AFIP: denuncian que adulteraron la auditoría que benefició a los Kirchner, Cristóbal López, Lázaro Báez y Ricardo Echegaray
Se trata de la información con la que Marcó del Pont, titular del organismo, basó su denuncia contra la gestión de Macri por “hostigamiento fiscal” a la vicepresidenta y sus hijos
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LA NACION
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la Justicia que Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos habían sido víctimas de “hostigamiento fiscal” durante la gestión de Cambiemos. Ahora, uno de los acusados pasó al ataque: afirmó que la AFIP basó su denuncia en una auditoría adulterada, al punto que quienes la desarrollaron se negaron a firmarla y por eso fueron desplazados de sus cargos. Eso, sostuvo, buscó dos fines: victimizar a los Kirchner y ayudarles a que no paguen sus deudas tributarias.
La acusación la presentó Jaime Mecikovsky, uno de los funcionarios de más alto rango dentro de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad. Expuso que las conclusiones de la auditoría interna OPI 16/20 y del informe confidencial de auditoría interna OCV 11/2020 que refrendó Mercedes Marcó del Pont “son bien distintas a las que realmente arribaron los funcionarios que llevaron a cabo las tareas de campo”.
“Por esa razón, no firmaron el informe final de la OCV 11-2020 del jueves 25 de junio de 2020. Las conclusiones fueron previamente ‘ajustadas’ por la subdirectora general de Auditoría Interna, Gabriela Camiletti”, denunció. “Y como consecuencia de ellos se quitó de los cargos a quienes habían realizado la tarea, bajándoseles incluso la remuneración en diciembre de 2020 por no haber firmado las conclusiones ‘modificadas’”, agregó.
De verificarse en sede judicial, las afirmaciones de Mecikovksy conllevarían múltiples consecuencias. Por un lado, derrumbaría la versión de los Kirchner, que se presentan como víctimas de una persecución o “lawfare fiscal”. Y colocaría en el banquillo de los acusados a Marcó del Pont y sus colaboradores, que también invocaron la supuesta persecución contra los Kirchner al retirarse de la querella en el juicio oral contra Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa, empresarios sobre los que también retiraron el reclamo civil.
“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo en común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, planteó la AFIP al explicar su retirada del juicio oral. La definió como “una decisión de responsabilidad institucional, al no legitimar la persecución, el hostigamiento y las arbitrariedades acontecidas durante el gobierno anterior”.
En la misma línea, la presentación que refrendó Marcó del Pont sostuvo que “la entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado”.
Ahora, sin embargo, Mecikovsky pidió que la Justicia cite a declarar como testigos a cuatro funcionarios de la AFIP que desarrollaron la auditoría, en tanto que pidió en un segundo escrito que se rechace el intento del organismo por ser tomado como querellante en la causa por presunto hostigamiento fiscal en contra de los Kirchner. ¿Por qué? Porque considera que los mismos funcionarios que se presentarían como querellantes podrían terminar como acusados si se corrobora que se manipularon las auditorías.
En esa línea, Mecikovsky detalló que la AFIP incumplió con su manual de auditoría interna, ni se dejó constancia que la jefa máxima del área milita en La Cámpora, ni que se consultó sobre los supuestos hallazgos a la excuñada de Máximo Kirchner, Virginia García. “Entiendo que se debería dejar explicitado tal y como se hace cuando a un testigo se lo interroga sobre las ‘generales de la ley’”. Es decir, si es familiar, amigo, socio y otras posibles vinculaciones.
Exsubdirector general de Operaciones Impositivas del Interior durante la gestión de Alberto Abad, Mecikovsky sostuvo que toda la acusación por presunto “hostigamiento fiscal” buscaría en realidad “hacer desestimar los títulos ejecutivos de deuda tributaria correspondientes” a Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia. En esa línea, planteó que:
- El incumplimiento de sus obligaciones fiscales no surgió de una investigación de la AFIP –que indició que no inició ninguna en sede administrativa por iniciativa propia entre 2015 y 2019 sobre los Kirchner–, sino “del análisis tributario ordenado por la Justicia Federal”, en Río Gallegos, incluyendo deudas por Ganancias, IVA y Bienes Personales.
- “La afirmación de que la investigación sobre sus impuestos fue clandestina porque no la notificaron también se caería. Explicó que la exigencia legal de notificar la “orden de intervención” comenzó a regir mucho después de iniciada la investigación judicial en Río Gallegos. Rigió a partir de diciembre de 2017, con la reforma de la Ley de Procedimiento Tributario. Es decir, que les reprochó a los funcionarios de la AFIP algo que por ley no era exigible cuando ocurrió.
- La afirmación de que un “grupo de tareas” la investigó dentro de la AFIP, sería una afirmación de tinte político. “Despojando el término ‘grupo de tareas’ del sentido negativo”, sostuvo Mecikovsky, “entiendo que con esos términos pretende definir el actuar coordinadamente para defender el erario, función esencial para la que fuimos contratados los agentes de la entidad recaudatoria”.
- La afirmación de que la notificaron de esa investigación tributaria en la sede del estudio del contador Víctor Manzanares, quien se convirtió en arrepentido en la “causa Cuadernos”, privándola así de su derecho de defensa, también se caería. ¿Por qué? Porque ella misma ratificó “expresa y personalmente” ese domicilio fiscal con notas firmadas por ella, en diciembre de 2017, “cuando era público que el contador Manzanares ya llevaba cinco meses detenido”. No lo modificó. Al contrario, lo reiteró el 22 de enero de 2018, cuando ratificó ese domicilio fiscal en una presentación ante la agencia de AFIP en Río Gallegos. Dos semanas después, el 2 de febrero de 2018, también lo ratificó Máximo Kirchner.
Tras replicar a otras afirmaciones de la familia Kirchner que validó la AFIP al presentar su denuncia por “hostigamiento” en febrero de 2020 y su ampliación en diciembre de ese año, Mecikovsky sostuvo que el kirchnerismo cruzó una línea que la clase política jamás había cruzado antes.
“La pretensión de darle un envoltorio de ‘persecución o conspiración política’ al simple control del pago y de las declaraciones de impuestos tampoco es novedoso. Ha sido planteada a lo largo de las décadas por diversos sujetos con poder político que por tenerlo entienden que se encuentran fuera del ámbito de la igualdad ante la ley común de los contribuyentes del país”, sostuvo. Pero en este caso, abundó, “se agregan a las chicanas procesales tendientes a no pagar lo que adeudan, denunciar a quienes procuraron que cumpliera con lo que les era obligatorio”.
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