“Acá no se ve Justicia”, el malestar de los familiares del ARA San Juan por el veredicto del Consejo de Guerra
Consideran leve las sanciones impuestas al exjefe de la Armada y a otros oficiales
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MAR DEL PLATA.– Las sanciones que este lunes impuso el Consejo de Guerra a los jefes navales considerados responsables de la tragedia del submarino ARA sumó más malestar, indignación y dolor entre familiares de los 44 tripulantes fallecidos durante ese naufragio, ocurrido a mediados de noviembre de 2017 en aguas patagónicas.
Para algunos de ellos es incluso un cachetazo adicional al que habían sentido hace pocos días, cuando el gobierno nacional formalizó el ofrecimiento de beneficio extraordinario y único para –según el caso- padres, esposas y/o hijos de cada una de las víctimas.
Las primeras voces que llegaron tras el anuncio de las medidas adoptadas ayer desde el ámbito militar estás cargadas de disconformidad por considerarlas mínimas frente a semejante daño humano ocasionado con el hundimiento de este buque, que por esos días regresaba a Mar del Plata luego de operaciones en el sur y una última escala en el puerto de Ushuaia.
“Esto que está haciendo el consejo de guerra es una vergüenza y una burla....solo nos queda esperar qué dice la jueza y si no la justicia divina se encargara de cada uno de ellos”, dijo a LA NACION la madre del oficial sonarista Oscar Vallejos, Zulma Sandoval, que ahora espera por una condena contundente en la causa judicial que se sigue desde el juzgado federal de Caleta Olivia.
Recordó que en el Consejo de Guerra no tienen participación los familiares ya que solo pueden participar quienes son miembros de la fuerza .”Todo esto es para dilatar más, y la verdad que de ahí no va a salir nada, solo espero que la jueza (Marta Yáñez, a cargo de la investigación) pueda lograr que vayan preso todos los culpables......y que se hagan cargo de la tragedia que provocaron”, remarcó.
Yolanda Mendiola, madre del oficial Leandro Cisneros que integraba la dotación del ARA San Juan al momento del naufragio, dijo que la resolución del Consejo de Guerra “es aberrante” y lo consideró “otro dolor de los familiares”. “Dan 45 días de arresto y uno solo destituido, nosotros tenemos bronca porque no puede ser, acá no se ve justicia”, dijo a LA NACION.
Preguntó a los integrantes de ese cuerpo castrense “qué clase de camaradas son” que establecieron sanciones tan leves para semejante daño causado. ¿45 días por dejar morir a 44 submarinistas? Acá no hay justicia”, concluyó la mujer antes de recordar que la mayoría de los acusados tanto en este proceso interno militar como en la justicia “ocultaron pruebas, mensajes de auxilio, recibieron llamados por el submarino en emergencia y no lo2 consideraron importante”, manifestó.
Días atrás, otros familiares habían dejado a la vista algunas quejas también por los subsidios que el Estado confirmó para los familiares directos de los submarinistas fallecidos. “No es algo que nos ponga contentas, no es lo que nos corresponde”, confió a LA NACION una de las viudas, que pidió preservar su identidad. “Es mucho menos de lo que nos correspondería”, dijo sobre un monto que, según los cálculos, rondaría los siete millones de pesos que oficiaría como única indemnización por parte del Estado. “Es aceptar esto o meternos en un juicio a 20 años contra el Estado, es estar entre la espada y la pared”, acotó la mujer.
La madre de otro suboficial, que también pidió anonimato, afirmó que este subsidio es “una barbaridad, ese mísero presupuesto para pagar la vida de nuestros hijos no tiene nombre”. “Ellos valían mucho más que eso”, insistió sobre la suma que en su caso le corresponderían a su nuera y su nieto. “No están valorando como corresponde la vida que ellos dieron por la Patria”, remarcó.
Quien sí en aquel caso reconoció el gesto del Estado fue Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, que al momento del naufragio era teniente de corbeta. “Me parece un enorme gesto y lo agradezco”, dijo al recordar que en lo personal nunca planteó un resarcimiento económico, al igual que otros familiares de la tripulación a los que representa en la causa judicial. “Yo no le pongo precio a la vida de mi hijo, con un millón de dólares diría lo mismo”, aseguró a LA NACION.
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