Acusan a Julio De Vido, Ricardo Jaime y a su testaferro por comprar trenes chatarra a España y Portugal
Se pagaron 100 millones de euros y los vagones quedaron arrumbados sin uso; hubo servicio ficticios para facturar supuestos sobornos por casi 1 millón de euros
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LA NACIONHernán Cappiello
La fiscalía acusó al exministro de Planificación Federal kirchnerista Julio De Vido, al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y a su supuesto testaferro Manuel Vázquez por la compra de trenes usados a España y Portugal por unos 100 millones de euros que en su mayor parte terminaron arrumbados y sin refaccionar, en una operación donde se sospecha se pagaron sobornos.
La fiscal Gabriela Baigún avanzó de esta manera en el megajuico que se le sigue a Jaime por enriquecimiento ilícito, pero que también abarca otros hechos, como esta operación ferroviaria donde están acusados en particular De Vido y Vázquez. Los jueces Julio Panelo, Jose Martínez Sobrino y Fernando Canero son los que escucharon el alegato y los que deberán decidir.
La fiscal dijo que De Vido, que era ministro de Planificación, Jaime, que era su secretario de Trasporte con la colaboración de Manuel Vázquez, jefe de asesores del ministerio y supuesto testaferro de Jaime adquirieron estas unidades ferroviarias a España y Portugal, violando sus deberes como funcionarios, comprometiendo al Estado de manera abusiva y provocando un perjuicio patrimonial irreversible. Dijo que Jaime y De Vido “violaron las obligaciones del buen administrador”.
Los trenes adquiridos, en algunos casos, eran incompatibles con la red ferroviaria, en su mayoría al año 2015, el material comprado estaba tirado, sin posibilidad de ser reparado, abandonado y con vegetación que había cubierto el interior y exterior de los coches y las ruedas. La fiscalía exhibió estas fotos durante el juicio.
Una de las principales evidencias de la acusación es un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que analizó toda la operación y la situación del material rodante adquirido. El perjuicio que estimó la fiscalía es de 30 millones de euros. La AGN concluyó que hubo sobreprecios, servicios ficticios usados para justificar el pago de sobornos y que en su mayor parte los tres adquiridos no funcionaron o nunca se repararon.
La fiscalía dijo además que la empresa Caesa, ligada a Manuel Vázquez, facturó 913.186 euros por servicios que nunca prestó, lo que considera evidencia del cohecho. Incluso la fiscal explicó que mientras se daban estas operaciones el patrimonio de Jaime creció de una manera injustificada al punto que adquirió un barco de mas un millón de dólares, un avión, autos, hoteles y propiedades.
La firma Caesa estaba contratada para brindar asistencia técnica y otros servicios que no prestó, al punto que cuando el material rodante desembarcó desde Europa estaba un funcionario del ministerio de Transporte y nadie de esta firma. El despachante de Aduana que intervino, también trabajó con el Ministerio, nunca con la firma de Vázquez.
El juicio se realizó por Zoom, donde participaron unas 40 personas entre acusados y sus abogados. Jaime está disculpado de participar por problema de salud; De Vido permaneció buena parte del alegato con su cámara apagada y la encendió para saludar a los jueces del tribunal cuando acabó la audiencia.
Según un cuadro que proyectó la fiscal, 79 por ciento de los trenes traídos de España estaban en 2015 fuera de servicio, o no era usado de ningún modo en el servicio ferroviario y lo mismo ocurrió con el 54 por ciento de las formaciones traídas de Portugal, lo que provocó un perjuicio al Estado de casi 100 millones de euros.
Asimismo dijo que el perjuicio se agravó porque no se tomaron resguardos para el cuidado del material adquirido que era patrimonio estatal y que terminó corroído, invadido por vegetales, parcialmente incendiado, sepultado por plantas por ejemplo en los talleres de EMEPA en Chascomús.
Dijo asimismo que en la operación hubo incumplimientos por parte de los vendedores que no realizaron las tareas a las que se habían comprometido y lo mismo las empresas intermediarias, pantalla para justificar el pago de sobornos.
Se investigan los delitos de cohecho y administración fraudulenta. La fiscalía continuará el alegato el lunes 29 de noviembre, a las 12, cuando pedirá penas por este delito y avanzará con la próxima acusación contra Jaime.
Por Hernán Cappiello
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