A un año de la toma de Guernica, las familias exigen respuestas al gobierno de Kicillof

“¿Era usted que estaba sacando fotos?”, preguntó un adolescente montado a caballo a Vilma Enríquez, dueña de 30 de las 100 hectáreas que ocuparon hace un año en la toma de Guernica. “Sí” contestó ella sin titubear y explicó: “Me viven amenazando; son los únicos que quedaron”. El resto de las familias fueron desalojadas en octubre pasado. Algunas de ellas, unas 700, reclaman al gobernador Axel Kicillof que “cumpla las promesas” que hizo su administración y les otorgue un terreno. Hoy, llevaron ese reclamo al Obelisco porteño con banderas que decían: “Tierra para vivir”.

El adolescente volvió cabalgando hasta una esquina del predio donde queda la última casilla de la toma para informarle a su abuelo, llamado “Don Río”, según relató Enríquez. “No puedo creer que la Justicia no haga nada con esta gente”, exclamó la mujer, que ya los denunció dos veces. La Policía a veces se acerca al predio ubicado al sur del Gran Buenos Aires, pero eso no parece importarle a este hombre quien -según contó la vecina- una vez incluso la atacó a golpes, a ella y a su familia.

El predio es enorme y todavía quedan rastros de la toma que sufrió un año atrás: pozos, zapatillas tiradas, basura y alambres cortados, según pudo constatar hoy LA NACION en el lugar. Vilma, que lo camina todas las mañanas desde hace 40 años, señaló todos los árboles que cortaron y denunció que le robaron cerca de 30 animales durante los más de tres meses que duró la ocupación. “Yo valorizo esto y lo cuido mucho porque siempre vivimos aca”, enfatizó.

Enríquez relató que sufre amenazas constantes por parte del único hombre que permanece en el terreno. Está armado y suele molestar a su hijo mientras trabaja. Hace ocho años, fue su marido Alberto quien le permitió usar el campo para sus caballos. Siempre vivió del otro lado del alambre pero con la toma “aprovechó y comenzó a construir adentro”. “Es un abuso lo que están haciendo”, dijo Vilma y agregó: “Se aprovechan porque saben que estoy sola. ¿Por qué no lo hicieron cuando mi marido estaba bien?”. Hace dos años que su marido está enfermo y con la pandemia dejó de recorrer el predio.

“Lo quieren vender”, explicó la mujer y recordó cuando debió advertirle a un grupo de personas que era ella la propietaria mientras estos hombres mostraban el terreno, que ya habían dividido con un agrimensor, para venderlo. “¡Te voy a agarrar!”, le dijo el abogado aquella tarde. “Esto está judicializado y no pueden vender nada, le faltan el respeto hasta al juez”, dijo Enríquez y aseguró que no quiere vender ya que toda su vida “vivió de sus animales”.

“Parece que vivimos en una guerra, hicieron mucho daño”, lamentó la mujer de 58 años, cuyo hijo en la toma incluso resultó herido en un tiroteo y agregó: “Nunca tuvimos problema con nadie y nunca molestamos a nadie, es muy injusto”.

A pesar de todo, Enríquez destacó la gestión de Larroque y mencionó que todavía la ayuda gente del Ministerio. Además, contó que en el barrio están construyendo cerca de 60 casas. Frente a la suya, están por terminar una que será de una de las familias que participaron de la toma.

Los desalojados

Las familias que se manifestaron en la zona de la Plaza de la República se unieron a una marcha del Polo Obrero. “Hace dos meses que ni hablamos”, afirmó allí Gastón, delegado vecinal de Guernica, en referencia a los funcionarios del ministerio de Desarrollo de la Comunidad que están a cargo del plan de relocalización comprometido por el titular de la cartera, Andrés Larroque.

“No vimos ni un terreno”, aseguró Gastón, en medio de los bombos que esta mañana retumbaron en el Obelisco y agregó que les habían prometido que a los seis meses del final de la toma, tendrían un lote adjudicado. De las 180 familias que apuntala el Polo Obrero, solo 80 recibieron subsidios, afirmaron los manifestantes.

A su vez Rosa, una mujer de 54 años que estuvo en la toma junto a su hijo Marcos de 20, dijo: “Escuché que en cuatro meses tenemos los terrenos”. Sin embargo, advirtió que los funcionarios los “quieren meter en cualquier lado” y se preguntó: “Necesitamos algo más porque perdimos todo. No tengo nada y no tengo trabajo. ¿Cómo hago?”. Rosa vive en la casa de su hermana y percibe el sueldo de una cooperativa.

Según denunciaron, la promesa del Gobierno bonaerense constaba en otorgar 3000 lotes con servicios, de los cuales “todavía no llegó ninguno”. Las negociaciones fueron caso por caso y los “vecinos” -que ya habían dividido el predio en cuatro barrios- firmaron actas desde noviembre de 2020 hasta abril pasado, cuando las mesas de diálogo se vieron interrumpidas en medio de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

Aquellas que ya tenían algún terreno recibirían materiales, otras un lote o una pre-adjudicación junto a $30.000 que la mayoría cobró a los 30 días. El plazo acordado era de 180 días y ya vencido, aún no hay noticias de los terrenos prometidos por la administración de Kicillof, tras el desalojo que se concretó en octubre del año pasado en un operativo que encabezó el ministro de Seguridad, Sergio Berni.

Un año después del inicio de la toma, el 20 de julio de 2020, cerca de 700 familias permanecen organizadas en tres asambleas: una de ellas está apoyada por el Polo Obrero, otra por el Partido de los Trabajadores Socialistas y la tercera se denomina Coordinación de Delegados y Organizaciones de la Recuperación de tierras de Guernica. La presencia de fuerzas de izquierda volvió a evidenciarse hoy en el Obelisco.

Ante una consulta de este diario, en el ministerio dirigido por Larroque dijeron que esperan avanzar en los próximos 15 días con la primera etapa de la pre-adjudicación, tras un acuerdo con un desarrollador inmobiliario que cederá 50 hectáreas en el municipio de Presidente Perón. “En el transcurso de agosto van a empezar las obras. Esta proyectada la apertura de calles y la instalación de infraestructura de servicios”, afirmaron voceros oficiales.

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