El fuero que Fernández quiere fusionar con Comodoro Py tiene más del 30% de cargos vacantes

Con el objetivo de crear una nueva justicia federal, Alberto Fernández planea fusionar los juzgados de Comodoro Py con los de un fuero que tiene más de tres veces su tamaño: la justicia penal ordinaria. "Instrucción", para el mundo tribunalicio.

Es un fuero con sede principal en el Palacio de Tribunales que tiene más del 30% de sus cargos vacantes. Son 63 juzgados criminales y correccionales, de los cuales 18 están sin juez. Ese número, además, podría crecer pronto porque hay seis magistrados que están concursando para ascender a camaristas, advierten en la Justicia. Incluye también 28 tribunales orales criminales; ocho juzgados y tres tribunales orales de menores y un juzgado de rogatorias, que tramita los pedidos cruzados con otros jueces de todo el país. Además, una Cámara de Apelaciones (con 16 cargos de jueces; tres de ellos, sin titular) y, por encima, la de Casación Nacional.

La justicia penal ordinaria tuvo una gran renovación en los últimos años. La mejor prueba es que 19 de los jueces de primera instancia pagan el impuesto a las ganancias, que solo alcanza a los jueces designados a partir del 1 de enero del 2017.

Es, sin embargo, un fuero que el mundo judicial sigue percibiendo como de los más tradicionales, integrado por funcionarios de carrera que salieron, en su mayoría, de su propia cantera. Suelen ser cultores de un bajo perfil y hacen gala de cumplir las reglas del proceso penal con más rigor que los federales. "Nosotros tenemos como objetivo respetar los plazos", dijo a LA NACION un juez con muchos años en Instrucción. "Acá no se manejan tiempos políticos y no miramos quién está imputado", afirmó. Sus imputados rara vez son personajes de la vida pública.

Con un total de casi 200 jueces, el fuero no tiene una identidad ideológica homogénea, pero nadie podría definirlo como de izquierda o "zaffaroniano". Los referentes más experimentados del fuero están hoy casi todos en la Cámara del Crimen. Hace algunos años, con el objetivo de unificar posturas frente a temas comunes, un conjunto de jueces -en su mayoría de la Cámara- formaron un grupo que aspira a ser un think tank de temas de la Justicia. Se llamaron a sí mismos "La Toga" (tal es el nombre de su grupo de WhatsApp). Entre sus integrantes están los camaristas Alberto Seijas, (presidente del tribunal), Rodolfo Pociello Argerich, Marcelo Lucini, Juan Cicciaro; el juez de tribunal oral Alejandro Noceti Achával y los jueces de primera instancia Alberto Baños, Yamile Bernal y Santiago Quian Zavalía.

"Es un fuero más formal. Esta Cámara cumple, por ejemplo, con todas las audiencias orales, cosa que no hacen en Comodoro Py", dijo a LA NACION un juez con años de experiencia en el fuero.

Nueva camada

En la nueva camada hay magistrados que propician una mayor apertura; algunos no son autóctonos: cinco de los nuevos jueces vienen de Comodoro Py (aunque tres de ellos habían pasado antes por Instrucción). Entre los más nuevos, hay quienes creen que tiene que darle una mayor publicidad a sus actos y, por ejemplo, difundir sus investigaciones exitosas para evitar ser noticia solo como blanco de críticas.

La Cámara Nacional de Casación Penal es un mundo aparte. Empezó a funcionar en diciembre de 2014, sus oficinas están fueran del Palacio de Tribunales y es la que revisa las principales decisiones del fuero. Es un tribunal creado a propuesta de Cristina Kirchner, que cuenta entre sus miembros a juristas y académicos muy reconocidos, con un perfil más progresista que el resto del fuero. La jueza -hoy jubilada- María Laura Garrigós, expresidenta de Justicia Legítima, presidió también este tribunal.

¿El plan de Alberto Fernández es convertir todos los juzgados y tribunales penales ordinarios en federales? No lo dijo, pero en la Justicia creen que no, que es probable que algunos juzgados sigan investigando -al menos en una primera etapa- robos y homicidios. "Los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados", fue el anuncio del Presidente del domingo pasado.

Cómo se va a componer ese "más de medio centenar de magistrados" es por ahora un misterio. ¿Será con los juzgados que tienen juez o con los que están vacantes? Si fuera en bloque, ¿aceptará el oficialismo convertir en camarista federal, por ejemplo, a Ignacio Rodríguez Varela, que hoy integra la Cámara del Crimen? Exsecretario de José María Campagnoli e hijo de Alberto Rodríguez Varela (ministro de Justicia y abogado defensor de Jorge Rafael Videla), Rodríguez Varela fue nombrado camarista por Mauricio Macri. Durante el kirchnerismo había sido ternado para juez -y nunca elegido- nueve veces.

No se sabe, tampoco, si la fusión que planea el Presidente va a incluir al fuero federal en lo penal económico. Sí que va a alcanzar a la justicia penal ordinaria porque solo allí existe tal número de jueces y, además, porque Fernández anunció el domingo que este "reordenamiento" tendrá otro efecto: "Consolidar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires con su justicia penal local". Esto sugiere que las competencias que hoy tienen los jueces de instrucción terminarán de traspasarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco dijo el Presidente si ese traspaso lo imagina con recursos o únicamente un traslado de las competencias. Seguramente será parte de las negociaciones que están abiertas con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Historia de familia

El Presidente conoce muy bien el fuero. Él, su padre y su hermana trabajaron en la justicia penal ordinaria. Carlos Pelagio Galíndez , el padre adoptivo de Alberto Fernández, fue muchos años defensor oficial en el fuero penal y llegó a ser, por unos meses, juez en el Palacio de Justicia. El 5 de agosto de 1975 el gobierno de María Estela Martínez de Perón lo nombró camarista en la Sala Sexta de la Cámara del Crimen, cargo en el que permaneció hasta que un decreto de Videla ordenó su "cese en el cargo" junto con el de otros ocho jueces.

Tanto Alberto como su hermana, Valentina Fernández, empezaron sus carreras en Tribunales. Fernández cursaba las primeras materias en la facultad cuando entró como "pinche" en un juzgado de instrucción del quinto piso del Palacio.

El traspaso ya empezó

En los últimos años el fuero penal ordinario fue dejando de investigar algunos delitos, cuya persecución pasó a ser responsabilidad de la justicia porteña. Aprobadas por ambas legislaturas, hubo tres grandes transferencias de delitos. Originalmente, la justicia porteña se ocupaba solo de casos muy menores, de faltas y contravenciones, pero con el avance del traspaso de competencias a la Capital Federal, hoy persigue un amplio catálogo de delitos; incluidas, desde el año pasado, las lesiones culposas y dolosas. Así, la justicia de instrucción dejó de investigar, por ejemplo, el gran mundo de los accidentes de tránsito.

Hoy, la mayor parte de las causas de la justicia penal ordinaria son casos de robos, estafas, homicidios y delitos contra la integridad sexual.

Formalmente, la justicia penal ordinaria o "instrucción" se llama Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional; la otra, la de Comodoro Py, es la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, en la que recae hoy la persecución de los principales delitos de corrupción de todo el país. Esa distinción, según escribió Gustavo Beliz en el viejo plan para licuar Comodoro Py que le presentó a Néstor Kirchner, fue un "error original". En aquel momento, su plan no prosperó.

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