Aerolíneas | El Gobierno suma presión a los empleados y evalúa traspasarles acciones de la compañía si la privatización no avanza en el Congreso

Después de que este viernes se anunciara que el presidente Javier Milei se pondrá al frente de la avanzada para la privatización de Aerolíneas Argentinas, el gobierno nacional trabaja para incorporar una cláusula que contemple que si no se aprueba el proyecto para diciembre próximo, las acciones de la compañía se transferirán a sus empleados. Así lo supo LA NACION de fuentes al tanto de los detalles en los que se trabajan por estas horas y que apuntan a sumar presión a los gremios en medio del conflicto.

El vocero Manuel Adorni anunció que Milei firmará un decreto para poner a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. Será bajo el artículo 9 de la ley de reforma del Estado (23.696), que data de las épocas menemistas, para avanzar en ese sentido. En este marco existe otra legislación que determina que se precisa la autorización del Congreso para que el Estado quede desafectado de esta compañía en particular. “La idea de esto es para acelerar el proyecto, darle trámite prioritario al proyecto del Pro, del diputado Hernán) Lombardi”, detallaron fuentes cercanas al Presidente en la tarde de este viernes.

En la Casa Rosada están convencidos de que es “el momento para hacerlo” por el “contexto social” que entienden apoya la avanzada del Poder Ejecutivo sobre los gremios aeronáuticos, en una escalada que lleva semanas.

En ese sentido redoblan la presión y advierten que se trabaja en la cláusula para que “si no se aprueba el proyecto para diciembre, se le transfieran las acciones a los empleados”, según definieron importantes fuentes de Casa Rosada sobre la idea en la que trabajan. “Con que un empleado adhiera, la transferencia se realiza”, aseguraron. Y más allá de esta posibilidad, hay “interés de empresas en comprar la compañía”, agregaron los voceros consultados en la sede gubernamental.

La idea del gobierno es impulsar cuanto antes el proyecto de Pro, de la autoría de Lombardi, que fue uno de los dos, junto al de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, que el miércoles comenzaron a tratarse en Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja. El trámite, aunque comenzó, parecía que podía avanzar lento, por lo que se decidió imprimirle celeridad. Sin embargo, el oficialismo y sus aliados macristas no consiguieron el dictamen e insistirán con obtenerlo el próximo martes.

Para el Gobierno, el proyecto en general y la posibilidad de transferir las acciones de la compañía a los empleados no solo está dada por el “contexto social” sino también apalancada en la convicción que muestran al asegurar que “si el conflicto continúa así, en 60 días (Aerolíneas) estará fundida”.

La medida se inscribe en la lista de acciones que viene llevando adelante el Gobierno en el marco de su conflicto con los gremios aeronáuticos que comenzó un mes y medio atrás.

La estrategia oficial se despliega en el contexto del conflicto que mantienen tres gremios aeronáuticos: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Y va desde las negociaciones con otras compañías para que comercialicen operaciones de la línea de bandera nacional, hasta la avanzada alrededor de la posible privatización de la compañía.

La idea de pasar la compañía a manos privadas estuvo siempre en la agenda libertaria, que la incluyó en el listado de 41 empresas a privatizar en la Ley de Bases, que se trató durante el primer semestre del año, pero luego debió sacarla casi sobre el final en medio de las negociaciones con la oposición dialoguista. Sin embargo, más allá de haberla tenido que retirar, en las filas libertarias no ocultaron su voluntad de ponerla a la venta, lo que ahora se ve posibilitado y acelerado por el contexto de crisis con los gremios.

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