A nueve meses de asumir, Sandra Pettovello encuentra oxígeno en la gestión, con funcionarios de Pro y una agenda más proactiva
Capital Humano sigue penando en los tribunales, pero la ministra y su nueva estructura lograron encadenar anuncios y algunos avances en convenios y el reparto de alimentos
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El frente judicial continúa propiciando derrotas, pero a nueve meses de iniciada la presidencia de Javier Milei, la gestión de Capital Humano parece haber ingresado en un claro de tranquilidad. Luego del tembladeral político que en junio sacudió la estructura del ministerio y amenazó con descabezarlo, Sandra Pettovello logró encadenar una serie de anuncios que dan cuenta del inicio de un curso más estable de acción.
El convenio de colaboración que la Secretaría de Trabajo firmó con la empresa de delivery Rappi, el lunes pasado, fue el último de ellos. Con las luces apuntando en otra dirección –las denuncias contra el expresidente Alberto Fernández y las trifulcas parlamentarias de La Libertad Avanza–, y el oxígeno que otorgó la renovación de funcionarios –muchos de ellos ligados al Pro–, Capital Humano busca dar vuelta la página y mostrar, desde el lanzamiento del plan de alfabetización a principios de julio, una agenda más proactiva con la intención de dejar atrás la tormenta política que llevó a la ministra Pettovello a caminar por el borde externo del Gobierno.
“Más de 650,000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo se inscribieron voluntariamente en el Portal Empleo, este tipo de convenios son fundamentales para su inserción en el mundo laboral”, celebró el secretario de Trabajo, Julio Cordero, tras el acuerdo con Rappi.
Aunque empujada por la Justicia, la distribución de una parte de los alimentos almacenados también se inserta en esta agenda. El ministerio logró domar un tema sensible: según anunció, el proceso se completó en un 83%.
Es que junto con las presuntas contrataciones fantasma ocurridas en el área social, la mercadería almacenada en los depósitos del ministerio desencadenó una crisis política de magnitud que derivó en una salida –la Pablo de la Torre– que hizo tambalear al ministerio más pesado del gabinete. “Es muy difícil seguir adelante, pero no voy a abandonar”, dijo la ministra Pettovello a un grupo de simpatizantes libertarios reunidos en el obelisco a mediados de junio, cuando arreciaban los rumores sobre su salida del gabinete.
Yanina Nano Lembo, ligada al larretismo, dejó su lugar en el Consejo de Políticas Sociales y se hizo cargo del área social tras la eyección de De la Torre. Hoy, tras un período de acomodamiento, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia considera que hay elementos de su gestión para exhibir y comenzó a levantar el perfil. “Prefiero hablar propositivamente de lo que vamos a hacer nosotros”, contestó en su primera entrevista Nano Lembo, cuando la consultaron sobre los déficits de sus antecesores.
Mostró así un temperamento distinto al de Leila Gianni, que desde la Subsecretaría Legal lideró con estridencia y suerte dispar la embestida judicial contra la anterior gestión. Las denuncias, junto con el operativo contención a través de los aumentos en las prestaciones sociales (Tarjeta Alimentar y la AUH) y la quita de poder a las organizaciones sociales marcaron el compás de esa primera fase de gestión.
Distintas voces del Pro que conocen a Nano Lembo de su paso por una secretaria porteña, destacan su gerencia y compromiso en el trabajo. Tampoco dejan de advertir lo vasto que es el universo social para sus hombros.
A través de la fundación Conin, dirigida por Abel Albino, Nano Lembo distribuyó a contra reloj la leche próxima a vencer. También logró sellar un acuerdo con casi todas las provincias para la distribución de buena parte de los alimentos. La excepción fue Tierra del Fuego, que quedó excluida no por falta de predisposición sino porque en su territorio no rige el Índice de Contexto Social de la Educación (ICSE), el parámetro elegido por el ministerio para el reparto. “Nos hacemos cargo nosotros”, dijo, algo desconcertado, un alto funcionario fueguino.
Fue por encargo de la Justicia federal, pero Nano Lembo consiguió, al menos por ahora, que no se le venciera ningún producto. La “victoria” expone lo bajo que había caído la vara de la gestión, cuando se detectaron alimentos vencidos en los depósitos.
Pese a contar con la colaboración de las provincias, hubo reparos por el criterio elegido. Algunos distritos argumentaron que el ICSE, que es en una suerte de mapa de calor de la vulnerabilidad social, no se actualizaba desde 2010. Esa desavenencia se tradujo en algunas idas y vueltas que fueron finalmente superadas.
En una de esas contramarchas, un funcionario misionero respiró aliviado cuando se enteró que, de carambola, no debía pagar el flete a Tucumán para buscar allí la yerba producida en su provincia. El ICSE prevaleció y, según informó Capital Humano, solo le resta retirar la mercadería a 7 de las 23 jurisdicciones que firmaron el convenio.
La estructura debajo de Nano Lembo se completa con todos funcionarios ligados a Pro: Martín Galmarini y Martín Lepera son los secretarios de Políticas Sociales y Economía Solidaria, respectivamente. Arnoldo Ariel Scherre lidera la secretaría de Políticas Familiares y Guillermo Ezequiel García Eleisequi está a cargo de la gestión administrativa. Desde la salida de Ana Belén Mármora, la subsecretaría de Políticas Territoriales se encuentra vacante.
El crecimiento de la figura de Matías Kelly al interior del ministerio es también una parte de esa renovación. El exfuncionario de la ministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri, Carolina Stanley, es hoy una suerte de asesor interno: aunque en los papeles sea solo un vocal del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), su voz tiene cada vez más gravitación dentro del ministerio. “Es una de las cabezas más interesantes para pensar lo social”, lo pondera alguien que conoce ese universo y participó en el lanzamiento del think tank de Juan Grabois este viernes.
Hay quienes lo señalan como el artífice de la reunión entre la ministra Pettovello y el expresidente Mauricio Macri en el mes de junio. Sobre lo conversado no hubo trascendidos, pero a las pocas horas se conoció el desembarco de Lucas Aparicio, otro exfuncionario “amarillo” con experiencia al frente de organismos que se sumó a las filas libertarias para darle volumen político a la ministra Pettovello y apuntalar la gestión.
En principio, Aparicio era el apuntado para reemplazar a Fernando Szereszevsky en la jefatura de Gabinete, que se había ido de gira con los Ratones Paranoicos. El cargo fue finalmente para el radical Leandro Massaccesi, hijo del exgobernador de Rio Negro y excandidato a presidente Horacio Massaccesi, vinculado hoy al senador Miguel Ángel Pichetto. “La estructura se está reacomodando”, afirma una de las voces más nuevas del ministerio. Aparicio sigue como asesor “externo”.
Un frente adverso
Los sobresaltos de gestión, hoy atenuados, se mantienen en el terreno judicial. El juez federal Sebastián Casanello ordenó el miércoles pasado un operativo policial en una dependencia del ministerio para recolectar pruebas y controlar así el cumplimiento del fallo por él dictado que obliga a distribuir los alimentos almacenados. La orden se dio en el marco de la causa que Grabois inició en febrero contra la ministra, y fue avalada por Casación y la Cámara de Apelaciones.
Fuentes con llegada al juzgado de Casanello argumentan que el ministerio –que resiste sin suerte la orden en el plano judicial– entregaba a “cuentagotas” la información solicitada y que por ello el juez federal ordenó un operativo que pudo haber terminado con un allanamiento. No fue necesario: el ministerio facilitó parte de la información y se comprometió a entregar el resto dentro de las próximas 72 horas.
En paralelo a la causa que tiene Casanello se tramita un amparo colectivo en el juzgado Contencioso Administrativo que dirige Walter Lara Correa. Por orden de este juez, entre remitos y documentos varios, Gianni entregó junto al director de asuntos jurídicos, Ariel Romano, más de 400 archivos que dan cuenta del reparto de alimentos. En todo el frente judicial, el ministerio argumenta que la Justicia no puede inmiscuirse en el manejo de las políticas públicas. Luego de que la Cámara de Casación le rechazara el recurso extraordinario para llevar su reclamo a la Corte Suprema, el ministerio fue en queja al máximo tribunal para que este le dé la razón.
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