Alberto Fernández, entre dos promesas

El presidente Alberto Fernández habla en el Consejo de las Américas sobre la deuda externa

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A continuación, la desgrabación de sus principales conceptos:

• Pocos días antes del 18 de mayo, cuando Cristina Kirchner mediante un tuit postulara a Alberto Fernández como candidato a presidente y se presentara ella como vice de esa misma fórmula, el actual mandatario realizaba conjeturas sobre la escena electoral.
• "O Cristina es candidata o se va su casa, pero lo que no podemos hacer es volver a recrear errores del pasado. Yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay y Juncal y en la Casa Rosada haya un títere, al que ella le prestó los votos", dijo en esa oportunidad, días antes de ser postulado como candidato a presidente, Alberto Fernández.
• Ahí está la interpretación, para muchos premonitoria de Alberto Fernández, de un problema del que probablemente él se convirtió en víctima. Se publicó hoy una nota en el diario El País de Madrid analizando la problemática relación entre dos protagonistas del poder, que son la vicepresidenta y el Presidente. Uno de los testimonios que aparece en esa nota es el de Ricardo Romano, un dirigente muy tradicional del PJ, que recuerda una frase de Perón: "Entre dos generales buenos y un general malo, prefiero un general malo". Aquí estamos con dos generales, no sabemos si buenos o malos, pero son dos.
• Esta tensión se manifiesta en muchos planos, pero hay uno que es esencial, que está en el núcleo de este problema de poder. En los próximos días en la escena mediática los epidemiólogos van a ser reemplazados por expertos en la arquitectura judicial, porque el Gobierno lanza una discusión sobre la Justicia en varios frentes. Y aquí se vislumbra un conflicto principal entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, porque el Presidente se propone como un regenerador de la Justicia.
• No hace falta aclarar la cantidad de problemas que presenta la Justicia argentina, sobre todo la más ligada al poder político, que es la federal penal y el fuero contencioso administrativo. Alberto Fernández pretende llevar adelante una regeneración. ¿Hay que creerle? ¿Por qué no?
• Estuvo diez años mientras que estaba distanciado de Cristina, hablando un lenguaje muy parecido al que habla su oposición. De hecho, llega al poder en una escena caracterizada por dos datos. Una gran recesión económica y, a pesar de ella, una gran movilización, sobre todo situada en los sectores medios, alarmada porque un regreso del kirchnerismo significara la consagración de la impunidad.
• Fernández capturó ese dato, porque él venía encarnando ese discurso y porque además tiene en su entorno más estrecho a personas que han sido, a lo largo de su carrera política, muy virtuosas en lo que respecta a la calidad institucional y judicial. Como, por ejemplo, Vilma Ibarra y Gustavo Béliz. No hay por qué dudar de que haya un impulso dentro del Gobierno en favor de la calidad de la Justicia y de una especie de restauración de la misma, sobre todo en los tribunales que tienen ver con los casos de corrupción.
• El problema es que Fernández le prometió a la sociedad argentina esa regeneración. Pero, por otro lado, también tiene la presión de Cristina Kirchner que está interesada, y se lo planteó a Fernández en una larguísima reunión que tuvieron hace más de un mes, en que se cierren sus causas, las cuales la vicepresidenta cree que son inventadas a pesar de la montaña de pruebas y de indicios que hay sobre corrupción en los doce años de imperio kirchnerista.
• Fernández está, entonces, entre dos promesas: la que le hizo a la sociedad y al electorado y lo que le prometió a Cristina. Una contradicción muy difícil de salvar. Habrá que ver si no termina minando todo el proyecto de reforma judicial que el Presidente piensa impulsar. En estos días se va a enviar el proyecto de reforma al Congreso, y esta contradicción, esta dualidad, es la que impidió que esto se haga rápido. Por eso se demora.
• Alberto Fernández le planteó hace quince días a Horacio Rodríguez Larreta que a él le gustaría contar con un acuerdo político con la oposición para procesar esta reforma judicial. Hoy al mediodía en una entrevista muy interesante que le hizo María Laura Santillán a Rodríguez Larreta, él dijo que la oposición apoyará esa reforma judicial siempre que no signifique que se van apuntar jueces para perseguirlos.
• Hay un tema entre la Justicia y la relación con la oposición porque Cristina Kirchner en aquella reunión no solo pidió que cierren sus causas judiciales, sino también que se le abran causas a la oposición, sobre todo, a Macri. En el programa de Luis Majul de hoy se pudieron ver las declaraciones de Javier Iguacel. Un tema verdaderamente escandaloso. El juez Rodolfo Canicoba Corral se está despidiendo de su juzgado. Se va el 29 de julio porque cumple 75 años y lo hace envuelto en varias acusaciones que no se pudieron despejar en el Consejo de la Magistratura. Canicoba decidió, después de aclarar en los medios que él se siente víctima del gobierno anterior, al que por otra parte protegió tanto en varios temas, tomarle declaración indagatoria a Javier Iguacel. Es por una causa que tiene que ver con contratos de autopistas. Iguacel pidió ver por qué se lo acusaba, es decir, ver la prueba que había en su contra para oponer una defensa. Pero Canicoba le explicó que no era posible porque estamos en pandemia, los papeles están en el Juzgado y no fueron subidos a la red. Por lo tanto, Iguacel no sabía de qué se lo acusaba. El juez le dijo que lo podía ver más adelante. A pesar de eso, lo procesó. Hay un detalle interesante: ¿dónde está Canicoba hoy? Aparentemente, en su mansión del country San Jorge. ¿Él habrá visto la acusación que pedía ver Iguacel? Probablemente el juez tampoco sabía de qué lo estaba acusando, pero lo procesó igual. Esto es el derrumbe de un principio sagrado, que es el derecho de defensa. Sería interesante que Cristina Kirchner diga si esto es o no lawfare, y que en todo caso salga a defender, aunque sean opositores a ella, a quienes son víctimas de lo que tantas veces ha denunciado.
• Viene una gran discusión judicial. La pregunta es si esa discusión puede ser procesada por una clase política tan fracturada. Y si es posible llegar a una reforma judicial sin un acuerdo político. En algunos aspectos, técnicamente, no lo es. ¿En qué consiste esta reforma? No lo sabemos, podemos intuir algunos proyectos. Por ejemplo, se va a ampliar la competencia federal a algunos tribunales del fuero nacional, de los que juzgan crímenes comunes.
• Un segundo dato que hay que mirar con atención en este tema, que es muy técnico pero importantísimo para la política, tiene que ver con una afirmación de Alberto Fernández en una entrevista que le hizo Horacio Verbitsky en su medio, El cohete a la luna, en enero. Una de las declaraciones del Presidente decía que había que "reformar o modificar el alcance del recurso extraordinario de la Corte". ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte no sólo debe tratar causas que tienen una sentencia definitiva, como sucede habitualmente, sino que durante los procedimientos puede corregir errores que le van planteando las partes. Esto segundo, que no es habitual, es lo que pretende Cristina Kirchner. Ella, en una causa en la que está muy complicada, que es la de la obra pública -en la que, dicho sea de paso, tiene que ir a declarar Iguacel- le reprocha al tribunal oral estar juzgándola sin pruebas suficientes. Y quiere que la Corte intervenga en medio del proceso. Esta discusión es crucial en la situación penal de la vicepresidenta y es una de las materias que podría incluir esta reforma judicial que está mandando el Gobierno al Congreso. Sobre todo porque esta modificación permitiría acelerar las causas que tienen como imputada a la vicepresidenta.
• Un tercer propósito de la reforma será la ampliación del número de jueces de la Corte. Esto es algo muy parecido a lo que sucedió a partir del año 2009 con la Ley de Medios, que fue una gran reforma de toda la arquitectura de la comunicación, con comisiones, debates, intelectuales de una y otra especie discutiendo todo lo que se puede discutir, para un objetivo: desarmar el Grupo Clarín. Probablemente, lo que puede llegar a pasar es la creación de una comisión que va a discutir muchísimo la ampliación del número de jueces de la Corte, para terminar montando un dispositivo político.
• Es muy interesante volver al 22 de noviembre de 2006. Ese día sesionó el Senado y Cristina Kirchner propuso la reducción del número de jueces de la Corte. Fijarlo en cinco. Ella se vanaglorió de que un gobierno que podía designar más jueces se negara a hacerlo. Ahora, la idea es ampliar el número, defendida por la vicepresidenta, en contra de lo que había opinado hace catorce años. En el diálogo entre Fernández y Verbitsky se habla de este tema y el Presidente sugiere la idea de estudiar la ampliación de la Corte y de crear salas que se especialicen en distintos temas. Esta idea, que apareció muchas veces, una de ellas con Illia, nunca fue puesta en práctica. Hay quienes creen que en este detalle se esconde también una trampa. Se puede proponer a los mejores jueces para ampliar la Corte y, basta con contar con un par de amigos penalistas, se puede controlar la sala penal, desde donde manejar las decisiones judiciales en materia de corrupción.
• Hay un aspecto de esta iniciativa judicial que requiere de dos tercios del Senado y que no puede pasar sin un acuerdo con la oposición: la designación del Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales. El Gobierno quiere llevar ahí al doctor Daniel Rafecas, que es un juez federal. ¿En este clima que estamos viviendo se puede dar este acuerdo? Hasta ahora pareciera que no. La designación del procurador es importantísima porque hay una reforma de los procedimientos en la Justicia por la cual las investigaciones las van a llevar adelante los fiscales, no los jueces. Si uno quisiera perversamente manipular la Justicia tendría que tener fiscales amigos más que jueces amigos. En este contexto, la designación del Procurador General de la Nación es estratégica para garantizar favoritismo o imparcialidad.
• En el contexto de este debate institucional, aparece otro tema en el Consejo de la Magistratura. Graciela Camaño, que es una diputada ligada a Roberto Lavagna, independiente por lo tanto del macrismo y del kirchnerismo, está al frente de la comisión de selección de jueces. Dentro de su trabajo se encuentra con que hay que decidir unos traslados de jueces del interior. Camaño se pregunta cuál es el criterio para esos traslados de jueces del interior, aparentemente intrascendentes.
• Aparece una discusión sobre la forma en que se hicieron los traslados hasta ahora. Entonces se le encargó al representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, establecer un criterio respecto de cómo deben ser realizados. Y él, muy ligado al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, eleva un informe que ahora el Consejo tiene que tratar. En ese informe aparecen una cantidad de objeciones a algunos traslados que se hicieron en los últimos tiempos. En algunos casos se violan reglamentaciones del Consejo o acordadas de la Corte, que regulan esta materia. Ahí aparece el nombre del juez Leopoldo Bruglia, que es un juez de la Cámara Federal Penal junto con el doctor Pablo Bertuzzi. Dos jueces trasladados por el gobierno de Macri desde un Tribunal Oral Federal a la Cámara Federal Penal de la Capital. Son los jueces por los que pasaron las causas más importantes del kirchnerismo, pero sobre todo una, la causa de los cuadernos, que enardece a Cristina y a su grupo.
• Ustarroz encontró deficiencias en la designación de estos dos jueces. No deficiencias que tengan que ver con lo que regula la Corte respecto de su traslado, sino en relación con las reglamentaciones del Consejo de la Magistratura. Asoma ahora la idea de reemplazar a estos dos jueces. Pero es todo un misterio cómo se lo va a hacer jurídicamente. ¿Habría que llamar de nuevo a concurso? ¿Habría que mandar los pliegos de ellos al Senado, donde gobierna Cristina? ¿Habría que recurrir al fuero contencioso administrativo? Tal vez sería lo más correcto si se quiere impugnar la designación de ambos.
• El kirchnerismo, no sé hasta dónde la Casa Rosada está comprometida con esto, pretende reemplazar a estos dos jueces, a los que les tiene una enorme tirria, no tanto para garantizar la impunidad de kirchneristas. Ya todos pasaron por la Cámara Federal. De lo que se trata ahora es de garantizar la persecución judicial de los que están llegando, que son los funcionarios de Macri. Este es el problema central. ¿Podemos pactar un consenso sobre reglas o el sistema penal federal se comporta como un arma arrojadiza de un grupo político contra otro a medida que los gobiernos van pasando? Gran signo de interrogación. En el Consejo de la Magistratura se inicia esta discusión.
• Este es un problema instalado en el corazón del oficialismo. Todavía no están cerradas las causas de Cristina Kirchner. Es difícil hacerlo. Y no vaya a ser que los saquen a Bertuzzi y a Bruglia de la Cámara Federal, los devuelvan al Tribunal Federal Oral, y ahí se los encuentre de nuevo Cristina.
• La tensión entre Fernández y Cristina Kirchner se manifiesta en muchos otros aspectos de la administración. Esto ha hecho que se forme, dentro del oficialismo, una especie de mesa de coordinación que se reúne a comer todas las semanas, de la que participan Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el presidente del bloque oficialista de Diputados, Máximo Kirchner; y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Aquí intentan coordinar, todavía sin efectos muy visibles, la agenda oficial. Hay quienes creen que es insuficiente esa coordinación. Esto lo escucho entre gente de La Cámpora que dice: "Para coordinar bien todo, hay que ponerle un nuevo Jefe de Gabinete a Alberto Fernández". Muchos creen que ese lugar tendría que ocuparlo Sergio Massa. ¿Le hacen bien o le hacen mal con esta propuesta a Massa? ¿A Massa le sirve involucrarse con el Poder Ejecutivo y abrazarse a Fernández? ¿O prefiere estar en la línea sucesoria presidiendo la Cámara de Diputados? Dicen que los que proponen esto aprecian a Massa. Yo dudo.
• Todavía no se ve la coordinación, salvo en algunos temas. Por ejemplo, Massa en combinación con Alberto Fernández (no sabemos hasta dónde con Máximo Kirchner) tienen un interés extraordinario en que se trate cuanto antes la moratoria impositiva, y que dentro de ella se conceda por primera vez la moratoria a empresas quebradas, en una cláusula que tiene nombre y apellido: Cristóbal López. Las empresas de López quebraron, tienen una monumental deuda con la AFIP y esto le permitiría entrar en un plan de pagos, con lo cual se correría la AFIP del concurso de la quiebra y él podría pactar con los otros acreedores de manera mucho más fácil y volver a las pistas.
• Esto es un traje a medida para un empresario muy ligado no solo a Cristina Kirchner, sino a Alberto Fernández. Tanto que el diputado Juan Manuel López pidió al Presidente que muestre quiénes han sido sus clientes como abogado para ver si está López. Esto va a ser motivo de escándalo obviamente esta semana. Massa está buscando los votos. Hay un sector de los diputados de Lavagna, donde están Camaño y Jorge Sarghini, que no quiere votar este indulto fiscal para el empresario. Hay otro sector, ligado al mismo grupo, encabezado por diputados de Córdoba, probablemente por presión fiscal del Gobierno sobre el gobernador Juan Schiaretti, que estaría dispuesto a dar los votos. Diputados de Misiones que también lo harían y algún diputado mendocino. Juntos por el Cambio se niega. Massa sueña con sesionar esta semana y regalarle este traje a Cristóbal López, que, por supuesto, no va a ser presentado como un traje a medida para él, sino como una moratoria muy necesaria en este momento de pandemia y de recesión. Lo cual también es cierto.
• Hay además, en este contexto, un problema de administración económica y de discurso económico. Doy solo un detalle para ilustrar de qué estoy hablando: Alberto Fernández fue a decir nada menos que en el Financial Times que a él no le gustan los programas económicos. Ahora el próximo paso sería que en La Izquierda Diario o en Prensa Obrera anuncie una flexibilización laboral. No sé quién lo asesora en materia de comunicación, pero ir a decir al diario de finanzas más importante del mundo que uno no quiere programas económicos en medio de la negociación de la deuda, probablemente no sea la estrategia discursiva más interesante para un Gobierno con enormes problemas económicos.
• Dentro de este marco general aparece hoy una pésima noticia para Martín Guzmán y es que los grandes fondos acreedores rechazaron ya formalmente su última oferta, que consistía en un valor presente para los bonos de aproximadamente 53 centavos por bono. Estos fondos, que son los que tienen la mayor acreencia sobre la Argentina, piden 55. De la primera oferta de Guzmán a esta última, entregaron en el camino 15 mil millones de dólares. Estos acreedores le dicen: "Estirate un poco más, poné tres mil millones más sobre la mesa, y acordamos. Además, dejanos abierta la vía de que podamos litigar en Tribunales porque organizaste la parte jurídica de una manera tal, que prácticamente no tendríamos defensa con los nuevos bonos, si la Argentina entra de nuevo en default". Este reclamo jurídico es muy importante. Es el que está haciendo fracasar una negociación que venía siendo exitosa de la deuda en Ecuador donde están los mismos actores que en la Argentina. Hay que seguir el tema ecuatoriano con el argentino casi en paralelo, porque uno ilumina al otro.
• Esto quiere decir que la Argentina está más cerca de no salir del default en el cual se encuentra. El país ya está en default. Entró en mayo. Alberto Fernández dijo el otro día: "Me toca siempre llegar y el país está en default". No, cuando llegó el país no estaba en default. Se produjo en mayo, con un gobierno que sabía que tenía que tratar el tema de la deuda desde agosto del año pasado.
• Hoy, después de esta novedad del rechazo de los grandes fondos, Fernández dijo: "Es la última oferta". Bueno, es muy difícil que se pueda mover el Presidente de esa posición, con lo cual se abre una posibilidad muy inquietante de que la Argentina permanezca en default. Es una enorme dificultad para un Gobierno que, como dijo el mismo mandatario, pretende reanimar la economía. Porque la pregunta es muy elemental: ¿Con qué inversión? El default del Estado afecta el crédito para las provincias y también para las empresas privadas. Y sin ese músculo del crédito es imposible salir de una recesión tan importante, sobre todo cuando el Estado está agotado. Ya es una palanca que no funciona, que ha dado todo de sí.
• Este no es solo un problema de crédito en general, la posibilidad de permanecer en el default de la deuda o arreglar con algunos fondos y dejar una cantidad enorme de acreedores que van a ir a Tribunales como holdouts, plantea un problema central para Guzmán: la relación con el Fondo Monetario Internacional. Porque se dificulta muchísimo un programa con el FMI si el país sigue en default. Y sin un programa con el FMI es imposible hacer la renegociación de la deuda con ese gran acreedor, de 57 mil millones de dólares.
• Es un ajedrez muy complejo para Alberto Fernández con una economía muy destruida. Esto lo ve Massa, que ya armó un equipo de economistas propio donde están Martín Redrado, Miguel Peirano, Diego Bossio, Gabriel Delgado. Ellos miran al Poder Ejecutivo, el cargo de Guzmán. Redrado ya mandó algunos mensajes hacia Máximo Kirchner para explicarle bien las declaraciones que hizo delante del juez Bonadio en contra de Cristina por el dólar futuro, porque "lo sacaron de contexto".
• Sin embargo, los que están mirando esta escena con más preocupación son los empresarios y un sector importante del sindicalismo. Este martes, en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a los dueños de las principales empresas del país, va a haber una reunión con importantes dirigentes de la CGT, sobre todo el sector privado. Es algo que venían negociando Luis Barrionuevo y Gerardo Martínez para ver cómo se rescata la economía a partir de la iniciativa privada y no necesariamente del Estado. En una cultura estadocéntrica, como la que tenemos en la Argentina, es una novedad de primera magnitud que el Gobierno va a tener que registrar. Porque a falta de un Poder Ejecutivo que convoque a un acuerdo económico y social, las partes empiezan a reunirse solas buscando una escapatoria en una crisis en la cual, como dice el Presidente, "todo está lleno de niebla".

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