"Agente buchón": así controla Patricia Bullrich a la Gendarmería

"Si me preguntan a mí, tengo una fuerte convicción de que la Gendarmería no fue. Me siento segura porque hicimos un trabajo muy fuerte de investigación”. La frase pertenece a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tras ser consultada sobre la sospecha de que Gendarmería Nacional habría estado involucrada en la desaparición de Santiago Maldonado tras un operativo de desalojo en la ruta N° 40 de la provincia de Chubut, ocurrido el primero de agosto pasado, cuyos motivos de fallecimiento aún son investigados por la Justicia.

"Les pido que no estigmaticen a la Gendarmería", agregó la máxima autoridad de Seguridad de la Nación, y la afirmación tiene un trasfondo no muy conocido hasta el momento. El sistema de protección a agentes “soplones”, que forma parte de una de las primeras medidas que tomó Bullrich tras asumir como ministra: la creación del Área de Control de Integridad de las Fuerzas Federales, que son Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El programa se convirtió, desde el inicio de su gestión, en el brazo controlador y fiscalizador de los agentes de las cuatro fuerzas. Dentro del área trabajan unas sesenta personas, todas ellas asumieron tras la llegada de Bullrich al ministerio.

De varias medidas que lleva a cabo esta novedosa área ministerial -como la obligación de presentar declaraciones juradas, controles toxicológicos sorpresivos, y un área de diversidad sexual-, quizás la más disruptiva sea el “Sistema de Protección Administrativa”, inspirado en el método “WhistleBlowers” que utiliza, entre otras instituciones, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como NSA.

El sistema fue creado para proteger a los agentes de las fuerzas de Seguridad que decidan denunciar voluntariamente un hecho de corrupción interno de las fuerzas. Garantiza a quienes hablen que no serán hostigados por un jefe directo, porque se le brinda protección administrativa directa de la cúpula ministerial, sin que haya un superior jerárquico de por medio.

En medio de la falta de resolución sobre los motivos de la muerte de Santiago Maldonado, la ministra modificó la norma original, que había sido decretada a principios del 2016, mediante una nueva resolución, la 1014-E/2017, con la que se amplió el margen de protección: la original afectaba a testigos o victimas de corrupción; con la modificación, se amplió a “denunciantes”, y se incluyó también la posibilidad de denunciar situaciones de “violencia institucional”.

Creada en febrero de 2016, mediante la resolución 561 - E/2016, el área comprende cinco direcciones. Para ocupar estos lugares, considerados clave para "transparentar" las fuerzas y para atacar lo que Bullrich denomina "mafias corruptas arraigadas", según sus propias palabras, la ministra se rodeó de personas de su extrema confianza.

En agosto de este año fue descabezada la unidad de la Policía Federal de Chascomús, luego de que un suboficial realizará la denuncia de que su superior, el subcomisario Jorge Morel, filtraba información a presuntos delincuentes sobre la incautación de drogas y se negaba a investigar determinadas causas. Tras un operativo sorpresa en la localidad bonaerense, se comprobó la veracidad de la denuncia. Inmediatamente, fue puesto a disponibilidad y tiene una denuncia penal en su contra, según confiaron fuentes de Seguridad a LA NACION.

Consultado por LA NACION, el perito forense Miguel Ángel Maldonado opinó que se trata de un cambio radical desde la concepción de lo que en un pasado se denominó como obediencia debida dentro de las fuerzas de seguridad.

“Las fuerzas aún están saliendo de un proceso de lasitud; antes, cada uno hacía lo que le parecía, y no había control. Está bien que todo inferior pueda denunciar a un jerárquico si ve algo verdaderamente ilegal, pero tiene que tener fundamentos, no debe convertirse en una caza de brujas, porque así se perdería la cadena de mando”.

Al ser interrogados los 40 gendarmes que participaron del operativo de desalojo en la ruta provincial N° 40, cercana al Pu Lof de la provincia de Chubut, y otros 30 efectivos que estuvieron en la zona y podrían haber participado indirectamente, se les ofreció el ingreso al sistema. Nadie denunció irregularidades.

Días después Patricia Bullrich defendió el accionar de Gendarmería en una comisión bicameral del Congreso, creada para debatir sobre la entonces desaparición de Maldonado. La defensa fue cerrada: “Necesito a esa institución para todo lo que estamos haciendo –afirmó–, para la tarea de fondo que está haciendo este Gobierno. Si lo primero que hacemos es tirarle la responsabilidad al gendarme, sería una mala ministra”.

“No se trata de un sistema que alimente un espíritu buchón, sino que busca generar un ánimo de agentes íntegros que, además de prestar servicio, decidan cuidar a la fuerza que integran por decisión vocacional y de servicio, advirtiendo sobre posibles problemas, es decir, previniendo, y no buchonenado”, aseguran desde el ministerio.

Consumo interno de drogas

El área cuenta con otra facultad novedosa para estos tiempos: un equipo de la Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad tiene la facultad de realizar pruebas toxicológicas en cualquier dependencia de las cuatro fuerzas a lo largo y ancho del país. Tienen el carácter de “sorpresivas, preventivas y aleatorias".

Para llevarlo a cabo se importó desde Alemania una Dräger DrugTest 5000, que es un aparato del tamaño de un microondas, capaz de detectar en ocho minutos seis drogas en un cuerpo: benzodiacepinas, anfetaminas, metanfetaminas, opiáceos, cocaína, y marihuana.

La muestra recogida se puede analizar de inmediato para obtener resultados precisos in situ. A los agentes que se les detectan drogas en el organismo, se les inician sanciones administrativas. Y se eleva la denuncia a la Justicia. Varias de esas pruebas aleatorias ocurrieron últimamente en Chubut, aunque no trascendieron los resultados.

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