Alberto Fernández envió un proyecto de ley al Congreso para darle autonomía al organismo que lucha contra el lavado

El presidente Alberto Fernández envió un proyecto de ley al Congreso para crear la Unidad de Información Financiera (UIF) “como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley”. Se trata de uno de los pedidos que le hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) para firmar el acuerdo.

La iniciativa introduce modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del lavado de activos (LA), de la financiación del terrorismo (FT) y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). Además, eleva todas las penas vinculadas a estos delitos.

El proyecto que modifica el organismo que tiene a su cargo prevenir y combatir el lavado de activos, que ingresó por la Cámara de Diputados, se basó en estrategias regionales y se nutrió de instrumentos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que tiene por delante este año una revisión del rendimiento de la UIF -que lidera el abogado Juan Carlos Otero, cercano a Máximo Kirchner-, que así busca evitar caer en la lista gris que incluye a jurisdicciones “bajo monitoreo intensificado”. La Argentina estuvo en esa lista entre 2009 y 2014, durante la presidencia de Cristina Kirchner. La evaluación se postergó para fines de este año por la pandemia.

Otra novedad es que serán sujetos obligados los que operan con activos virtuales. La mira está puesta sobre la actividad de las criptomonedas. “Se realiza un reordenamiento del elenco de sujetos obligados, organizándolos por sector financiero (Instituciones Financieras), Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y sujetos obligados no incluidos en el estándar internacional”, explica la iniciativa. Este era otro de los reclamos del GAFI.

“Los activos virtuales representan un negocio en expansión en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia económica en los últimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevención y lucha contra LA/FT/FP”, dice la norma, que además asegura que ya en 2014 el GAFI emitió documentos relativos a los “riesgos que implica su uso, siendo uno de los más significativos el anonimato ya que impide la trazabilidad nominativa de las operaciones”.

Este era otro de los reclamos del GAFI, organización intergubernamental encargada de fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir el Lavado de activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM).

Especialistas consultados por LA NACION hablaron de “retoques cosméticos que no cambian la operatividad de la norma”, aunque resaltaron que hay un “aggiornamiento” sobre acciones que antes no estaban previstas. Por ejemplo, se reconocen nuevas figuras vinculadas al financiamiento del terrorismo, como el del autofinanciamiento, o del financiamiento de combatientes extranjeros, que antes no estaban incluidos en la norma.

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