Abren la discusión sobre la ley de alquileres, con diferencias entre propietarios e inquilinos

A dos meses de la promesa de impulsar un nuevo proyecto para reemplazar la ley de Alquileres, el Gobierno convocó a las primeras reuniones con la intención de buscar un punto en común entre inquilinos y propietarios. La semana pasada, el secretario de Comercio del Interior, Roberto Feletti mantuvo una reunión con la Cámara Inmobiliaria Argentina en la que aseguró que la situación de los inquilinos es “muy precaria” y convocó a una mesa de trabajo con todas las partes para facilitar un principio de acuerdo. Lo propio había hecho antes con la Asociación de Inquilinos. Por ahora predominan las diferencias.

Durante el encuentro, del que participó también el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, se analizó la escasez de oferta de bienes para alquilar y la sobreoferta de propiedades para la venta, sumado al impacto que los alquileres temporarios de verano. Para Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la reunión fue “muy positiva” y comentó a LA NACION que desde el equipo técnico del Gobierno está tratando de activar “toda la oferta locativa”.

Sobre la creación de un nuevo proyecto, Mezmezian reconoció que “no es fácil modificar la ley y que todo vuelva a funcionar”. Las modificaciones que plantea la Cámara se centran en la reducción de tasas e impuestos, como ingresos brutos, los plazos de los contratos y que se considere un “índice alternativo, que no anexe la inflación”, para ajustar los precios de los alquileres. La ley actual considera un incremento anual que se ajusta al Índice de Precios del Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), mediante un índice elaborado por el Banco Central. “El salto es de 52% en un año y de una sola vez, debería haber al menos dos ajustes anuales”, argumentó.

Inquilinos vs propietarios

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos, se mostró crítico con respecto a los proyectos que proponen “que no haya índices para actualizar el precio de los alquileres y acortar el tiempo entre ajustes inflacionarios”, porque considera que le quitaría previsibilidad a los acuerdos.

A su entender, la insistencia en modificar la ley es producto del “lobby inmobiliario”, pero que “ninguna modificación va a ser para mejorar la situación de los inquilinos”.

Indicó que fueron ellos quienes le pidieron a Feletti que dispusiera una mesa de trabajo hace 15 días cuando se reunieron con el secretario, y que su demanda se centra en que “tanto el mercado como las inmobiliarias respeten la ley vigente” aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri pero que terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, bajo la presidencia de Alberto Fernández.

Un proyecto estancando

El objetivo con el que se promovió la ley fue para “proteger al inquilino de condiciones abusivas”, y para ello se modificaron diferentes artículos del Código Civil y Comercial correspondientes al alquiler de viviendas. Entre los cambios destacan la extensión de la duración de los contratos a tres años; la necesidad de registrarlos obligatoriamente en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y la elaboración de un índice de actualización anual conformado en igual medida por el IPC y el RIPTE, elaborado por el BCRA cada mes.

Una de las principales críticas de las inmobiliarias reside en que las modificaciones estipulan un precio fijo durante tres años que solo puede aumentar una vez al año, lo que se traduce en una perdida de rentabilidad para los propietarios. Mientras que los inquilinos ven esto como algo positivo por la capacidad de prever su economía.

A través de la ley 27.551 en 2020 se aprobó la llamada “ley de alquileres”, que tan solo un año después sería cuestionada y se debatiría la posibilidad de derogarla. En noviembre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa aseguró que la ley “fracasó” y prometió que el Gobierno trabajaría en una nueva ley que tenga en cuenta los pedidos de ambas partes. El debate se suspendió por un plazo de 180 días hasta que se elabore una nueva norma. Pero transcurridos más de 60, no hay muchas novedades y el proyecto para una nueva ley tampoco fue incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias de febrero.

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