Agravan una condena contra Milagro Sala, que deberá cumplir una pena de tres años y seis meses de prisión

La dirigente social Milagro Sala fue condenada a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el violento escrache que sufrió el actual gobernador de Jujuy Gerardo Morales en 2009, cuando era senador nacional.

Sala, que cumple arresto domiciliario, había sido condenada por daños a la pena de tres años, pero la Cámara de Casación ordenó dictar un nuevo fallo; esta vez, agregando el delito de amenazas.

El fallo que le impuso la nueva pena fue dictado por el Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado por los jueces Alejandra Cataldi, Héctor Juárez Almaraz y Liliana Snopek, en momentos en que el presidente Alberto Fernández visitaba la vecina provincia de Salta.

Para que la pena se haga efectiva, dijeron los jueces, se estará pendiente a que quede firme esta sentencia, previo paso por la Cámara de Casación y eventualmente la Corte Suprema de Justicia, que ya intervino en el caso.

Tras esta sentencia, organizaciones sociales están organizando un acampe en la Plaza de Mayo, como acción de protesta y presión sobre Alberto Fernández, quien visitó a Sala en la cárcel durante las vísperas del año nuevo de 2017 pero luego, como presidente, negó que existieron “presos políticos” en el país, lo que le valió duras críticas de Sala y el kirchnerismo duro. El acampe organizado por Tupac Amaru coincidirá con los 2000 días que llevan los procesos contra Sala y se realizará del 6 al 11 de julio en Plaza de Mayo.

En el entorno de Morales señalan que el fallo es de la Justicia federal, no provincial, como una repuesta a los opositores que lo acusan de manejar la Justicia de la provincia que gobierna.

El gobernador Morales, como querellante, había pedido que la condena fuera de siete años y que fuera de cumplimiento en el penal federal de General Güemes, en Salta.

El fallo además impone la pena de tres años y seis meses a María Graciela López como coautora de daño agravado y amenazas coactivas; y la pena de dos años y un mes en suspenso a Ramón Salvatierra.

Sala fue condenada como instigadora del episodio ocurrido el 16 de octubre de 2009, denunciado por Morales cuando era senador. En ese momento, cuando estaba acompañado del entonces auditor General de la Nación Leandro Despuy, de Alejandro Nieva y del diputado nacional Miguel Angel Giubergia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, fue agredido por integrantes de una red de organizaciones sociales que responden a Milagro Sala. Morales sostuvo que Sala ya lo había amenazado antes, en dos ocasiones, por sus críticas a la asignación discrecional de licencias de radios FM a organizaciones sociales que respondían al kirchnerismo. Según lo denunciado, una de las amenazas fue en un acto en Palpalá y la otra, a través de un diputado y su hermano Freddy Morales.

Los jueces Alejandra Cataldi, Héctor Juárez Almaraz dieron por probado que María Graciela López, quien ese día se encontraba en el hall de entrada del edificio, con su teléfono celular avisó de la llegada de Morales al lugar. Luego de unos instantes, llegó un grupo de entre 10 y 20 jóvenes comandados por Ramón Gustavo Salvatierra y López, que ingresó de manera violenta, rompiendo los vidrios del frente del edificio, arrojando huevos, piedras, sillas, mesas, abrochadoras, perforadoras y cajas con documentación. Agredieron a las personas que se encontraban presentes y se retiraron. Comenzaron a proferir amenazas a Morales: “A quién vas a venir a controlar vos, hijo de puta, la vas a pagar, venimos en nombre del pueblo, ya te encontramos, esta vez no te escapás, qué mierda hablás de las organizaciones sociales, dejate de joder con los planes sociales, por qué te metés con las organizaciones sociales; hijo de puta, deja de salir en los medios; te vamos a pegar un tiro; la vas a pagar, no hables más de nosotros”, le dijeron, según las pruebas de la causa penal.

Si bien las amenazas fueron contra el entonces senador, estaban dirigidas también a los miembros de la Auditoría General de la Nación, quienes habían concurrido al Consejo de Ciencias Económicas para disertar sobre el control de los fondos nacionales que se transferían a la provincia para las organizaciones sociales. Esas amenazas tenían por finalidad que cesaran los controles a las organizaciones sociales que Milagro Sala lideraba, impulsados por Morales, quien en ese momento era miembro de la Comisión Bicameral Permanente Revisora de Cuentas.

Los jueces evaluaron que Milagro Sala fue la instigadora del hecho y culpable de ambos delitos porque “ha quedado plenamente acreditado que previo a los hechos ocurridos en el Consejo de Ciencias Económicas, el día 16 de octubre de 2009 entre las 17:00 y las 18:00, en la casa de Milagro Sala tuvieron lugar dos reuniones en las cuales se encontraban presentes varios dirigentes de distintas organizaciones sociales. En esas dos oportunidades Milagro Sala organizó un escrache a Gerardo Morales con la finalidad de evitar que se llevara adelante la conferencia en la cual el entonces senador iba a disertar junto con los miembros de la Auditoría General de la Nación. Allí la encartada ordenó a los presentes –entre quienes se encontraba López– que debían participar en tales hechos y describió las conductas a realizar para lograr su cometido, esto es, evitar por cualquier medio que Gerardo Morales hablara en la conferencia”.

Indicaron que la prueba reseñada demuestra plenamente que “días previos a la conferencia que se iba a dictar en el Consejo de Ciencias Económicas sobre el control público, tuvieron lugar en la casa de Milagro Sala, dos reuniones en las cuales Sala planeó y organizó el plan a llevar a cabo por la gente que ella comandaba, detallando las acciones a realizar, las que además de tirar huevos, llegaban incluso a pegarle a Gerardo Morales, en el supuesto de que pudieran llegar a él. El fin inmediato del ataque planeado por Sala, para que lo ejecutaran López y Salvatierra, era evitar por se realizara la conferencia sobre control público en la cual iban a disertar Gerardo Morales en su calidad de Senador Nacional, y por la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy y Alejandro Nieva, pero el fin último de su plan delictivo era conseguir que cesaran los controles a las organizaciones sociales, que dejaran de meterse con ellos”.

Los jueces aclararon que no se criminalizó una protesta social, como sostiene la defensa, sino “conductas respecto de las que existe convicción suficiente para considerarlas típicas, antijurídicas y reprochables a sus respectivos autores, aun cuando han sido cometidas en el marco de una protesta social”.

La jueza Snopek ensayó una disidencia al sostener que a su juicio la Casación debería haber condenado por amenazas, si entendía que correspondía, o debería haber ocurrido porque este tribunal ya se había pronunciado por sobreseer a los acusados por ese delito. No obstante y al quedar en soledad, adhirió a la pena impuesta a los acusados y a los fundamentos de sus colegas “por resultar suficientes y ajustados a derecho, teniendo en cuenta los fines de resocialización y de prevención especial de los acusados”.

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