Alberto Fernández propone derogar las jubilaciones de privilegio
El Presidente extendió las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero y la medida busca revisar los beneficios de jueces y diplomáticos; fue una reacción ante críticas opositoras por la movilidad jubilatoria
LA NACIONGabriel Sued
Bajo presión y en pleno tratamiento de la ley de emergencia económica, Alberto Fernández anunció ayer su próxima batalla legislativa: antes de fin de año enviará al Congreso dos proyectos de ley para derogar las jubilaciones de privilegio que benefician a jueces y diplomáticos.
El Poder Ejecutivo resolvió extender las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero. La intención es que estos dos nuevos proyectos se debatan en enero, indicó anoche el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una visita a la sala de periodistas de la Casa Rosada.
El Presidente tomó la decisión a la tarde, cuando una lluvia de críticas amenazaba con entorpecer la aprobación de la emergencia económica e, incluso, con acortar el plazo de gracia de la nueva gestión.
"Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y cuerpo diplomático)", anunció vía Twitter, a las 17.18.
La polémica se había iniciado a la mañana, después de que se supo que el oficialismo en el Congreso optó por excluir a esos regímenes especiales de la suspensión por 180 días de la fórmula de actualización previsional. Es decir, accedió a que los haberes de jueces y diplomáticas sigan actualizándose por el índice instrumentado en 2017, ligado principalmente a la evolución de la inflación. El proyecto dispuso la creación de una comisión para analizar de manera separa el índice de actualización de esos regímenes.
"Para poder salir de la emergencia económica y social en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos. Debemos esforzarnos para ayudar a poner de pie a esta Argentina que tanto amamos", remató una serie de tuits, en la que celebró la media sanción del proyecto de solidaridad social y reactivación productiva.
Fernández se convenció de que había que retomar la iniciativa, ante las manifestaciones adversas que se acumularon durante la mañana. Pero sin demorar la aprobación del proyecto tal como había salido de Diputados. La primera reacción fue apurar para pasado mañana la convocatoria a la comisión, contemplada en el proyecto de ley, para proponer modificaciones a la fórmula de actualización de esos regímenes especiales.
La excepción no alcanza solo a jueces y diplomáticos, sino también a expresidentes, docentes, científicos y trabajadores de Luz y Fuerza, entre otros. Pero los proyectos que se enviarán antes de fin de año solo afectan a jueces y diplomáticos.
"La jubilación promedio de un embajador es de 300.000 pesos. Son las jubilaciones más altas de la Argentina", dijo anoche Cafiero, y aseguró que los proyectos estaban previstos con anterioridad. Aclaró además que la continuidad de la movilidad no beneficia a Cristina Kirchner porque, al asumir como vicepresidenta, dejó de percibir una retribución como expresidenta.
El jefe de Gabinete sostuvo que la modificación del artículo 51 del proyecto, que exceptuó a las jubilaciones especiales de la suspensión de la movilidad, fue acordada entre el Gobierno y la bancada oficialista en Diputados. "Los regímenes especiales generan derechos adquiridos, por lo que se podía producir una ola de demandas que paralizara toda la ley", argumentó.
Con el correr de los minutos, los cuestionamientos a las excepciones, que se multiplicaban en medios de comunicación y redes sociales, penetraron los muros de la Casa Rosada. "Hubo lobby de los jueces y de los embajadores y alguien se dejó llevar", dijo, con malestar, un dirigente que visitó la Casa de Gobierno.
Al margen de las declaraciones de Cafiero, son variadas las versiones sobre los motivos de la inclusión de nuevas excepciones. En la Casa Rosada dejaron trascender la existencia de presiones por parte de los jueces, bajo la amenaza del inicio de una batalla judicial que podría complicar los planes del nuevo gobierno. "Lo importante es que el Presidente mostró que maneja el joystick y que no va a transar con nadie", exageraron allegados a Fernández.
La reforma de las jubilaciones especiales podría operar además como una jugada a dos bandas. Por un lado, el Presidente intentó reposicionarse ante las críticas. Por otro, la próxima batalla legislativa podría tener derivaciones profundas en el ámbito judicial.
La posibilidad de modificar el régimen previsional de jueces y fiscales podría generar una seguidilla de renuncias de magistrados, interesados en retirarse con el régimen actual y no perder privilegios. El primer tropiezo del nuevo oficialismo podría dar lugar, según esos cálculos, al inicio de una renovación judicial.
Por Gabriel Sued
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