Abogados y jueces eligen a sus representantes para adecuar el Consejo de la Magistratura: qué proponen los candidatos

Esta semana se realizarán las elecciones para designar a las dos abogadas y la jueza que integrarán el Consejo de la Magistratura para de ese modo adecuar la composición del organismo al fallo de la Corte Suprema que, en diciembre, declaró inconstitucional su actual integración, al señalar que prioriza los estamentos políticos por sobre los técnicos. El máximo tribunal definió el 15 de abril como plazo final para elegir a los nuevos integrantes del Consejo, que deberá pasar de 13 a 20 miembros.

Las elecciones de las dos abogadas que se sumarán al Consejo se realizarán este martes. La nueva jueza se definirá el jueves. Los consejeros acordaron que las nuevas integrantes el cuerpo sean todas mujeres para respetar la paridad de género en el organismo.

Además de dos abogadas y una jueza, al Consejo deben ingresar un senador y un diputado (por las “segundas minorías”), el presidente de la Corte y un representante del sector académico, elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Por el momento, ni Cristina Kirchner ni Sergio Massa dejaron trascender gestiones para definir los nuevos representantes que enviarán a la Magistratura.

Hay dos listas de abogadas: una es encabezada por Jimena de la Torre, exfuncionaria de Cambiemos, con el apoyo de Pro y el radicalismo; y otra es liderada por María Fernanda Vázquez, decana de Derecho de la Facultad de Lomas de Zamora y apoyada por el oficialismo. Se espera que las dos abogadas, una por cada lista, ingresen al Consejo. Para que una lista se quede con los dos cargos en juego deberá superar el 65% de los votos.

Hay tres listas de juezas: la Bordó, que lleva a Agustina Díaz Cordero, de la Justicia civil y más crítica con el Gobierno; la Celeste, cercana al oficialismo, que lleva a la jueza laboral Verónica Dobarro; y la lista Compromiso Judicial, que lleva a la jueza de ejecución penal Jimena Monsalve. Aquí podría volver a darse un resultado ajustado, como sucedió en las últimas elecciones de autoridades de la Asociación de Magistrados, donde la lista Bordó le ganó por pocos votos a la Celeste.

Este lunes, a las 14, habrá un debate virtual en la Asociación de Magistrados y Funcionarios entre las tres candidatas.

La jueza Díaz Cordero dijo que su objetivo al sumarse al Consejo es que su bloque sea “mayormente judicial”. Afirmó: “Los constituyentes buscaban un equilibrio y la ley vigente lo desequilibró. Por eso necesitamos un consejo que sea aliado del Poder Judicial. Yo voy a representar a los jueces y a las juezas independientes mas allá de cualquier espacio que ocupen. Daremos las batallas que tengamos que dar”. Y remarcó que por el “avance del embate contra el Poder Judicial sufren todos los argentinos”.

Prometió dar pelea por el régimen de jubilación de los jueces, el pago de Ganancias y por favorecer la realización de concursos anticipados para cubrir las vacantes de jueces antes que se produzcan. “No puede haber juzgados con 12 años de vacancia”, se quejó.

“El fallo de la Corte es un acto de gobierno y debe ser cumplido. Uno no decide cumplirlo si le gusta o no. No hay óbice para no cumplir”, afirmó. Y dijo que en caso de que el Congreso no presente sus candidatos para integrar el Consejo “estará incumpliendo un fallo de la Corte y la Corte deberá decidir como continúa: podría tomar juramento a las consejeras elegidas y asumir el residente de la Corte como presidente del Consejo”, indicó la jueza.

Su colega de la lista Celeste, la jueza Verónica Dobarro dijo que entre las propuestas de su lista está acelerar los concursos, porque la “demora en cubrir las vacantes atenta contra un eficiente servicio de justicia. No se le da a la ciudadanía las respuestas que reclama por seguridad, salud, conflictos de familia, conflictos laborales y empresariales”. La jueza se propone “defender la Justicia nacional, la intangibilidad de los salarios y haberes previsionales”.

Ante la consulta sobre si iba a alinearse con el bloque oficialista en el Consejo, respondió: “Como integrantes de la magistratura debemos cumplir con el fallo de la Corte. De ser consejera me incorporaré para representar al estamento de los jueces, lo que supone independencia de todos los otros poderes y órganos del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Procuración General de la Nación y Defensoría General de la Nación”.

Señaló que espera que “no se dé institucionalmente la paralización del servicio de Justicia” y que, pese a que el Congreso aún no definió cuáles serán sus nuevos representantes, confía en integrar el Consejo a tiempo. “Si así no fuere, que se encuentre una solución que facilite la continuidad del funcionamiento y el cumplimiento de sus funciones”, agregó.

Jimena Monsalve, de Compromiso Judicial, dijo: “Para nosotros hay un punto clave, que es la despolitización de la política partidaria y terminar con la situación donde hay dos espacios [la lista Celeste y la Bordó] que tienen afinidad con dos espacios políticos [oficialismo y oposición], que inciden en las trabas para que funcionen las comisiones de Selección [donde se eligen los jueces] y de Disciplina [donde se deciden la promoción de juicios políticos]. La Celeste y la Bordó han manifestado afinidad con los poderes de turno y eso genera una obstrucción en las tareas”.

La jueza dijo que su lista está comprometida con debatir temas como el traspaso de la Justicia a la Ciudad, al que se oponen, solo de pensar en la cantidad de casos. Señaló que la Corte tomó la determinación de buscar el equilibrio al regresar a la composición de 20 miembros y ahora “cada estamento tiene que tener interés en ocupar su silla” en el Consejo. “No podemos dejar una silla vacía. Creo que los estamentos deberían asumir, aún cuando el Congreso no envíe a sus representantes. Y la Corte debería revisar que sucedería si falta la pata política”, sostuvo.

“El que no ocupa su silla perdió la oportunidad de votar”, agregó la jueza y señaló que es una responsabilidad del Consejo funcionar, cuando hay 91 jueces que podrían ser designados y sus pliegos están parados entre el Senado y el Poder Ejecutivo, además de los concursos en marcha”.

“Nadie va a abonar la posibilidad de que el Consejo deje de funcionar. Sería una crisis institucional de envergadura, sin precedente. Yo quiero creer que va a primar el sentido común”, enfatizó.

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