Alberto Fernández pidió que le devuelvan su celular, pero el fiscal Rívolo quiere revisarlo para el caso de los seguros

Alberto Fernández le pidió al juez federal Julián Ercolini que le devuelva su teléfono celular, que le fue secuestrado hace once días, durante un allanamiento en el departamento en el que vive, en Puerto Madero, pero el magistrado no planea contestar este pedido de inmediato. Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, “se resolverá más adelante”.

El expresidente argumentó que desapareció el motivo que se había esgrimido para sacarle su aparato porque Fabiola Yañez, en un aparente cambio de versión, ahora negó que él la hubiera hostigado después de que Ercolini le prohibió contactarse con ella.

Además del pedido de devolución de Fernández, Ercolini tiene pendiente contestar una solicitud que le hizo la semana pasada el fiscal Carlos Rívolo para que el teléfono del expresidente, ya que estaba secuestrado, fuera peritado también para la causa de los seguros, cuya investigación Rívolo tiene delegada.

La versión de que Yañez fue hostigada por Fernández después de que Ercolini le ordenó que se abstuviera de contactarla por cualquier medio la había brindado la propia Yañez. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que se lo contó a las especialistas de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) que la entrevistaron antes de que ella declarara como testigo en la causa.

Ercolini dispuso las restricciones de contacto y acercamiento el 6 de agosto y tres días después, Rívolo, basado en lo que la Dovic le informó que Yañez acababa de relatar en su entrevista, pidió el allanamiento del departamento de Fernández y el secuestro del teléfono y de los otros aparatos electrónicos que él tuviera.

La medida que pidió el fiscal ese 9 de agosto consistía en secuestrar los dispositivos electrónicos que tuviera en su poder o dentro de su ámbito de custodia el expresidente “desde los cuales se estarían enviando mensajes intimidatorios y de hostigamiento a Fabiola Yáñez, con el fin de avanzar en la investigación a través de la recolección de prueba y la imperiosa necesidad de hacer cesar los efectos de la conductas delictivas que aún podrían materializarse a través de los dispositivos referidos”, relató el Ministerio Público Fiscal.

El destino del teléfono de Fernández tiene en vilo a su entorno y a buena parte de la clase política. Muchos temen que el expresidente haya conservado mensajes que, de salir a la luz, podrían comprometerlos.

En paralelo con sus presentaciones en la causa de Ercolini, Fernández espera el resultado de una acción que promovió en el fuero civil y comercial federal para que se les prohíba a los medios de comunicación y a las empresas Google, Facebook, X y Yahoo difundir sus fotos y videos íntimos, tanto los que ya se conocieron como los que podrían aparecer (e incluso imágenes que se le adjudican y que él sostiene que son “falsas”). El fundamento es que se está afectando su honor y su imagen, y que se daña a sus hijos.

Fernández se presentó en el fuero civil y comercial federal, “por derecho propio” y en representación de su hijo menor, Francisco, y pidió que se dicte una medida cautelar para responder a una situación de “urgencia extrema”. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales.

La demanda que promovió es una “acción preventiva de daños” contra el Ente Regulador de las Telecomunicaciones (Enacom) y las empresas Google, Facebook, X y Yahoo, con el argumento de que “hay una flagrante amenaza de difundir supuestas imágenes o supuestos videos que tienen como única finalidad ofender, agredir, vulnerar, menoscabar y afectar” su “nombre, honor, imagen, intimidad y/o integridad” afectando “directamente” a sus hijos y familiares.

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