Alberto Fernández, un presidente aluvional

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Anoche estuvieron reunidos Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y todo su equipo en Olivos. La versión que surge de ahí es que ya está arreglado el problema de la deuda, en lo que tiene que ver con acreedores con jurisdicción en Nueva York [en horas de la madrugada el Gobierno oficializó el acuerdo]. La última oferta que hizo el Gobierno había sido rechazada por los grandes fondos de inversión. El Gobierno obtuvo una aceptación del 35%. Esto implica que no alcanzó las mayorías necesarias para imponer el acuerdo, con el 35% que aceptó la oferta, al 65% restante. Con lo cual, se iba a abrir un panorama de litigiosidad que iba a mantener a la Argentina en el default en el que entró en el mes de mayo.

Ahora aparecen los signos de interrogación sobre la noticia del acuerdo con los grandes acreedores que tienen bonos argentinos. Los que litigarían, si el país siguiera en default, en el juzgado de Loretta Preska en Nueva York. Las dos preguntas son, primero, si hubo alguna otra concesión en términos de dinero por parte del Gobierno, que había ofrecido 53 dólares, si uno tomara el valor presente de ese bono, y los bonistas pedían 55. ¿En cuánto cerró el acuerdo? No sabemos, daría la impresión de que en el medio, entre 53 y 55. Esos dos puntos significaban entregar 3000 millones de dólares más a los acreedores. Entre la primera oferta y la última, que sería la que fue rechazada, el Gobierno agregó 15 mil millones de dólares a los acreedores. Por eso Guzmán en un comunicado dijo: "Hemos sido muy generosos, no podemos ser más generosos". Mañana [por hoy] sabremos si fue o no más generoso y si hubo una última oferta distinta de la que no le aceptaron. La información que surge, muy imprecisa a esta hora, es que habrían partido la diferencia más o menos por la mitad. Es decir, el Gobierno habría cedido 1500 millones de dólares más.

La segunda pregunta tiene que ver con otro tema importante que no está desconectado del valor del bono: las denominadas cláusulas de acción colectiva. Todo bono tiene un conjunto de cláusulas que establece qué capacidad tiene el bonista de recurrir a los tribunales si ese bono entra en default. Por ejemplo, hay algunas que dicen que si el 75% de los bonistas acuerdan una reestructuración de ese bono que entró en default, el 25% restante no tiene posibilidades de ir a litigar. Claro, el Gobierno tendría, en ese caso, que hacer un gran esfuerzo y conseguir el 75% de adhesión. Guzmán había puesto mucho énfasis en que le acepten cláusulas que eran muy restrictivas para ir a litigar. Había muy poca posibilidad de los tenedores de estos nuevos bonos, que él entrega a cambio de los que están en default, de recurrir a los tribunales.

Voy a hacer una comparación absolutamente brutal, pero es como si yo comprara un televisor. Qué garantía tiene el televisor de que si se rompe puedo reclamarlo. Bueno, si viene sin garantía, el precio es menor. Entonces, cuanto menos posibilidad de litigar tiene el tenedor del bono, el bono obviamente debe valer más. Le están dando algo que, si defaultea, no tiene posibilidad de reclamo. Por lo que exige más plata. Hay una relación entre la garantía de litigio que tiene un bono y el valor del mismo. Esto no sabemos todavía cómo se resolvió.

Hay bonistas que tienen bonos del año 2005, cuando la posibilidad de litigar era muy amplia. En el año 2016, con el gobierno de Mauricio Macri, se pusieron más restricciones. Es para que no aparezcan los denominados "buitres", que hacen un negocio del litigio. No sabemos cómo cerró este acuerdo. Si se mantuvieron o no esas cláusulas muy favorables a los bonistas del año 2005. Hay una versión que dice que sí, que se mantuvieron.

Para Guzmán esto es estratégico. Él ha escrito muchísimo y ha tenido como referencia toda una tribuna académica que está mirando este tema. Es decir, qué derecho se atribuye el Estado, el soberano, frente a los mercados en caso de un litigio.

¿Cuánto más se entrega en lo económico y en lo jurídico? Esta es la pregunta que habrá que despejar en las próximas horas. Si es que el Gobierno entrega algo más. Seguramente sí, porque si no hubiera habido más aceptación en la última oferta que presentó.

Hay muchas disputas dentro del Gobierno alrededor de este tema. Pero sobre todo una: Massa versus Guzmán. Porque Massa tuvo contactos informales con los acreedores, con los primeros que aceptaron, y con estos que no aceptaron también. En algún momento, según fuentes del mercado, Massa les había ofrecido un acuerdo casi en los términos en que ellos pedían: "Ustedes díganme el número que yo lo convenzo al Presidente". Bueno, Guzmán no fue tan dócil como Massa frente a esos bonistas, se enteró de que había una conversación donde a él lo puenteaban, y eso produjo algún enojo. Estas fricciones entre Massa y Guzmán se mantuvieron hasta última hora. Ahora habrá que ver quién se atribuye la victoria de haber logrado el cierre del default. Es decir, salir del default y a qué precio.

¿Qué incentivos tienen las partes para llegar a este acuerdo? El fondo compra bonos y coloca dinero para hacer un negocio financiero. Si ese bono termina defaulteado y hay que ir a tribunales es todo otro trabajo que lo hace otra gente. No está en el interés de los fondos de inversión convertirse en estudios jurídicos que litigan en los tribunales de Nueva York. Sobre todo cuando el valor de esos bonos, que estaba por el piso, evolucionó mucho. Ya hicieron una ganancia sobre lo que tenían anotado en su contabilidad como valor presente del bono. Imaginemos al muchacho que maneja la cartera de estos bonos en una oficina de Nueva York. El lunes en el comité de evaluación de los negocios de ese fondo, llega su jefe, el manager de ese portafolio, de pasar el week end en Los Hamptons. Y el muchacho le dice: "Nos fue mal con la Argentina. Estábamos ahí, a dos centavos, pero ahora tenemos que ir a tribunales, hay que explicarles a los clientes que el precio de esto que teníamos contabilizado se derrumbó. No sabemos cuándo vamos a ganar el juicio porque ahora dependemos de los abogados". Al jefe no le produce buen humor y probablemente a ese muchacho le bajen el valor de su propia bonificación a fin de año cuando se evalúa su performance como operador de bonos. Este que parece un incentivo muy pequeño es un gran incentivo para cerrar, sobre todo cuando la diferencia es de pocos dólares.

Por otro lado, están también los incentivos del Gobierno que son más poderosos, como salir del default que implica poder negociar con el FMI. Hubo muchas versiones este fin de semana sobre que Guzmán y Fernández estaban pensando en dejar la negociación con los bonistas congelada e iniciar una conversación con el Fondo. ¿Seguro? ¿Puede el Fondo atender a un país en default? Algo a tener en cuenta: la gente de BlackRock, que es el acreedor más importante de los que no querían cerrar el acuerdo con el país, ¿no tiene ningún poder frente al Fondo Monetario, frente al gobierno de los Estados Unidos como para impedir que se normalice la situación con la Argentina antes de cerrar un acuerdo con ellos? Destaco un detalle que no es marginal. Cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos salió a comprar bonos de empresas americanas para quitarles el riesgo y que no se derrumbe el mercado de bonos de las corporaciones eligió un asesor que le dijera cuál era el valor exacto para comprar esos bonos. Ese asesor fue BlackRock. Es decir, que el poder de ese fondo hoy en el Gobierno de Estados Unidos es altísimo, como para que la Argentina inicie una pulseada. Esto es algo que Guzmán también habrá tenido en cuenta. Lo que cerraba la vía de un acuerdo con el Fondo.

La Argentina también está en default con el Club de París y por lo tanto eso se proyecta sobre los organismos multilaterales de crédito, sobre el Banco Mundial, sobre el BID, entre otros. Y además no se puede analizar el problema del default y el problema de la deuda circunscribiéndolo al Tesoro Nacional, porque si éste no sale del default, las provincias tienen enormes dificultades para renegociar sus deudas. Hoy están todas quebradas. También las empresas privadas que emitieron bonos, aunque estén bien en su situación individual, si pertenecen a un país con problemas financieros pagan un precio por eso. Quiere decir que toda la economía estaría resentida si Alberto Fernández no saca al país del default en el que entró.

Detrás de este problema está el gran problema, que es no en cuánto cae la Argentina en el pozo de la recesión sino con qué velocidad se recupera. Esa es la carrera con países equiparables. Y la velocidad de recuperación tiene muchísimo que ver con la posibilidad de ir normalizando el frente crediticio, es decir la capacidad del Estado, pero sobre todo de las empresas privadas de acceder al financiamiento. Esta posibilidad de recuperación de la economía, que es el gran mandato que tuvo Fernández antes de la pandemia, está ligada al desarrollo electoral del año que viene.

Es muy difícil que en default la economía se pueda recuperar, y es muy difícil que si la economía no se recupera el Gobierno pueda pretender o aspirar a un triunfo electoral en las elecciones legislativas del año que viene. De lo que se está resolviendo en estas horas, en relación con fondos de inversión depende el reparto de poder que haya en el país el año que viene. Y, a su vez, de esto último dependen también los temas de la agenda institucional, que está tan caliente en estos días.

¿Qué tienen que ver las elecciones con la reforma judicial y los cambios en la Corte? El Gobierno parece haber puesto un freno en la discusión de la ampliación de la Corte. Pero, ¿por qué? ¿Se arrepintió, como pasó con lo de Vicentin? No. El Gobierno, con una lógica de la que careció hasta hace una semana, razonó sobre por qué va a instalar el debate de la ampliación de la Corte cuando luego no va a tener suficientes votos en el Senado para designar los nuevos jueces. Para designar igual que para remover jueces de la Corte se necesitan dos tercios de la Cámara alta. Cristina Kirchner puso a consideración una ley menor y con esto hizo la prueba a ver si tenía los dos tercios en el Senado. Y dio que no. A la mayoría oficialista del Senado le faltan cuatro votos para poder designar o remover miembros de la Corte sin acuerdo con la oposición, que ya dijo que no va a participar de ese acuerdo.

La deuda, la recuperación económica, las elecciones del año que viene están ligados. Es decir, el año que viene va a haber una presión enorme sobre determinadas provincias que eligen senadores: Catamarca, Chubut, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Tucumán. Según cómo le vaya al oficialismo en estas provincias, el Gobierno y, centralmente, Cristina Kirchner conseguirán o no los dos tercios para, entonces sí, reabrir la discusión sobre la cantidad de miembros de la Corte. Es muy importante mirar la cuestión económica porque de allí se deriva una cuestión electoral que es determinante para el diseño de la Justicia en la Argentina.

Me quiero referir a la relación entre corrupción, política y Justicia. Hay, en estos días, una visión de que todo lo que está proponiendo el Gobierno en su agenda judicial está casi reducido a mirar si con esto se consigue más o menos impunidad para el kirchnerismo y, en un segundo plano, a mirar cómo le iría a Macri y a su gente en el trámite judicial de sus causas. Da la impresión de que todo estuviera reducido a eso. Y, sin embargo, no.

Detrás de la reforma que está proponiendo el Gobierno hay muchos temas de primera magnitud que no tienen exclusivamente que ver con la corrupción y la impunidad.

Hay cosas que no están en la reforma que llaman mucho la atención. Inclusive, por falta de astucia del Presidente. Si uno hiciera una encuesta en la Argentina y preguntara qué relación hay entre Justicia y sociedad, la palabra que saltaría es "inseguridad". La principal relación que tiene la sociedad con la Justicia tiene que ver con su preocupación por la inseguridad. Sobre este tema que tiene que ver con la seguridad de la vida cotidiana, en la reforma no hay ni una sola palabra. Y este tema legitimaría el impulso de reforma del Gobierno frente al común de la gente. No lo dejaría cifrado únicamente al interés de la clase política y de cómo esta consigue mejorar su situación o empeorar la de su adversario. Sin embargo, parece que el interés estaría ubicado en lo penal ligado a lo político y no en lo penal ligado al delito común.

Hay otro tema importantísimo que tiene que ver con la concepción general que hay detrás de este proyecto de reformar: la ideológica y no la ideológica-penal. Quien toca la Corte de un país está tocando cuestiones estratégicas. La Corte define en última instancia qué dice la Constitución, al igual que determina las relaciones entre el Estado y el mercado o el individuo. La Corte decide cuál es la moralidad promedio de un país en determinado momento y respecto de temas como los que atañen a la ética y a la moral individual. Todo esto está detrás de una reforma de la Corte. Y detrás de una reforma judicial general, más allá de que en nuestro caso en particular el bosque pueda estar por el árbol, muchas veces con razón, de las causas de corrupción o de impunidad vigentes.

Hay dos fueros muy interesantes de analizar en la Argentina: uno es el Civil y Comercial. Un fuero en el que los jueces casi no tienen terminales políticas. Su gente está vinculada a cuestiones privadas civiles y comerciales. Cuando uno mira los casos que se tramitan en esa Justicia, casi no hay que hacerse la pregunta que uno se hace perversamente cuando está mirando casos del fuero penal federal (Comodoro Py) o del fuero contencioso administrativo, que es ¿quién puso a este juez? Porque muchas veces el desenlace de una causa está más ligado a eso que a lo que dice el expediente. Eso en el fuero civil y comercial daría la impresión de que no ocurre. O no tanto. Se trata de un fuero en el cual se preservan las libertades de mercado y las libertades individuales frente al Estado.

La reforma de Alberto Fernández pretende fusionar este fuero con el fuero contencioso administrativo, que es uno extraordinariamente politizado porque es el que define sobre la decisiones administrativas del Estado y de las empresas reguladas por el Estado. Vamos a ponerle un término desagradable: ahí es donde litiga la patria contratista. Por eso es importante saber a quién políticamente hablando responde cada juez. Este fuero, que en muchos otros países en el mundo anglosajón casi no existe, en la Argentina está hipertrofiado. El Estado tiene allí ventajas enormes sobre los individuos y las empresas. Ahora ese fuero contencioso administrativo se va a fusionar con el civil y comercial. ¿Llegará el momento, entonces, en el que para resolver una cuestión civil y comercial habrá que preguntarse quién puso a determinado juez? Tal vez vayamos en esa dirección. Para decirlo de otra manera: la condición estadocéntrica termina invadiendo un fuero más, que no es el federal penal y tampoco el Contencioso Administrativo, los cuales ya están tomados por esta concepción.

Ya estamos discutiendo cosas muy de fondo y de largo plazo, en lo que aparentemente es nada más que un debate acerca de la impunidad o no -para simplificar mucho- de Cristina Kirchner y su "Comisión Beraldi".

Sin embargo, surge otro tema interesante que se esconde detrás de esta reforma y que no está del todo visto. El Gobierno, a través de su representante en el Consejo de la Magistratura, ha introducido un debate del que participan todos los miembros del Consejo, respecto de qué calidad institucional ha tenido el traslado de jueces. Magistrados que cumplen una función en un tribunal y que fueron puestos en otro para cumplir otra función que debería ser más o menos parecida.

En el centro de este debate están las razones por las cuales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, salieron de un tribunal federal y fueron designados en la Cámara. Pero lo que importa es que el Gobierno se ha vuelto extraordinariamente escrupuloso con que si un juez cambia de función debe pasar por el Senado para recibir su acuerdo. Incluso, aunque las funciones sean tan parecidas como las de un juez de un tribunal federal penal con respecto a las de un magistrado de la Cámara federal penal, es decir, del mismo fuero y que tenga más o menos una misma jerarquía.

Se podría plantear, entonces, la pregunta del constitucionalista Martín Oyhanarte: si para trasladar a un juez en el ámbito del mismo fuero se pide acuerdo del Senado, para convertir a jueces civiles y comerciales en contencioso administrativos, ¿no se justificaría más ese acuerdo? Si convierto a jueces penales criminales en penales económicos, ¿no debería mandar el pliego de todos al Senado?

En otras palabras, todos los jueces sometidos a esta reforma, toda la Justicia, debería ser sometida a la consideración de un Senado cuya comisión de acuerdos maneja Cristina Kirchner. ¿Esto fue pensando así o salió de casualidad? Muchas veces, sobre todo en el kirchnerismo -algo que ya se vio con la Ley de Medios- en el afán por conseguir un objetivo individual se generan leyes generales cuyas consecuencias ni siquiera se manejan. Ahora, lo que estamos viendo es que, si se sigue la lógica del oficialismo en esta reforma judicial, todos los jueces nacionales, federales de distintos fueros, todos quedarían como en suspenso y todos tendrían que volver a convalidar su situación delante de Cristina Kirchner en el Senado.

¿Es esto lo que quiere Alberto Fernández? ¿Le salió de casualidad o lo pensó? Y, ¿por qué importa esto? Porque este es un Gobierno aluvional. Al que le van llegando los problemas y los va resolviendo con escaso método. De hecho el viernes conocimos un decreto que anula el decreto de intervención de Vicentin. "Nos equivocamos. Quisimos hacerlo y no nos salió", esa sería la explicación del Gobierno.

Entonces, en otras palabras, ¿acá quieren que todos los jueces pasen por el Senado o es una consecuencia no querida de esta reforma? Porque es un germen o una semilla muy autoritaria que habría detrás de esto que se nos propone como una modificación meramente técnica.

Esta cuestión importa muchísimo porque estamos en un país donde la política está muy enviciada con la corrupción. Cuando hay mucha corrupción, lo hemos visto también en Brasil, por ejemplo, necesariamente la actividad de la Justicia que juzga la corrupción tiene una dimensión política, más allá de que los magistrados lo quieran o no. Pero lo que no sabemos es si la politización es inevitable por los niveles de la corrupción o porque la política busca armar fueros a su medida y según sus intereses. Esta es la pregunta, de nuevo: ¿a quién le interesa esta reforma y en qué medida tiene que ver con los intereses generales de la sociedad?

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