mandato a punto de finalizar, la oposición enfatiza sobre otro punto. Según pudo saber LA NACION, genera particular inquietud en las filas opositoras el pago de parte del gobierno provincial de un anticipo financiero a empresas como Rovella Carranza (firma investigada en la causa de los cuadernos de las coimas) para la realización de obras que excederían el período de gobierno de Rodríguez Saá. El monto que se menciona es de 21.000 millones de pesos.
A mediados de septiembre, la oposición frenó en la Cámara de Diputados provincial un proyecto oficialista para ampliar el presupuesto provincial, con lo que el gobernador puntano buscaba convertir en contratados a los beneficiarios del Plan de Inclusión (plan social de la provincia).
El gobernador saliente finaliza su cuarto mandato. Después de cinco gobiernos consecutivos entre 1983 y 2001 de su hermano Adolfo Rodríguez Saá, con quien está enfrentado, Alberto anudó dos períodos (entre 2003 y 2011). Poggi lo sucedió durante un mandato (2011-2015), y en 2015 regresó para gobernar por otros dos períodos, hasta la actualidad. En las elecciones provinciales de junio, que se desarrollaron con el régimen de ley de lemas, Poggi venció al candidato oficialista, Jorge “Gato” Fernández. En San Luis, desde 2007 se estableció que los gobernadores solo pueden ser reelegidos en una oportunidad, por lo que Alberto Rodríguez Saá estaba impedido de postularse nuevamente.
LA NACION
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