Alberto Fernández reivindicó el plan Conectar Igualdad, pero Sergio Massa le recortó $50.000 millones

En medio de la polvareda y la crispación que levantó la acusación judicial contra la vicepresidenta por corrupción en la obra pública, Sergio Massa avanzó en silencio con una poda a ritmo de machete que alcanzó a áreas de salud y transporte hasta programas educativos icónicos para el kirchnerismo, como es el Conectar Igualdad, que fue creado en 2010 con el objetivo de entregar computadoras a estudiantes y docentes de secundaria de escuelas públicas. El recorte en Educación fue de $70.000 millones, de los cuales un 70% estaban destinados a la renovación de equipamiento de las netbooks que entrega el Estado a los alumnos. El 30% porcentaje restante estaba destinado a infraestructura y construcción de jardines de infantes. El total equivaldría al 22% del presupuesto ejecutable para 2022, según fuentes que conocen el sector.

No hubo paros ni se levantó ninguna carpa blanca. Los gremios docentes, en su mayoría identificados con el kirchnerismo, quedaron ahora en una encrucijada. Sonia Alesso y Roberto Baradel, referentes de la Ctera y que casualmente hoy buscan una nueva reelección, dejaron la semana pasada el despacho de Massa con el compromiso de que el Estado garantizaría la entrega de un millón de computadoras previstas para 2022 y que se mantendrían las contrataciones para construir jardines de infantes. Del lado de los sindicalistas, hubo una foto y un comunicado moderado que se difundió por redes sociales en el que se enumeraron los ocho planteos al ministro. No había ánimo para hablar y decir que habían bloqueado el recorte. Del lado de Economía, hubo solo silencio. La racionalización de los recursos por ahora se mantiene a pesar de que Massa y Jaime Perczyc exploren un atajo retórico para decir lo contrario. “No es un ajuste, es una readecuación de partidas”, argumentaron fuentes oficiales. Apenas un eufemismo militante.

Desde la Casa Rosada rechazaron que se trate de un ajuste. “Lo que se hizo, como todos los años a esta altura, es ver qué partidas se iban a usar y cuáles no, para un ordenamiento fiscal y maximización del uso de los recursos. Todas las computadoras que estaban previstas comprar este año se compraron. La partida presupuestaria que no se iba a usar porque era para computadoras que se comprarán el año que viene será utilizada para mejorar otra área”, argumentó Gabriela Cerruti, portavoz presidencial.

En un intento de escenificar que el ajuste no está en marcha, el presidente Alberto Fernández encabezó hoy un acto en San Martín, donde entregó 1000 netbooks para estudiantes de la zona. Lo acompañó Perczyk, quien la semana pasada y el lunes último les confirmó a tres sindicalistas del sector que el recorte presupuestario se mantenía y que los fondos del Conectar Igualdad de este año serán restituidos por la Nación en 2023. “El año que viene se reintegran los $50.000 millones a Educación”, les habría calmado los ánimos el ministro a Alesso y Baradel, primero, y a Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), después.

“Las computadoras no son un regalo, son un derecho que viene con una responsabilidad: estudiar”, dijo hoy Perczyk durante la entrega de los equipos a 17 escuelas de San Martín. Después, Fernández aprovechó para cuestionar a la gestión Mauricio Macri, que discontinuó la entrega de las PC. “De 2021 a hoy entregamos 640.000 [oficialmente, fueron 453.805] computadoras y vamos a entregar 700.000 más. Y vamos a licitar un millón más”, señaló el Presidente desde un escenario 360, rodeado de estudiantes. A pesar del anuncio, y de reivindicar el plan Conectar Igualdad, el ajuste en el área se mantiene. No hubo cambios, y así lo confirmaron a LA NACION fuentes oficiales y sindicales.

“No se puede reducir Conectar Igualdad cuando se requiere más tecnología”, se quejó Romero, jefe de UDA y secretario de políticas educativas de la CGT. El tijeretazo de Massa rompió la unidad de los gremios docentes, que se habían mantenido en bloque en sus reclamos distritales, sobre todo en Santa Fe, por mejoras salariales. La UDA, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) evalúan desmarcarse de la Ctera y avanzarían en una medida de fuerza por el ajuste. Sería la primera huelga en el sector cuyo reclamo central no es la pérdida salarial. Las tres entidades dispuestas a poner la guardia en alto están nucleadas a la CGT.

La Ctera, que es la federación con mayor representatividad en el país, con 250.000 afiliados, mantiene intacto su alineamiento con el Frente de Todos y está asociada a la vertiente de la CTA que encabeza el diputado kirchnerista Hugo Yasky, quien exhibió su disconformidad con el Gobierno hace tres semanas, cuando se abstuvo en la votación del Consejo del Salario que estableció el sueldo mínimo en $51.200. Sobre el recorte, aún no dijo nada.

La santafecina Alesso es hoy la número uno de la Ctera. Está escoltada por Baradel, el dirigente de los 62 paros a María Eugenia Vidal entre 2015-2019 en la provincia de Buenos Aires, y Angélica Graciano, la maestra que se plantó para no abrir las escuelas porteñas durante la pandemia y acusó junto con Eduardo López a Rodríguez Larreta de “negacionismo sanitario”. Hoy todos ellos revalidarán su poder en la Ctera ante Angélica Lagunas-Romina Del Plá, dirigentes de izquierda que juegan de opositoras en el gremio de maestros, y Carlos Magno-Marta Gómez, una lista vinculada al oficialismo.

El ajuste en Educación, sin embargo, comenzó mucho antes del espaldarazo kirchnerista a Massa para avanzar con los recortes [”vino para ordenar el desastre de Guzmán”, lo endulzó Máximo, la semana pasada]. La ley de financiamiento educativo, sancionada en 2005, fija que el gasto en el rubro debe alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) y que cuyo aporte se divide entre las provincias [un 4,5%] y la Nación [1,5%]. Según datos del Observatorio Argentinos por la Educación, relevados por chequeado.com, el único año en el que se cumplió ese objetivo fue en 2015, cuando el gasto educativo consolidado por nivel de gobierno (Nación y provincias) en porcentaje del PBI fue del 6,1%. Desde entonces el número cayó: fue de 5,8% en 2016 a 5,1% en 2018, el más bajo de los últimos 9 años, según el informe.

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