Alberto Fernández declaró como testigo: defendió a Cristina Kirchner y se cruzó con el fiscal
El Presidente se presentó en Comodoro Py y contestó preguntas; dijo que vio a Báez una sola vez y criticó que la vicepresidenta sea juzgada por decisiones “no judiciables”
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Alberto Fernández declaró como testigo durante casi tres horas en el juicio por las irregularidades en la obra pública durante los tres gobiernos kirchneristas y defendió a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, la principal acusada del caso. “Me llama mucho la atención lo que estamos discutiendo en este juicio”, dijo el Presidente, que sostuvo que el modo en el que un gobierno reparte la obra pública es una decisión “no judiciable”. A lo largo del interrogatorio, el Presidente cuestionó varias veces la acusación y, por segunda vez, declaró como testigo en una causa judicial contra la vicepresidenta.
“Hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle más plata a alguien, en los hechos es imposible que eso ocurra. Y eso es lo que me llama la atención de este juicio, a mi el decreto de procesamiento de Cristina me llamó la atención”, dijo en un tramo de su declaración.
Las preguntas se las hicieron Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, que fue quien lo había ofrecido como testigo; los abogados de Lázaro Báez y Nelson Periotti, y el fiscal Diego Luciani, con quien el Presidente protagonizó los cruces más tensos a lo largo de la audiencia.
Uno de los principales conceptos de la testimonial de Fernández fue que la acusación se basa en hechos políticos “no justiciables”. Esa idea no solo fue utilizada por exfuncionarios del kirchnerismo o por la propia Cristina Kirchner como argumento defensa, sino que también fue tenida en cuenta por la Justicia a la hora de definir sobre el rumbo de algunas causas judiciales, como fue el caso del Pacto con Irán, en la que se determinó que se trató de un acto de gobierno no justiciable, y la causa dólar futuro, con una conclusión similar.
En esta causa se investigan los contratos de obras públicas viales que recibió Lázaro Báez durante el kirchnerismo. Una de las hipótesis de la acusación es que se redistribuyeron partidas presupuestarias para poder asignarlas a las obras públicas que Vialidad Nacional financió en Santa Cruz. Y justamente la tarea de reasignación de las partidas presupuestarias es propia de los jefes de gabinete. Fernández dijo que como jefe de gabinete no estaba involucrado con las cuestiones de la obra pública, algo que reiteró a lo largo de la declaración, y cuestionó al fiscal Luciani cuando le fueron exhibidas partidas presupuestarias de algunas obras en particular. Después de mostrarle la planilla, el fiscal insistió en preguntarle sobre un anexo del presupuesto, especialmente sobre las circunstancias de una obra contratada en Santa Cruz, y sobre el criterio para asignar partidas presupuestarias. Las defensas, mientras tanto, objetaban la línea interrogatoria de Luciani.
“No hay una regla que diga que a una provincia le toca una cantidad de dinero por los habitantes que tiene”, afirmó el Presidente, que insistió: “No hay una regla que diga cómo se reparte la obra pública”.
“La obra pública es un enorme motorizador de la economía”, dijo.
“Usted no me escuchó bien antes o tiene un problema de comprensión”, le recriminó Fernández al fiscal. El presidente del tribunal Jorge Gorini intervino y Fernández recalculó: “De ningún modo quise faltarle el respeto al doctor”, dijo en alusión al fiscal que impulsa la acusación contra Cristina Kirchner.
Pero el momento más caliente del interrogatorio del fiscal fue cuando le preguntó por unos viejos dichos del Presidente. Se refirió a una nota radial de 2016, cuando habían detenido al exfuncionario José López y Fernández dijo que le había advertido a Cristina Kirchner sobre lo que estaba pasando con la obra pública en su gobierno. “La pregunta no es pertinente, las declaraciones brindadas por el testigo han sido de dominio público, acá no se trata de confrontar lo que haya dicho en una nota o publicación periodística, sino por su rol de jefe de gabinete”, dijo el juez Jorge Gorini, quien no hizo lugar a la pregunta.
“¿Tengo derecho a agregar algo? -interrumpió Fernández- No recuerdo esa grabación. Pero tengo opinión sobre lo que está pasando y particularmente sobre este juicio, y lo he dicho públicamente. Si lo que quieren es conocer mi opinión sobre cómo veo yo que todo ha transcurrido, yo encantado le brindo mi opinión pública y notoria, pero lo que trato de evitar es que se segmenten las cosas porque si no, puede ser malinterpretado lo que yo he dicho y lo que digo”.
Esa discusión terminó con un pedido para que Fernández saliera de la sala de audiencias con el objetivo de que el fiscal le explicara al tribunal por qué creía importante su pregunta. Finalmente, el tribunal volvió a llamarlo y les informó a todos que por mayoría -con la disidencia de Rodrigo Giménez Uriburu- había decidido que la pregunta no correspondía por tratarse de declaraciones públicas.
Otro tramo central de la declaración fue cuando el Presidente respondió sobre Lázaro Báez. “No conozco a Lázaro Báez, lo crucé una vez en Calafate y recuerdo perfectamente el diálogo, me dijo ‘mucho gusto’, y me dio la mano”, respondió a una pregunta del fiscal.
“No hay más preguntas”, dijo el secretario del tribunal. Así, después de casi tres horas de declaración, terminó la presentación de Alberto Fernández como testigo en el juicio oral contra Cristina Kirchner por el reparto de la obra pública.
El Presidente se retiró de Comodoro Py 2002 acompañado por la pequeña comitiva que había llegado con él, integrada por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el diputado Eduardo Valdés; la vocera presidencial, Gabriela Cerrutti, y el funcionario del área de Comunicación Marcelo Martín.
Ya declararon como testigos en este juicio Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández. Con mayor o menor énfasis, todos ellos negaron haber favorecido mediante la ampliación de partidas presupuestarias a Santa Cruz y a Lázaro Báez. También declaró el actual procurador del Tesoro y exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, que fue más enfático y criticó con dureza la causa judicial.
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