Agustín Rossi le respondió a Marcelo D’Alessandro: “Acusar a la Jefatura de Gabinete del hackeo no tiene sustento”
El jefe de Gabinete dijo que según los registros oficiales, quien entró en el página web Trámites a Distancia, en una maniobra previa al espionaje ilegal, no tenía un permiso especial del Gobierno
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, negó cualquier relación de la oficina a su cargo con el hackeo al teléfono del exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. “Le estamos contestando a la Justicia: acusar a la Jefatura de Gabinete no tiene sustento”, dijo Rossi a LA NACION.
La semana pasada, en un cruce con la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, D’Alessandro, en su cuenta oficial de Twitter, había dicho: “La vocera del 100 por ciento de inflación todavía no se enteró de que la Justicia determinó que los chats se inventaron desde la Jefatura de Gabinete de la Rosada”. Hoy, en el entorno del propio D’Alessandro relativizaron esa declaración. Dijeron que es algo que la Justicia “está investigando”, pero sostuvieron, de todos modos, que el Gobierno “debería dar las explicaciones” porque como un paso previo al hackeo se hizo una consulta sobre D’Alessandro “con credenciales administradas” por la Jefatura de Gabinete.
Según Rossi, la justicia porteña demoró la consulta al Gobierno y eso impidió aclarar antes la cuestión. El jefe de Gabinete dijo que recién ayer les llegó el oficio judicial y que los registros informáticos no dejan dudas: fue un usuario externo a la Jefatura de Gabinete quien entró en la página de Trámites a Distancia (TAD), que administra la Jefatura, pero es de acceso público. Siempre según Rossi, ese usuario ingresó el DNI y el número de trámite del documento de D’Alessandro, no hizo nada más y abandonó la página.
“El universo de ciudadanos que pudieron entrar a la página de trámites a distancia son todos los argentinos. Cualquiera que tenga el DNI de D’Alessandro y el número de trámite, que está en el plástico del documento”, dijo Rossi a LA NACION. Este ingreso a la plataforma de Trámites a Distancia fue el 19 de octubre del año pasado a las 14:17. Una hora y nueve minutos más tarde, se concretó el hackeo con una maniobra de Sim Swap, que consiste en el cambio de tarjeta SIM, previo chequeo por parte de Movistar de algunos datos personales del usuario que está pidiendo el reemplazo.
La hipótesis de la fiscal porteña especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy es que el trámite en la página administrada por la Jefatura de Gabinete habría tenido por objetivo hacerse del número de trámite de D’Alessandro que Movistar pediría para habilitar el cambio de tarjeta SIM. Según Rossi, ese dato ya lo tenía quien entró a la página. En ese caso, la finalidad de la consulta podría haber sido chequear que fuera correcto. Rossi informó que una vez que el usuario ingresó los dos números y la plataforma de Trámites a Distancia corroboró que eran correctos (previa consulta automática con el Registro Nacional de las Personas) y autorizó el ingreso, el usuario no hizo nada más y abandonó la página.
LA NACION le preguntó a Rossi si la Jefatura de Gabinete tiene identificado el IP de la computadora desde donde se hizo esa consulta, lo que permitiría llegar a quien la hizo. “No es algo que nos haya pedido la Justicia”, respondió.
Según la investigación judicial, además, dos minutos antes de que los hackers hicieran el cambio de tarjeta SIM, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el principal acusado, entró en el sistema Nosis para conseguir datos confidenciales sobre D’Alessandro. Lo hizo usando el nombre de un exfuncionario que trabajaba con Marcos Peña durante el gobierno de Mauricio Macri.
Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro confesó haber sido el responsable del hackeo y dijo que le pagaron 15.000 pesos por cada uno de los teléfonos en los que entró. Los investigadores buscan ahora determinar quiénes son esos supuestos autores intelectuales del espionaje ilegal.
D’Alessandro dejó su cargo de ministro porteño el jueves pasado. Estaba de licencia desde enero, después de que se difundieron supuestos chats suyos con jueces y empresarios; entre ellos, mensajes que daban cuenta de presuntas maniobras coordinadas para ocultar un viaje a Lago Escondido con magistrados federales, el fiscal general de la Ciudad y directivos del Grupo Clarín.
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