Absolvieron a Paolo Rocca, su hermano y su primo por presunta corrupción por la falta de jurisdicción de la Justicia de Italia
Los empresarios de Techint eran investigados por el presunto pago de sobornos desde una empresa del holding
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LA NACIONHugo Alconada Mon
La Corte de Milán absolvió de los cargos que afrontaban por presunta corrupción a Paolo Rocca, su hermano Gianfelice y su primo Roberto Bonatti tras concluir que la investigación nunca debió tramitarse en Italia, sino en los países donde se habría desarrollado la operatoria.
La decisión la adoptó la Sección Séptima de la Corte, que bajo la presidencia de la magistrada Ombretta Malatesta, resolvió la “falta de jurisdicción italiana” para analizar y dictar sentencia en el presunto pago de sobornos desde una empresa del holding, Confab, a ejecutivos de la petrolera estatal brasileña, Petrobras.
Los abogados defensores de los Rocca y Bonatti tomaron la decisión del tribunal como una victoria. Sostuvieron que los jueces aceptaron sus argumentos sobre la falta de pruebas y la carencia de jurisdicción. “El juicio ni siquiera debería haber comenzado”, planteó
La absolución en los tribunales italianos, sin embargo, no abordó la existencia o no del acto criminal, ni las eventuales responsabilidades delictivas, sino que sólo dirimió si el juicio por presunta corrupción internacional debió haber comenzado o no en Milán. Concluyó que no.
En esa línea, el tribunal milanés resolvió “no hacer lugar a proceder” con el juicio y sentencia de los Rocca y Bonatti como administradores y accionistas del holding San Faustin de la multinacional Techint, a la que también se le imputó la eventual responsabilidad administrativa de acuerdo a una ley, la 231, de 2001.
El comunicado de Techint
Mediante un comunicado, desde Techint celebraron la decisión oficial. “Recibimos con satisfacción la sentencia absolutoria pronunciada hoy respecto de Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y la empresa San Faustin por presuntos episodios de corrupción, en los años 2009-2013, que involucrarían a la empresa brasileña Confab y algunos funcionarios de Petrobras”.
“Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción. Al final de la audiencia, el Tribunal de Milán ha declarado que el caso nunca debería haber sido iniciado”, remarcó Techint mediante un comunicado.
La acusación se centró en la presunta autorización al pago de un soborno del 0,5% para que Confab -controlada por San Faustin a través de Tenaris- obtuviera de Petrobras 22 contratos de suministro de tuberías por valor de 1400 millones de euros. Y pidió una pena de cuatro años y medio de prisión efectiva para los acusados.
De acuerdo a la investigación de los entonces fiscales Donata Costa –que en la actualidad se desempeña en la Fiscalía Europea Antifraude- e Isidoro Palma – ahora en la Corte de Apelaciones de Nápoles-, los sobornos se habrían pagado en Brasil al director de Petrobras, Renato Duque, entre 2009 y 2013 con la asistencia de un ejecutivo de Techint, Héctor Alberto Zabaleta.
En ese sentido, la Fiscalía de Milán había concentrado sus dardos en San Faustin, a la que acusó de haber controlado el flujo de fondos pactado con el brasileño Duque por casi 6,6 millones de euros; es decir, el 0,5% de los valores de los contratos por un total de US$1520 millones que recibió Confab Industrial SA, en la que el holding tenía el 24% de las acciones.
La Fiscalía decidió formalizar la acusación apoyados en datos que recibieron desde Estados Unidos, Panamá, Luxemburgo, Suiza y Brasil, donde algunos acusados se acogieron al régimen de la “delación premiada” y confesaron quiénes habrían participado en ese presunto esquema de sobornos.
Uno de esos “delatores”, Joao Antonio Bernardi Filho, señaló a un gerente de Confab -subsidiaria de Techint en Brasil-, Benjamin Sodré Netto, quien incluso habría viajado a la Argentina para obtener el nombre de la firma offshore que se utilizaría para celebrar contratos ficticios con la sociedad uruguaya Hayley SA, y la posterior transferencia de dinero a una cuenta que esa firma uruguaya controlaba en el Millenium Banque Privé de Ginebra.
Cooperación internacional
Sin embargo, desde Milán dejaron trascender su malestar durante la investigación preliminar ante la negativa de las autoridades argentinas a responder los pedidos de cooperación internacional, lo que obligó a la Justicia italiana a enviar nuevos exhortos de colaboración.
La respuesta desde Suiza, por contraste, fue muy distinta. Apoyó la pesquisa italiana, aunque tras un primer intercambio de información, los abogados defensores contratados por el Grupo Techint litigaron para evitar que las autoridades helvéticas enviaran documentación bancaria a los tribunales de Milán. Sus apelaciones fueron rechazadas por el Tribunal Penal Federal helvético y los datos llegaron a las manos de los fiscales Costa y Palma.
De acuerdo a la investigación suiza, tres mujeres se abocaron durante años al movimiento de fondos en nombre de Techint a través de cuentas controladas por las sociedades panameñas Gabiao Investments Inc. y Sociedade Moonstone Inc. Una de ellas declaró incluso que recibía órdenes de un ejecutivo argentino del holding llamado Héctor Zabaleta, quien también quedó bajo la lupa en Buenos Aires en la causa “Cuadernos”.
Para el tribunal milanés, sin embargo, ningún tramo de la conducta bajo sospecha se cometió en Italia o desde territorio italiano, sino que se habría llevado a cabo en Brasil, la Argentina, Uruguay, Suiza y Luxemburgo.
A lo largo del juicio, las defensas de los Rocca y Bonatti plantear la ausencia de jurisdicción de la Justicia italiana por los hechos ocurridos en otros países, como también alegaron la inexistencia de documentos o testimonios que vincularan los pagos de Zabaleta a los altos directivos de San Faustin y Techint.
De acuerdo a las defensas, no resultaba realista que los Rocca y Bonatti estuvieran al tanto de un presunto pago de sobornos por 6,6 millones de euros cuando el conglomerado registra más de “90.000 millones de dólares de facturación de las 450 empresas consolidadas en el holding San Faustin durante el período investigado, en 45 países y con 70.000 trabajadores”.
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