Ajuste y reforma laboral: el sindicalismo se prepara para una larga resistencia

La pauta salarial de referencia del 30 por ciento semestral que trazó Sergio Massa se extinguió en menos de 90 días. El nuevo golpe para el ministro de Economía será cuando se oficialice en unos días la inflación de marzo, que estaría entre 6,5% y 7%, según las consultoras privadas y fuentes del propio Gobierno. Lejos del 3% que aventuró el exintendente de Tigre para esta época del año. El impacto de la sequía, la escasez de dólares y la presión del mercado cambiario y del Fondo Monetario Internacional (FMI) nublan cualquier pronóstico alentador. Hasta volvieron a resurgir los fantasmas de una devaluación, reconocida de manera dramática por el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren. Esta inestabilidad aleja a Massa de una eventual candidatura y genera máxima preocupación en el oficialismo.

Sin Massa, la oferta electoral del Frente de Todos se reduce a dirigentes que están hoy lejos de reunir consensos y ordenar al peronismo. Hasta ahora, y a pesar de su turbulenta gestión económica y de las conspiraciones internas que denunció su esposa, Malena Galmarini, el ministro es quien conserva la mayoría de las adhesiones, incluso la del kirchnerismo duro. Sin embargo, algunos aliados estratégicos, como los sindicatos, comenzaron a tomar distancia y se mueven con cierta desconfianza. La muestra más evidente es la resistencia a convalidar paritarias a la baja, un atajo que tomó el funcionario para intentar contener expectativas y domar a la inflación. Hasta el mercantil Armando Cavalieri, siempre flexible ante cualquier gobierno de turno, se paró de manos ante las sugerencias de avanzar con un acuerdo en línea con las proyecciones oficiales. Las paritarias se negocian por encima del 60% anual, la inflación que se proyectó en la ley de presupuesto. En un contexto volátil, los gremios presionan ahora por acuerdos cortos, por trimestre.

En el frente paritario, Massa les quiso llevar calma a los gremios, a pesar de haber dejado plantada a la CGT dos veces en los últimos 30 días. Está dispuesto a habilitar aumentos por encima de las proyecciones, aunque en dosis homeopáticas. Teme a que durante la temporada alta de negociaciones, que va de abril a junio, se dinamicen acuerdos elevados que hagan más inalcanzable la expectativa inflacionaria. Una carrera contra los precios que podría volverse más desgastante en plena campaña electoral.

En su desesperada misión de evitar un estallido de la economía antes de las elecciones, Massa aparenta siempre tener a mano un salvavidas. La semana pasada fue lo de la pesificación de los bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, una medida que si la hubiera activado otro gobierno habría por lo menos generado protestas callejeras para advertir sobre lo perjudicial que es para los jubilados cambiar dólares por pesos. El ministro dio como un hecho que volverá de Washington con la garantía de que el FMI no le quitará el respaldo ni la asistencia financiera.

¿Se paraliza la obra pública?

Gabriel Katopodis es otro de los ministros al que le golpearon la puerta empresarios y sindicalistas. Gustavo Weiss, titular de la Cámara de la Construcción, y Gerardo Martínez, del gremio de la Uocra, advirtieron que se paralizarán cientos de obras en el país por la falta de actualización de los valores y por el retraso en los pagos. “Se puede frenar todo de acá a dos meses”, alertó el sindicalista, que negocia por estos días una paritaria trimestral. En el Ministerio de Obras Públicas la sensación es diferente. Los voceros de Katapodis intentaron despejar las dudas con datos: informaron que hay 3163 obras finalizadas y 2761 en ejecución. El contrapunto amenaza con escalar.

Para no quedarse afuera de los negocios del futuro, Hugo Moyano reflotó esta semana la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (Catheda) tras la muerte de Antonio Cassia, el gremialista fuerte en YPF que fue reemplazado por el exdirigente de Boca Juan Carlos Crespi, secuaz del histórico petrolero Diego Sebastián Ibáñez y alguna vez aspirante a reemplazar en la AFA a Julio Grondona.

El jefe camionero viajó con una tropa de dirigentes a Vaca Muerta para advertir que no serán ajenos al trazado del gasoducto ni a los otros proyectos que se cocinan. La visita al yacimiento coincidió con una reunión en Buenos Aires de los técnicos de Juntos por el Cambio para definir, en caso de volver al poder, una política común sobre el inmenso reservorio de gas y petróleo no convencional que se considera una mina de oro.

Reforma laboral

El desistimiento de Mauricio Macri a ser candidato en las próximas elecciones ordenó la interna de Pro, que se prepara para un choque de estilos entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. El moderado y la dura. Sin embargo, en lo relativo a sus planes en el mundo del trabajo, ambos comparten miradas y sus equipos hasta actúan codo a codo. Tienen como hoja de ruta el proyecto de reforma laboral que Cambiemos intentó aprobar en 2017, cuyos tres puntos principales son los siguientes:

-Indemnizaciones: la iniciativa pretende modificar el cálculo del resarcimiento o avanzar hacia un fondo de cese laboral al estilo el de la Uocra. El fondo de desempleo en la construcción funciona así: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario.

- Blanqueo laboral: establece un período de un año para la regularización con los seis primeros meses a costo cero para el empleador y los restantes, con un descuento del 70 por ciento. Promueve, además, la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa por la contratación informal de trabajadores. La intención es disminuir las multas para no fomentar la industria del juicio.

- Banco de horas: habilitar la creación por convenios colectivos que limitarán las horas extras bajo el argumento de eficientizar los tiempos de trabajo.

“La aceleración de las reformas dependerá por cuánto ganemos. Si ganamos por más del 45% no habrá margen para oponerse”, dijo confiado un exfuncionario de Cambiemos que conserva vínculos con los gremios. Entre los sindicalistas no dudan de las intenciones reformistas de la oposición, pero hay algunos que aseguran que no van por ellos. “Nosotros no somos el problema. El problema es la informalidad y la pobreza. Ya lo hablamos con Patricia [Bullrich] y Horacio [Rodríguez Larreta]”, dijo el dirigente de un gremio industrial que se cruzó esta semana con los precandidatos presidenciales de Pro en la cena anual del Cippec.

En una encrucijada, la CGT buscará reactivar la semana que viene a su consejo directivo, surcado por diferencias y compuesto por tribus con distintas terminales políticas. Habrá primero una reunión ampliada con los sectores mayoritarios (“los Gordos” y los “independientes”) y luego una con el moyanismo. La intención es poder coincidir después de la Semana Santa en una reunión oficial para impulsar un documento con advertencias a la clase política sobre el rumbo económico y la necesidad urgente de acordar medidas. “El país está cerca del abismo y estamos ante un gobierno débil”, alertó uno de los referentes de la central obrera. Es probable, además, que se convoque a un acto por el Día del Trabajador en un estadio cerrado. La intención es escenificar unidad y mostrar al sindicalismo en bloque ante la crisis económica y en la antesala a las elecciones.

Está en marcha otra estrategia con idéntico objetivo. En el sexto piso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) funciona una suerte de bunker de campaña. Cuelga de un armario un mapa del país con puntos rojos marcados. Se distinguen 53 de las 77 regionales de la CGT que fueron normalizadas por la Secretaría del Interior de la central obrera, a cargo de Abel Furlán.

En algunas seccionales, como la de Bell Ville, en Córdoba, no se legalizaban las autoridades desde hace 50 años, cuenta Horacio Otero, un dirigente gremial de mil batallas a cargo de la iniciativa. Otero responde a Furlán, quien se convirtió en uno de los interlocutores sindicales favoritos de Máximo Kirchner, con el que hizo migas cuando compartieron el recinto en la Cámara de Diputados. Uno de los pedidos del metalúrgico, cuya área de influencia es Zárate y Campana, fue que se prioricen las regionales de la provincia de Buenos Aires. Allí, se reunificaron 25 de las 29 seccionales y las cuatro restantes lo harán el mes próximo. La última que se unificó fue la de La Plata, el 20 de marzo pasado, cuando se montó un acto político que sirvió de tribuna para Axel Kicillof, el gobernador que busca su reelección y que a partir de 2024 podría convertirse en el kirchnerista como más poder real. La resistencia ya está en el imaginario.

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