Adicciones: senadores cristinistas presentaron un proyecto de ley “antidoping” para funcionarios de los tres poderes
La iniciativa establece la realización obligatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina al menos una vez al año y de manera aleatoria
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LA NACION
La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana Di Tullio presentó un proyecto de ley de Coherencia de los funcionarios públicos en el marco de la lucha contra el narcotráfico, que establece la realización de un examen antidoping a los representantes de los tres poderes del Estado.
La iniciativa establece la realización obligatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina al menos una vez al año y de manera aleatoria.
“La situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia”, afirmó Di Tullio en un comunicado de prensa.
La iniciativa está encabezada por el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, el senador José Mayans; y además de Di Tullio, lleva las firmas de la senadora Anabel Fernández Sagasti y el senador Oscar Parrilli.
Según se precisó, el proyecto contempla que el control estaría a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y alcanzaría a los tres poderes del Estado.
Del Poder Ejecutivo al Presidente o Presidenta de la Nación, Vicepresidente o Vicepresidenta de la Nación, Ministros o Ministras y funcionarios hasta el rango de subsecretario de Estado; del Poder Legislativo, los legisladores y legisladoras y funcionarios hasta el rango de prosecretarios; y del Poder Judicial a los magistrados en todos sus niveles, y funcionarios hasta el grado de prosecretario administrativo.
El proyecto prevé que, ante la detección de la presencia de una droga ilegal, la autoridad de aplicación establecerá conjuntamente con la máxima autoridad de cada uno de los poderes el proceso de suspensión y/o licencias hasta su recuperación, respetándose las garantías constitucionales del debido proceso.
LA NACION
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