Alberto Fernández evalúa penalizar a los que nieguen los delitos de la dictadura militar
LA NACIONLuisa Corradini
PARÍS.- El presidente Alberto Fernández se reunió ayer en París con organizaciones de derechos humanos, ante quienes se comprometió a impulsar una ley contra el "negacionismo de la dictadura", similar a la que está vigente en Francia, que contempla penas para quienes nieguen públicamente crímenes de lesa humanidad.
"El Presidente se comprometió a elaborar una ley similar a la que existe en Francia contra el negacionismo", dijo a la agencia Télam Sophie Thonon, abogada de las víctimas francesas de la última dictadura militar y quien representó al Estado en el proceso de extradición del expolicía Mario Sandoval, acusado de crímenes de lesa humanidad en centenares de casos.
El reclamo fue planteado por los organismos de derechos humanos en la reunión que mantuvieron con el mandatario, en la última jornada de su gira a Europa.
La ley francesa, que se creó para que no haya posibilidades de negar el Holocausto en medio de una fuerte corriente negacionista en el país que ponía en cuestión su existencia, también incluye condenas ante manifestaciones racistas, xenófobas y de odio.
El ultraderechista Jean Marie Le Pen, padre de la actual líder del Frente Nacional francés, fue condenado en varias ocasiones desde que la norma francesa entró en vigor en Francia, en julio de 1990, y es conocida como "ley Gayssot", por el nombre del diputado comunista que la propuso, Jean Claude Gayssot.
"La idea es que la norma francesa pueda usarse de base para debatir un proyecto para adaptarlo a la situación en la Argentina. El Presidente nos pidió colaboración para elaborar un informe", explicó Thonon.
Jean Marie Le Pen es la personalidad pública que más condenas acumula por palabras racistas o negacionistas del Holocausto.
En 2015, cuando Le Pen padre volvió a declarar que las cámaras de gas no fueron más que "un detalle" de la Segunda Guerra Mundial, su hija y aspirante a la presidencia de Francia decidió expulsarlo de su propio partido.
Otro de los asuntos que plantearon los representantes de organizaciones de derechos humanos en la reunión con Fernández fue la necesidad de evitar que los genocidas que están presos puedan obtener los beneficios de los condenados por otros delitos.
"El pedido se fundamenta en el hecho de que la Argentina firmó el Tratado de Roma", dijo Thonon, refiriéndose al acuerdo internacional por el que se creó la Corte Penal Internacional, para juzgar crímenes de lesa humanidad, que establece la obligación del cumplimiento efectivo completo de la condena".
Ambas propuestas cuentan con el apoyo de la ACAF (Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia), varios de cuyos miembros participaron del encuentro con el presidente en el Hotel Regina de París.
"El Presidente fue muy sensible con nuestras inquietudes y nos dijo que estas cuestiones entrarían en su agenda", explicó por su parte María Laura Stirnemam, de la asociación Hijos.
Los miembros del ACAF llevaron además a la reunión con Fernández el pedido de liberación de la detenida dirigente social jujeña Milagro Sala. El presidente recibió como regalo el libro Milagro Sala, la chispa de un pueblo, cuya investigación y publicación financiaron.
Finalmente, el Presidente se comprometió a seguir el caso de Sergio Apablaza, el exmilitante del FPMR chileno, acusado en su país por delitos cometidos en 1991, cuya extradición reclama la Justicia chilena y a quien el presidente Mauricio Macri quitó el estatus de refugiado en 2017.
En el marco de su visita, Alberto Fernández visitó la Plaza Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en París. Luego, el mandatario se reunió con directivos de la multinacional francesa Eramet, que planea explotar litio en la Argentina.
Por Luisa Corradini
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