“Acuerdos de Paz Social”: los aprietes del Pata Medina que investiga la Justicia

El vídeo difundido por la AFI y por el que fueron apuntados María Eugenia Vidal y sus exfuncionarios fue la oportunidad del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina para denunciar que fue víctima de espionaje político y de una persecución judicial, a la vez que, desde las más altas esferas del kirchnerismo cuestionaron que durante el gobierno de Mauricio Macri se armaron causas judiciales. A Medina, sin embargo, lo comprometen un cúmulo de pruebas que serán analizadas en un juicio oral, cuya fecha de inicio está pautada para el 1 de marzo próximo.

De las cuatro causas judiciales que más preocupaban al caudillo local de la Uocra platense desde 2017 en adelante, tres fueron cerradas y solo una sigue su curso. Es el expediente en el que se lo acusa de comandar una asociación ilícita dentro de la seccional de la Uocra de La Plata y de amenazar y extorsionar a empresarios de la construcción. La causa fue instruida por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y está elevada a juicio oral, en manos del Tribunal Oral Federal 2 de la Plata, a cargo del juez Alejandro Esmoris. Pesa sobre él en esa causa un embargo por 200 millones de pesos.

Hay decenas de empresarios y testigos de identidad protegida que declararon en ese expediente. Brindaron información detallada sobre cómo era la operatoria de amenazas y extorsiones por parte de Medina y sus aliados, dónde se hacían los pagos del dinero que exigía y cuáles eran las condiciones que se les imponían para “garantizar la paz social” y la continuidad de las obras.

Según describió la fiscal federal de Quilmes Silvia Cavallo en el requerimiento de elevación a juicio, los empresarios de la construcción eran sometidos a “exigencias económicas” que eran documentadas en el llamado “Acuerdo de Paz Social”, que les era obligado a firmar en la misma sede de la UOCRA La Plata, sin ninguna posibilidad de negociación, y que superaban las cláusulas macro contempladas por la UOCRA Nacional. Esta organización habría funcionado desde 2006 en adelante, indica la fiscal el expediente.

En una de las fojas del expediente al que accedió LA NACION, un testigo que pidió el resguardo de su identidad dijo: “El Pata me obliga a firmar un acuerdo de paz social para poder trabajar acá en la ciudad de La Plata, ellos me obligan a tomar gente de ellos de la bolsa de trabajo, el setenta porciento tiene que ser de ellos, más una plata que es una coima que le dicen el “camping” que se lo tengo que dar a Hugo Roldán en la esquina de 44 entre 2 y 3, es una suma que pago por quincena, ahora estoy pagando 8300 pesos, y también le pago el sueldo a un peluquero que se llama Miguel Cavallero que les corta el pelo a la gente del gremio. La ley no dice que yo tengo que contratar a gente del gremio, dice que tengo que contratar a gente de la región”

“También tengo que emplear a una mujer que no tiene actividad en la obra, y si no la empleo no puedo trabajar. El gremio me dice que tengo que firmar el acuerdo de paz social (...) -continuó el testigo- los delegados se presentan los primeros días de la obra y me exigen una cantidad de dinero para que les pague, de lo contrario se presentan en la obra y me inventan cosas para que no podamos seguir y tengamos que pararla. Estas coimas se pagan en el centro o en una plaza, ellos te llaman y te dicen en qué lugar se hace el pago”.

Y dijo: “Cuando firmo los acuerdos de paz social está presente Juan Pablo Medina, Hugo Roldán, Carlos Vallejos, Cristian Medina y algún otro que es gente de ellos y me dice cuáles son las condiciones para trabajar”.

Según otro de los testimonios, Medina decía: “Si no hacés lo que te pido, te tomo la obra”, como modalidad de imponer la contratación de determinados trabajadores a las empresas. Los empresarios de La Plata Gustavo Serafín Marín y Ricardo Alconada Magliano declararon como testigos que los delegados de las obras exigían que “el personal trabajara más lento para prolongar la relación laboral”.

La acusación sostiene que para poder continuar con las obras se les exigía por un lado “aportes dinerarios” no contemplados en el acuerdo, como aportes para “cuota camping”, “bonos de fin de año”, “día del niño”, “inicio escolar”, “navidad”, “premio de final de obra” o el pago de sueldos a empleados que no prestaban funciones, y “permisos de retiro del personal” que trabaja en obras para eventos políticos. También se imponía, según el expediente, la contratación de las empresas “Abril Catering”, “Mejor que en Casa” y “Rey del Cielo” para que brindaran servicios de catering a las obras.

Cavallo consideró probadas las interrelaciones entre el entorno de Medina y los integrantes de estas empresas, con quienes compartían autos (se corroboró a través de las cédulas azules), sociedades comerciales, bienes inmuebles, cuentas bancarias y domicilios. También en base a escuchas telefónicas y seguimientos ordenados por la Justicia a los autos que repartían las viandas. El dueño de Abril Catering, Juan Horacio Homs, había sido señalado por la acusación como el presunto testaferro del sindicalista.

Según el expediente judicial, cuando se defendió en esta causa, su abogado, César Albarracín, quien también defiende al sindicalista Marcelo Balcedo en otro caso, dijo: “las conquistas laborales importan, siempre, una restricción de las ganancias empresariales”. Medina negó ante la Justicia las extorsiones y dijo que los “Acuerdos de Paz Social” incomodaban a los empresarios pero lo calificó como una manera de “garantizar” a los empleados sus derechos laborales. También negó imponer la contratación de determinadas empresas, se desligó de Homs y dijo que otra de las firmas era de las sobrinas de su cuñado pero que no tenía nada que ver con él.

“Por cualquier obra que quisieras hacer en La Plata tenías que conceder aumentos de sueldo que no estaban dentro del convenio, además de un pago de suplemento por despido por fuera de lo que establecía la ley, o tomar personas de su bolsa de trabajo que no eran idóneas”, dijo un empresario de la construcción a LA NACIÓN.

“Ponían delegados de obras que no trabajaban y que se dedicaban a molestar en la obra pidiendo cosas, les decían a los empleados que trabajaran lento para que no se terminara la obra y no dejaban al capataz de obra conducir”, recordó otro empresario de la construcción sobre el caudillo local de la Uocra.

El sindicalista, que había sido detenido en 2017, fue excarcelado junto a su hijo Cristian “Puly” en febrero del año pasado, aunque se le impuso prisión domiciliaria en agosto del año pasado cuando violó la prohibición que le impuso la Justicia de participar en actividades sindicales.

El año pasado fue absuelto en una causa en la que estaba acusado de “compeler a la huelga” a un grupo de albañiles en cinco obras de la misma empresa y de manera simultánea, en La Plata, en 2017. Y ya fue sobreseído en otro expediente donde se investigaba si había amenazado con “prender fuego la provincia” si algún juez ordenaba su detención. Cuando asumió el Frente de Todos, Medina se convirtió en un activo querellante contra Mauricio Macri en el expediente que surgió en Lomas de Zamora por presunto espionaje ilegal.

Tras la difusión del video sobre la reunión ocurrida el 15 de junio de 2017 entre funcionarios de la AFI, funcionarios bonaerenses y empresarios del rubro de la construcción, Medina dijo que así se probaba que existió una persecución en su contra. Hoy pidió la imputación de María Eugenia Vidal, quien buscó relativizar los hechos denunciados y negó que existiera una mesa judicial durante su gobierno.

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