A seis años de la detención de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta pidió su liberación: “Sigo siendo su amiga”

Hoy se cumplen seis años de la detención de Milagro Sala -el 1 de enero de 2016- y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, pidió celeridad a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva la situación de la líder de la Tupac Amaru en la causa “Pibes villeros”, la más grande que enfrenta y por la que fue condenada a 13 años de prisión. “Se hace insostenible seguir esperando”, dijo Gómez Alcorta, que fue defensora de Sala, y que también cuestionó que no haya un “escrutinio público” sobre el Poder Judicial.

“Hay una mirada que no se puede seguir sosteniendo, hace dos años se espera una resolución en la Corte Suprema de Justicia. En este contexto, todos los días se hace más larga y pesada la detención de Milagro. Hoy son seis años de algo que efectivamente todos suponíamos que en el algún momento se tenía que poder enderezar, recuperar las lógicas del Estado del derecho, y se hace insostenible seguir esperando”, planteó la funcionaria, luego de firmar una solicitada junto a otros miembros del Ejecutivo, referentes de Derechos Humanos y dirigentes sociales y gremiales donde se habló de la situación de Sala como “lawfare” y donde fue considerada una “presa política”.

En cuanto a ese documento, Gómez Alcorta destacó que la firmaron actores de las distintas terminales del Frente de Todos y puntualizó: “Tiene un nivel de contundencia y habla de la vigencia de la ilegalidad de la detención”. En ese sentido, también habló en Radio 10 de un proceso “ilegal, arbitrario e injusto” contra la líder social que está en prisión domiciliaria y que supo tener un elevado poder político en Jujuy.

En la causa en cuestión -por el desvío de 60 millones de pesos originalmente destinados a la construcción de viviendas sociales-, Sala fue condenada por encabezar una asociación ilícita, algo que Gómez Alcorta entendió como “el modo” utilizado “cuando se quiere perseguir a una persona”. Al respecto, señaló: “La asociación ilícita es un delito que tiene problemas constitucionales. Está pensado para la persecución política, se utiliza en estos casos porque tiene una pena muy alta y en cualquier delito en el cual intervengan varias personas se coloca esa imputación. Por eso, la condena es a 13 años”.

Convencida de la injusticia de la prisión para Sala, Gómez Alcorta señaló que, pese a que ella no está de acuerdo, “en el último de los casos” se la podría haber imputado a la líder social por administración fraudulenta, con una condena máxima a seis años. “Hace dos años dejé de ser su abogada, pero sigo siendo su amiga y estoy en contacto con ella, sé como la pasa. Es importante que hoy levantemos la voz”, añadió en cuanto a la jefa de la Tupac Amaru que apunta contra el gobernador jujeño Gerardo Morales como el artífice de los procesos judiciales en su contra.

Un “escrutinio público” sobre la Justicia

Al hablar de lo que acontece con Sala, Gómez Alcorta también se refirió a la baja confianza de la población en el Poder Judicial -dijo que es solo 6% confía- y pidió “hacer algo” para abordar esa cuestión. “Tenemos que hacer algo, no en contra de un juez o una jueza, algo que nos genere un Poder Judicial que implique confianza para la ciudadanía. Tenemos este problema y parecería que es un problema de un Gobierno que quiere ir en contra de un Poder Judicial. Tenemos un serio problema y hay que hacerse cargo”, esbozó, ante las -de momento- frustradas modificaciones que desde el oficialismo buscaron imprimirle a la Justicia.

“Hay algunas cuestiones donde pareciera que el Poder Judicial está fuera del escrutinio público, de este pedido de explicaciones. Como si fuese un órgano impoluto que no debe dar explicaciones al pueblo. Uno de los principales problemas de la democracia es la falta de escrutinio público respecto de las acciones del Poder Judicial”, remarcó Gómez Alcorta, quien contrastó esto con lo que ocurre con los integrantes del Ejecutivo y del Congreso, al igual que lo hizo Cristina Kirchner en una carta a fines de 2020.

“¿Cómo es posible que el único poder del Estado que está ajeno a esa rendición de cuentas sea el Poder Judicial? ¿Cómo es? ¿Es gratuito? ¿Cómo puede ser que eso suceda?”, se preguntó la funcionaria que ya había pedido una reforma judicial.

Segura de que en este momento “ya es obscena la demostración de las relaciones con los poderes fácticos, políticos, mediáticos y económicos”, dijo: “El Poder Judicial se conformó cuando se creó la Constitución de un modo donde había que resguardar un poder al que se lo entendía como el más frágil. Hoy se mantiene esa estructura en un mundo que no es igual, donde quienes ejercen la función pública están rodeados en el Poder Judicial de un montón de privilegios”.

Lo que se viene en materia de aborto legal

Por otra parte, enumeró tres puntos en los que pondrá el eje desde la conducción del Ministerio de las Mujeres para mejorar el acceso al aborto legal, amparado por la ley que fue sancionada en diciembre de 2020. Sobre eso sostuvo que, en articulación con el Ministerio de Salud conducido por Carla Vizzotti, buscarán ampliar la presencia de centros de salud pública donde se garantiza esta práctica -”San Juan y Corrientes son los lugares donde menos se puede acceder”-; mejorar las redes de derivación cuando hay un profesional objetor de conciencia; y aumentar la difusión sobre cómo acceder al aborto legal.

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