Alberto Fernández consideró su enemigo al juez que lo investiga por los seguros y pidió apartarlo

El expresidente Alberto Fernández insistió personalmente hoy en una audiencia en la Cámara Federal en apartar al juez federal Julián Ercolini que lo investiga en la causa de los seguros, al considerarlo su enemigo y recordar que él mismo dio instrucciones para denunciarlo cuando viajó con otros colegas a Lago Escondido en un avión privado.

Ahora, quien debe decidir si mantiene a Ercolini al frente de la causa o si hace lugar a la recusación del juez es el camarista Norberto Boico, que antes de llegar a ese lugar fue abogado de Cristina Kirchner en la causa en que la expresidenta es investigada por la firma del Pacto con Irán.

Fernández quiere el apartamiento de Ercolini para fundamentar la nulidad de toda la causa, pues su argumento es que un juez al que considera su enemigo y sobre el que tiene temor de parcialidad fue quien ordenó allanar a los imputados e inhibir sus bienes y los de otras 32 personas y empresas investigadas.

En esta causa se investiga a Alberto Fernández por la firma de un decreto que obligaba a contratar con Nación Seguros las pólizas de los organismos públicos. Pero en esa tarea intervenían brokers y productores que cobraban comisiones por esas pólizas. Uno de ellos era Héctor Martínez Sosa, el marido de su exsecretaria María Cantero, uno de los principales empresarios del rubro en el país. Se investiga si Fernández, con el decreto, buscó favorecer a estos brokers y si se benefició con esos contratos.

Alberto Fernández mantuvo en secreto su llegada a los tribunales esta mañana. Ingresó por una puerta lateral con su abogada Mariana Barbitta. En la audiencia dijo que todo el mundo conocía su enemistad con Ercolini, con quien supieron compartir como profesores ambos en la Facultad de Derecho de la UBA, la cátedra del exprocurador Esteban Righi, ya fallecido.

Fue el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe quien defendió la posición de Ercolini para seguir al frente de la investigación y del propio juez, que había presentado la semana pasada un informe por escrito donde rechazaba la recusación y decía que no era aplicable el argumento de que un magistrado denunciado por un imputado debe apartarse. Dijo Ercolini que Alberto Fernández no lo denunció por Lago Escondido, sino que dijo que instruyó al Ministerio de Justicia para que lo hiciera.

En la audiencia, Fernández recalcó que el decreto que nombró a Boico lleva su firma y explicó diversos momentos en los que dijo que discutió con el juez, por ejemplo cuando intercedió por la situación de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, a quien Ercolini investigaba, y también por los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López.

Fernández insistió en que Ercolini debe ser apartado del caso porque dijo el mismo impulsó la denuncia en su contra por el viaje a Lago Escondido, una causa donde el juez federal y sus colegas que viajaron se encuentran sobreseídos con sentencia firme. Ercolini había dicho que no había ninguna enemistad, al punto que sobreseyó a Alberto Fernández en una decenas de expedientes, pero el expresidente dijo que desconocía su existencia.

En esta causa se investiga a Alberto Fernández por haber firmado un decreto que obliga a contratar las pólizas de seguros de los organismos públicos con Nación Seguros y se indaga sobre la intervención de brokers y productores de seguros que cobraron comisiones por haber gestionado esas contrataciones.

Están siendo investigadas las pólizas que la Anses contrató con Nación Seguros para los créditos ofrecidos a jubilados y las que tomaron al menos 45 organismos públicos, donde intervinieron brokers de seguros. Ercolini dispuso la inhibición de bienes de Fernández y de otras 30 personas, entre ellos Héctor Martínez Sosa.

Hasta ahora, el juez cuenta con el decreto de Alberto Fernández que obligaba a contratar con Nación Seguros las pólizas contratadas por los organismos del Estado, los convenios con los brokers que intervinieron y un análisis que señala que se cobraron en total comisiones por 3250 millones de pesos en cuatro años. Además, se investiga a dos cooperativas y a empresas vinculadas con funcionarios de la Superintendencia de Seguros que tenían permisos para manejar sus autos.

El juez Ercolini ya cuenta con el contenido de los teléfonos celulares y las computadoras de los investigados, y espera ahora tener un análisis de su contenido para decidir si avanza con las declaraciones indagatorias. Antes, rechazó la recusación que planteó Alberto Fernández.

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