Alberto Fernández cumplió con Cristina Kirchner y eludió sus propias contradicciones

Alberto Fernández no la pasó bien al declarar como testigo en el juicio contra Cristina Kirchner, acusada de direccionar obras públicas en favor de Lázaro Báez. Tuvo que enfrentar preguntas de la fiscalía sobre sus declaraciones del pasado, que incluían sospechas incómodas sobre la vicepresidenta en cuanto a las licitaciones en la Patagonia. Sin embargo, cumplió tanto en términos políticos como jurídicos con la defensa de la exmandataria.

El Presidente se exhibió como un hábil declarante, aunque dejó un sabor agridulce porque no respondió sobre la contradicción entre sus expresiones del pasado, cuando recomendaba a los periodistas mirar con detenimiento las licitaciones patagónicas del kirchnerismismo, y las de ahora, cuando sostiene que no hay nada que objetar. La mayoría del tribunal frenó la pregunta.

Fernández le devolvió redonditas y al pie las respuestas a las preguntas que le hacía el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, sobre si supo que se hubiera distribuido con arbitrariedad la obra pública santacruceña para beneficiar a algún empresario o si recibió alguna instrucción específica de Néstor Kirchner o de la vicepresidenta para reasignar partidas en función de esas obras.

“No es una decisión del Presidente cómo se distribuye esa plata”, contestó, y dijo que en el procedimiento de elaboración del presupuesto intervienen diversas áreas del Ejecutivo y el Congreso.

La hipótesis del fiscal

La hipótesis del fiscal Diego Luciani es que se reasignaron partidas presupuestarias para que hubiera fondos necesarios para asignar esas obras patagónicas a las empresas de Báez y que el empresario pudiera cobrarlas (y con sobreprecios).

Desde lo jurídico (Fernández aclaró que era profesor de Derecho Penal) expuso al menos tres argumentos funcionales a la defensa de Cristina Kirchner para intentar desacreditar las acusaciones en su contra:

1) que las decisiones de asignación presupuestaria son políticas y no judiciables;

2) que estas acusaciones ya se investigaron en un juzgado de Santa Cruz, donde la causa fue sobreseída, por lo que no corresponde juzgar dos veces a alguien por el mismo delito;

3) que no es responsable el Presidente, y ni siquiera los son los ministros, por los requerimientos que se introducen en el presupuesto, sino la línea administrativa.

De todas ellas, la primera es al menos cuestionable. El reconocido constitucionalista y profesor de derecho Roberto Gargarella explicó: “Todo presunto delito en la función pública es judicializable. La doctrina de las cuestiones políticas no dice que un presunto delito público no se judicializa. Un acto de gobierno puede ser una acto político, pero cuando involucra un fraude, ya se convierte en delito penal. Es una idea vieja, que ya el jurista Carlos Nino -explicó este profesor- releía de modo inverso, para decir que lo más judicializable eran las cuestiones políticas”. Incluso señalaba Nino que son ese tipo de decisiones “las que merecen el máximo escrutinio judicial, como la limitación de derechos individuales durante el estado de sitio, no la privación del control judicial”. Gargarella ejemplificó: “Es obvio que un Presidente puede tomar decisiones políticas a su antojo (nombrar a quien tenga ganas como secretario privado), pero es obvio también que no puede vender el cargo a quien le de una coima por eso”.

En términos políticos, Fernández fue igual de generoso con Cristina Kirchner. “No me consta”, dijo cuando se le preguntó si la vicepresidenta redireccionó obras para beneficiar a Báez. El Presidente aprovechó para explayarse sobre sus coincidencias con el kirchnerismo. Destacó la importancia de que sea el Estado quien motorice la realización de obras públicas para reactivar la economía y dijo que no está de acuerdo con que, como “otros creen”, esas tareas deban depender de la iniciativa privada. Una crítica implícita a Cambiemos.

El Presidente dijo además, en favor de las defensas, que cuando los empresarios se cartelizan para las licitaciones la víctima es el Estado, y no al revés. Sin embargo, en la causa de los cuadernos de las coimas, cuando Ernesto Clarens declaró como arrepentido contó cómo se permitía esta cartelización desde el Estado, que se quedaba con un porcentaje de cada contrato.

“No es el Presidente el que está detrás de cada ministro para que ejecute el presupuesto una vez asignado”, remarcó en uno de los tramos de una declaración que fue larga y en la que por momentos Fernández perdió la paciencia y cruzó con ironía al fiscal Luciani.

El fiscal fue a fondo cuando le preguntó por la intervención que tenían los ministros, en particular Julio De Vido, en la confección del presupuesto. Pero las defensas, la de De Vido, a cargo de Maximiliano Rusconi, y la de Báez, a cargo de Juan Martín Villanueva, objetaron las preguntas de la fiscalía. Con ello evitaron, en algún caso, que el testigo diera respuestas incomodas.

“Estimado fiscal, no es función del Presidente ni del jefe de Gabinete, por enésima vez, la adjudicación de obras públicas. No es una tarea que competa al jefe de Gabinete o al Presidente”, respondía Fernández ya perdiendo la paciencia cuando se extendía el interrogatorio, interrumpido por las objeciones de los defensores.

El fiscal quiso confrontar al Presidente con el contenido de una entrevista que había dado cuando estaba peleado con Cristina Kirchner. Las defensas hicieron una lluvia de objeciones para impedir que respondiera. El juez Jorge Gorini se opuso, el fiscal repuso y finalmente, los jueces pasaron a deliberar. Por mayoría, con la disidencia del juez Rodrigo Giménez Uriburu, el propio Gorini y su colega Andrés Basso rechazaron la posibilidad de que el Presidente respondiera.

Alberto Fernández podía haber declarado por escrito y evitado esta exposición, pero necesitó concurrir en persona y dedicar tres horas para demostrar que podía manejar la situación sin esconderse detrás de sus prerrogativas y dar argumentos jurídicos en defensa de la vicepresidenta. No la pasó bien, fue mas lo que evidenció con su falta de respuestas que con sus afirmaciones, aunque renovó su alineamiento con Cristina Kirchner. Las causas de corrupción no dan margen para las ambigüedades de la política.

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