¿Acusar a Cristina Kirchner o pedir su absolución? El dilema de la UIF en la causa de Vialidad

La Unidad de Información Financiera (UIF) enfrenta un dilema: qué hacer el 11 de julio, cuando comience la etapa de alegatos en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y Lázaro Báez por los contratos de obra pública que el empresario santacruceño recibió durante los tres gobiernos kirchneristas. La Oficina Anticorrupción (OA) ya desistió de su rol de querellante y comunicó que no acusará a quienes están en el banquillo de los acusados. Solo quedan como acusadores el fiscal Diego Luciani, que prepara un fuerte alegato, y la UIF, el organismo anti lavado que cambió de mando el año pasado y que ahora conduce el abogado kirchnerista Juan Carlos Otero.

¿Cuáles son las posibilidades? De acuerdo con su protocolo interno, el organismo que depende del Poder Ejecutivo ya no puede desistir de su rol como querellante. Si ya no lo hizo pero tampoco presenta un alegato, sus titulares podrían ser denunciados por incumplir con los deberes de funcionario público, dijo a LA NACION una fuente que interviene en esta causa. Si, en cambio, formula un alegato, puede acusar y pedir penas para los imputados o bien pedir que sean absueltos. Qué actitud adoptará entonces la UIF es, al día de hoy, una incógnita. Tanto para los abogados que intervienen en la causa como para los funcionarios judiciales.

Cristina Kirchner y Lázaro Báez no son los únicos acusados. También están el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exfuncionario Santiago Carlos Kirchner y los exfuncionarios de la Dirección de Vialidad Nacional, y de la Dirección de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Todos ellos son investigados por el presunto direccionamiento de obras públicas viales a las empresas de Báez. Otra opción que señaló una fuente que conoce la causa a este medio podría ser que la UIF pida la absolución para Cristina Kirchner pero pida condenas para los funcionarios provinciales. Aún así, marcó esta fuente, el organismo estaría señalando que se cometieron delitos de corrupción durante el kirchnerismo.

El organismo antilavado atraviesa una situación incómoda desde que asumió el gobierno el Frente de Todos. En lo que hace a casos por corrupción, la UIF pasó de tener una marcada actividad en los tribunales federales -durante la gestión de Mariano Federici y María Eugenia Talerico- a tener un lugar casi pasivo. A diferencia de la OA, que anunció la decisión de su titular Félix Crous de retirar las querellas penales que sostenía ese organismos en los expedientes por delitos de corrupción, la UIF no se retiró. Pero por omisión mostró su posición, por ejemplo, cuando no apeló medidas judiciales tales como sobreseimientos en causas en las que era querellante.

Un ejemplo fue el archivo de una causa contra decenas de empresarios y de la propia Cristina Kirchner en una causa por lavado de dinero que surgió por una denuncia de la UIF durante el macrismo como una derivación del caso de los cuadernos de las coimas. La UIF no apeló esa decisión.

El cuestionamiento más fuerte que recibió el área de litigios penales fue cuando la UIF “se olvidó” de apelar el sobreseimiento de Paolo Rocca en la causa de los cuadernos de las coimas. Ese episodio, que les costó sumarios administrativos a los abogados encargados de esa tarea, culminó con la salida de Carlos Cruz y su vice, Mariana Quevedo. Entonces desembarcó Otero, un abogado cercano al diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y Luna Montes como vice, también abogada y especializada en la lucha contra el lavado de activos.

Se suma a este escenario un incómodo antecedente para el área de Litigios Penales de la UIF: durante el alegato de los abogados de ese organismo en el juicio que enfrentó Lázaro Báez por lavado de dinero, y por el que se le dictó una condena de 12 años de cárcel, los abogados del organismo antilavado sostuvieron que el dinero tenía su origen ilícito en contratos de obra pública que Báez recibió durante los tres gobiernos kirchneristas. Cuando ese alegato se hizo público, le achacaban al jefe de los abogados de la UIF haber formulado un pedido de penas más bajas de lo que estaba previsto durante la gestión anterior, en la que se participó activamente como querellante en esa causa. Pero el organismo dejó asentada una posición respecto de la acusación contra Báez por lavado de dinero y de dónde provenían los fondos ilícitos. Los letrados que en presentaron ese pedido de penas en el juicio contra Lázaro Báez son Carlos Pujol y Fabián Mérola. Ambos dejaron la UIF el año pasado.

El área de Litigios Penales quedó desmantelada durante la gestión del Frente de Todos y hoy todavía sigue formalmente vacante. Tiene injerencia en ese sector el abogado Leandro Ventura. Del equipo de personal que trabajaba en Litigios Penales durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri solo queda un 5 por ciento, reconstruyó este medio.

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