Alberto Fernández afirma que está “cerca” de sellar el acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández se toma unos segundos antes de responder y baja el tono de su voz para centralizar la atención en sus palabras. “Estamos cerca”, dice a LA NACION el jefe del Estado sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda con el organismo de alrededor de US$45.000 millones.

Los tiempos se agotan para cerrar un acuerdo, por ese motivo el Presidente elige sus palabras con cuidado. Solo resta debatir un punto, uno que para el gobierno nacional es clave: las sobretasas que la Argentina tiene que pagar por el monto del crédito.

“Para nosotros es una condición sine qua non”, advierte el Presidente sobre el costo extra que el organismo multilateral cobra a los países miembro que reciben un crédito mayor al que les corresponde por la cuota que tienen en el FMI.

Si bien el organismo multilateral de crédito ya anticipó que analizará el pedido de Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, para obtener una quita en los intereses que paga la Argentina, la directora gerente, Kristalina Georgieva, defendió hace cinco meses la tasa vigente al indicar que sirve, fundamentalmente, para proteger los recursos del Fondo.

El gobierno nacional aspira a conseguir una quita en la tasa de interés que la Argentina le paga al Fondo, algo que Fernández y Guzmán plantearon en diferentes foros, entre ellos el G20. Uno de los argumentos centrales que utilizaron para defender la solicitud es que, en el actual escenario de pandemia, las sobretasas actúan como un “castigo” para los países de economía intermedias como la Argentina.

Más allá de los reclamos, lo cierto es que hoy avanza una solución intermedia: suspender el cobro de las sobretasas durante el tiempo que dure la pandemia. El tema, según fuentes oficiales, está en la lista de asuntos que tratará el FMI en la próxima reunión de directorio en octubre. Más allá de esto, la entidad tenía previsto evaluar cambios en la política de tasas como parte de una revisión periódica.

El resto de los temas troncales de un posible acuerdo están avanzados, según pudo saber LA NACION. El Gobierno aspira a refinanciar la deuda que tomó el expresidente Mauricio Macri transformando el Acuerdo Stand-By de 2018 en un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés), la línea de crédito más larga que ofrece el Fondo, diseñada para un programa a diez años que incluye un período de gracia inicial de cuatro años. Pese a los reclamos públicos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hijo, Máximo, para lograr una extensión del plazo, no hay margen para lograrlo.

Sí, en cambio, la Casa Rosada pretende imponer un artículo en el acuerdo con una cláusula gatillo para que si en los próximos años el FMI genera un nuevo programa de asistencia con mejores condiciones el país automáticamente acceda a esos beneficios.

En las próximas semanas el país cumplirá con el primero de los pagos de capital que tiene que abonar al FMI por unos 3800 millones de dólares. Para eso utilizará gran parte de los 4300 millones de dólares que recibió en concepto de derechos especiales de giro, una asignación extra por la crisis económica internacional que provocó la pandemia del coronavirus.

Pero cerca del Presidente se entusiasman con la posibilidad de sellar un pacto que permita esquivar el segundo desembolso, de uno 2000 millones de dólares, para volcarlos en la maltrecha economía local. Hoy las posibilidades de alcanzar un principio de acuerdo antes de marzo de 2022, cuando finaliza la tregua con el Club de París, son escasas.

Antes, el Gobierno debe concluir las discusiones técnicas con Julie Kozack y Luis Cubeddu, los dos funcionarios del Fondo que llevan el caso argentino. Una vez cerrado el acuerdo técnico, el Gobierno deberá ir al Congreso para ungirlo de apoyo político, algo que, según confían en la Casa Rosada, lograrán sin dificultades. El paso final será la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI. El Gobierno se comprometió con el Club de París a tener cerrado el nuevo acuerdo antes del próximo 31 de marzo.

Con la colaboración de Rafael Mathus Ruiz, corresponsal en Estados Unidos

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