Alberto Fernández recibió a Máximo Kirchner y Carlos Heller y le dio luz verde al proyecto para gravar las grandes riquezas
La cita fue en la quinta de Olivos. Hacia allí partieron los diputados Máximo Kirchner, jefe de bloque del Frente de Todos, y Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto. Durante más de una hora le expusieron al presidente Alberto Fernández los detalles del proyecto de ley que propone gravar los grandes patrimonios, una iniciativa que aún no fue presentada en el Congreso a la espera de la venia presidencial. Fernández no los defraudó.
"Métanle para adelante", enfatizó el primer mandatario, quien estaba acompañado por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Era la señal que Kirchner y Heller esperaban; si bien habían recibido un guiño del Presidente hace un mes, cuando esbozaron por primera vez los alcances del proyecto, esta vez el respaldo fue contundente. "No hay ningún impedimento político para avanzar", destacó Heller a LA NACION.
En líneas generales, el proyecto de ley del oficialismo propone que las personas físicas con fortunas superiores a los tres millones de dólares paguen un impuesto por única vez y que su recaudación, estimada entre 3000 y 4000 millones de dólares, se destine específicamente a atender los costos sanitarios, económicos y sociales que demanda la pandemiade coronavirus en el país. El proyecto no afectará a los patrimonios de las empresas, sino solo los de las personas físicas.
Según adelantó Heller, el universo de contribuyentes gravados por este impuesto no supera las 12.000 personas. El legislador indicó que el gravamen sería de aplicación progresiva y que las alícuotas se aplicarían por tramos que rondarían entre el 2 y el 3,5%, acorde con la magnitud del patrimonio.
Con el espaldarazo del Presidente, Kirchner y Heller definirán en las próximas horas el derrotero de la iniciativa, que arrancará en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La intención es avanzar sin demoras en el tratamiento del proyecto y aprobar la ley lo antes posible, pero los tiempos dependerán de cómo evolucione la nueva mecánica de debate remoto que se estrenó hace una semana en el Congreso. De hecho, hasta el momento se celebró solo una sesión virtual en la Cámara baja y, si bien el sistema no mostró fallas, todavía los legisladores no tienen adquirida la gimnasia para encarar debates más complejos de manera virtual.
"Las sesiones remotas están todavía en su fase de ensayo: los proyectos que se aprobaron hasta ahora fueron por unanimidad y los temarios han sido acotados, por lo que las sesiones no han sido muy largas. Todavía no se probó el nuevo sistema con una iniciativa conflictiva, y el proyecto que grava las grandes fortunas lo es", confió un legislador de la bancada.
En efecto, varios diputados de Juntos por el Cambio, el principal bloque de la oposición, ya anticiparon fuertes críticas a la iniciativa, aunque todo indica que cuando comience el debate legislativo se desatará una discusión interna que podría dividir las aguas. Desde Pro, el jefe de bloque, Cristian Ritondo, fue contundente. "No estoy de acuerdo con crear nuevos impuestos, ya sea global o para un sector; tendríamos que pensar sobre todo en las inversiones que pueden generar los que más tienen", enfatizó.
El diputado Luciano Laspina, también de Pro y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, también expresó sus reparos y advirtió que con este nuevo gravamen, que se sumaría al impuesto de bienes personales, se incurriría en una doble imposición tributaria y, por lo tanto, sería inconstitucional.
Este último punto -el de la doble imposición tributaria- fue el eje de un documento interno que elaboraron los equipos técnicos del radicalismo, que aconsejaron rechazar la iniciativa del oficialismo.
"El impuesto que se pretende crear ya existe (Bienes Personales). Más aún, en diciembre el Congreso aprobó importantes modificaciones al mismo e incrementó las alícuotas. Un nuevo gravamen de las mismas características sería un acto de doble imposición. El resultado de una medida así sería la multiplicación de amparos", se advirtió en el documento.
Por Laura Serra
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