A Javier Milei se le alinean los astros

A esta altura está bastante claro que el principal eje político del Gobierno es derrotar o, por lo menos, replegar a la inflación, que ha sido un problema central durante todos estos años. Hay que recordar que el Indec fue intervenido en el año 2008. En aquel momento, el kirchnerismo había advertido que la inflación era un drama, y eligió como estrategia dejar de medirla.

Milei entendió que al haber llegado al gobierno de manera muy débil, desprovisto de capital institucional —diputados, senadores, gobernadores o anclaje en el mundo sindical—, lo que tenía a su favor era un colchón de opinión pública. Tenía que satisfacer la lealtad de esa opinión pública que lo sostenía con un tema: revertir el problema de la inflación, lo que significa revertir el deterioro del ingreso. Probablemente, esta sea la variable que más determina el voto cuando llegan las elecciones. Si miramos los números, vemos que este plan político, que propone a Milei como una especie de “liberador del flagelo de la inflación”, le ha dado resultados, y le seguirá dando, aunque relativos.

La economista Marina Dal Poggetto suele hacer un informe mensual muy detallado, preciso y minucioso con los números, y en su informe de este mes presentó varios gráficos interesantes. Uno de ellos muestra la inflación medida desde un módulo interanual. Dal Poggetto calcula en cada mes la diferencia entre la inflación de ese mes y la del mismo mes del año anterior. En mayo, llegó a una variación interanual del 289,47%. Proyectado hacia adelante, en el verano la inflación interanual será de alrededor del 120% mientras que hacia fines del año que viene, rondará el 28,9%. Desciende, por así decirlo, en un tobogán.

Hay otro dato más interesante y a la vez sutil. Aunque la inflación interanual desciende, si miramos noviembre en adelante, prácticamente queda en el mismo nivel mensual. Es un problema clásico de los programas de estabilización: llega un momento en que es muy difícil quebrar un “piso”. Se requiere, entonces, otro programa más ambicioso.

Lo que Dal Poggetto intenta demostrar es que habrá una inflación que quedará estabilizada en un 2% mensual, lo cual es muy alto si lo comparamos con países que podríamos llamar “normales”. O al menos que no sufren esta patología, que es una patología antigua, como tener tuberculosis.

El Gobierno, sin embargo, mirará y venderá electoralmente la caída. Tratará de conseguir el voto cobrando el “servicio” de haber bajado la inflación interanual del 290% a valores como 110%, 90%, o hasta el 28% proyectado para fines del próximo año.

¿Qué pasa con la actividad? Aquí también los números empiezan a sonreírle al oficialismo. Un segundo gráfico nos muestra dos variables: una es la variación interanual de la actividad, y la otra, la variación interanual de la recaudación, que está ligada a la actividad económica. Como manifiestan las cifras, la actividad también cae, aunque no tan pronunciadamente en septiembre. Luego, ambas empiezan a subir y a estabilizarse. El repunte de la actividad, por supuesto, no es homogéneo. Es desparejo según el sector del que se trate. La recaudación, por supuesto, está influida por el ritmo de cobro de lo que ahora se llama ARCA, la antigua AFIP. La tendencia hoy gira en torno a la alza.

Dal Poggetto, en su estudio, proyecta algo que también pronostican los bancos de inversión: que el año que viene, debido a la propia dinámica de la economía, la comparación con el año anterior y el arrastre de un ciclo recesivo muy importante, el Gobierno podrá ofrecerle al electorado un crecimiento anual del 5%.

Significa que, en algunos aspectos macroeconómicos centrales —inflación, actividad y recaudación—, factores clave para un gobierno obsesionado por reducir el déficit fiscal, las variables jugarán a su favor, sobretodo hacia el período electoral. Y si consideramos que, en general, la gente vota con la memoria de los últimos tres meses, da la impresión de que, con los datos que tenemos a la vista, el oficialismo tiene derecho a pensar que hará una elección relativamente buena. Esto, claro, si estas curvas se verifican en la realidad y no solo en el PowerPoint.

¿Qué sucede con los precios relativos? Venimos de un gran desbarajuste. Tenemos valores que se dispararon muchísimo hacia arriba y otros que quedaron muy atrasados. Ahora existe una recomposición, importante desde el punto de vista social, porque hay determinados bienes que afectan más a una clase social que a otra. Dal Poggetto dice que las tarifas subieron 70 puntos porcentuales por encima de la inflación. Este fenómeno se explica a partir de la represión tarifaria extraordinaria que padecíamos. Asimismo, la inflación habría sido más dramática durante el ciclo kirchnerista si no fuera por este congelamiento tarifario. Por otro lado, los bienes comunes, los llamados bienes transables -como los alimentos o la indumentaria-, subieron 20 puntos porcentuales, pero por debajo de la inflación. Lo hicieron por debajo del promedio, al igual que los servicios, que, aunque continuaron subiendo, aún están atrasados: 10 puntos porcentuales por debajo del promedio de inflación.

¿Dónde se registró el mayor incremento? La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó un 100% por encima de la inflación. Este dato revela la generosidad con la que el fisco ha asistido a los sectores más vulnerables mediante transferencias directas, dejando de lado mecanismos tradicionales como los comedores comunitarios o el financiamiento de cooperativas intermediadas por movimientos sociales. Tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar son los principales recursos con los que el Gobierno apoya a los más necesitados. Algunos aseguran incluso que esto explica la relativa paz social con la que se están atravesando las fiestas de fin de año, en un contexto difícil marcado por el ajuste económico.

Tomemos como referencia diciembre de 2018, considerado el último año de normalidad económica y asignándole el valor 100. Comparado con esta base, las tarifas, por ejemplo, están hoy en 94 puntos, ya que todavía no se han actualizado al nivel de entonces. Los bienes transables, como alimentos, indumentaria, medicamentos y autos, han alcanzado 103, lo que significa un incremento de tres puntos. Por otro lado, los servicios permanecen estancados en el nivel de 2018 (100), aunque probablemente tiendan a caer. Sin embargo, el dato más relevante es el salario real, que se encuentra en 78,4 puntos, lo que implica una pérdida de casi el 22% del poder adquisitivo desde diciembre de 2018. Este deterioro es clave para entender el malestar político actual.

Al analizar este período, la caída más pronunciada se relaciona con la devaluación y el repunte inflacionario de diciembre pasado. Esta destrucción sistemática de los ingresos explica en parte por qué una porción de la sociedad argentina rechazó la política tradicional y optó por un cambio hacia lo desconocido. No es la única explicación, pero sí una de las más significativas. Cabe destacar que el término “ingreso” abarca tanto a quienes tienen salario como a quienes no, dado el alto nivel de informalidad laboral en el país. Esto significa que muchas personas enfrentan la inflación sin el respaldo de un sindicato que negocie paritarias, quedando fuera del régimen convencional. Esta situación redefine el impacto de la inflación en la economía y, sobre todo, en la política doméstica.

A pesar de ciertos avances en la estabilización relativa de la inflación —que, aunque elevada, se mantiene en torno al 2% mensual—, los datos de empleo reflejan otro panorama. Entre el tercer trimestre del año pasado y el segundo trimestre de este año, el desempleo aumentó de 5,7% a 7,6%, un incremento de dos puntos porcentuales. Asimismo, el subempleo pasó de 10,3% a 11,8% en el mismo período. Este contexto de precarización laboral contribuye a que el miedo al desempleo y la pérdida de calidad en los empleos reemplacen progresivamente al miedo a la inflación. Factores como el costo del transporte y las distancias, especialmente en zonas vulnerables como el conurbano bonaerense, son determinantes para la población más afectada.

En términos políticos, una encuesta realizada por Mora Jozami para Casa 3 revela un dato interesante: cuando se les pregunta a los ciudadanos qué los desilusiona del gobierno de Milei, la respuesta más común es “todo”. Le sigue, casi con el mismo volumen, “nada”. Este resultado muestra una polarización extrema, donde los ciudadanos tienden a adoptar posturas absolutas: o lo apoyan completamente, o lo rechazan por completo. No hay espacio para matices.

En este escenario, Milei se consolida como un centro de poder en un contexto político fragmentado. Aunque aún no están claras las dimensiones del oficialismo ni de la oposición, es evidente que Milei ocupa una posición dominante. Sin embargo, cuando un actor se consolida y el resto es tan inestable, suelen surgir grietas internas. Por ello, los líderes más inteligentes buscan polarizar con un adversario externo para unificar su propio frente. Actualmente, estas fracturas propias se manifiestan en crisis menores dentro del oficialismo, como el reciente caso del senador Edgardo Kueider, que fue sorprendido en la frontera hacia Paraguay con US$200.000 en una mochila, lo que derivó en su expulsión en una sesión presidida por Victoria Villarruel.

Esto abre todo un problema dentro del oficialismo, pero, además, sirve de excusa para otro enfrentamiento que es muy sistemático dentro del Gobierno: el problema del duelo entre el presidente y la vicepresidente.

El Presidente explícitamente ha declarado a Victoria Villarruel como una especie de enemiga. Es rara la claridad con que lo hizo, de manera deliberada, como si quisiera dar una entrevista para emitir este mensaje. Daría la impresión de que el Gobierno ratifica ese lugar, el de merecer ser expulsada como Kueider. Si pudieran expulsarla, tal vez lo harían. Lo que sucede es que ella tiene los mismos votos que Milei. Síntesis: si no hay un adversario externo, probablemente el adversario es interno, y en este caso es Villarruel.

Sobre la expulsión de Kueider, que en parte se le atribuye a Villarruel por haber presidido esa sesión, hay toda una polémica institucional bastante contradictoria, con argumentos y contraargumentos. El que quiera tener una visión, casi cómica o irónica, de todo lo que ha sido la discusión institucional alrededor de la expulsión de este senador, tendría que leer la nota de Martín Rodríguez Yebra de este domingo en LA NACION, donde reconstruye con mucha gracia y con mucha información el enredo en el que se metieron todos al tratar de explicar —sobre todo el Presidente— esa expulsión. Un presidente que dice que hay que echarlo a patadas, pero que a su vez dice que la sesión en la que se lo echó a patadas es nula porque no habría que echarlo a patadas. Lo que está diciendo es que el voto de Kueider era para La Libertad Avanza.

Hay un argumento que dice: “Está mal echado porque la sesión era inválida, y la sesión era inválida porque Milei estaba fuera del país”. Ese argumento tiene un contraargumento: una vez que el presidente sale del país, el vicepresidente automáticamente queda al frente del Poder Ejecutivo, aunque el acta de traspaso del poder la firme más tarde. Hay quienes recuerdan, por ejemplo, a Carlos Ruckauf, que fue vicepresidente de Menem: muchas veces Menem se iba y el acta de transferencia del poder Ruckauf la firmaba al día siguiente. Es importante esa transferencia administrativa que registra el escribano de Gobierno porque habitualmente, no siempre, el vicepresidente que queda en ejercicio de la presidencia emite decretos, toma resoluciones, por decirlo en términos generales, despacha. Pero, con acta o sin acta de transferencia formal del mando, Villarruel estaba al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, para muchos, eso tampoco inhibe a Villarruel de presidir la sesión del Senado, porque no vota. No tuvo que votar. Si votara, sí ejercería un rol legislativo; operaría como una legisladora que desempata una votación, como le pasó, por ejemplo, a Julio Cobos con la famosa resolución 125 en el conflicto con el campo.

Aparece otro argumento: el Senado no podría haber sesionado porque el presidente no había convocado a sesiones extraordinarias, cosa que tiene que hacer explícitamente por un decreto. Y los que dicen “no”, argumentan que esa convocatoria a sesiones extraordinarias solo se refiere a la capacidad legislativa del Congreso, pero el Congreso puede hacer otras cosas, no solo legislar, como, por ejemplo, echar a un senador.

Una gran polémica institucional, en la que se alinean los que quieren que Kueider se vaya —en el centro de ese grupo está el kirchnerismo, que conquista una banca para una senadora de La Cámpora y se pone más cerca de la mayoría en el Senado— y el Gobierno, que ve en Kueider a un aliado. Todo esto, además, como excusa para una pelea con la vicepresidenta Villarruel, a la que el Gobierno, de tanto agredirla, la va convirtiendo en una especie de polo alternativo. Habrá que ver cómo evoluciona la figura de Villarruel en el tiempo. También eso va a tener que ver con la fortuna mayor o menor que tenga Milei en el ejercicio del poder. Pero ya lleva a Villarruel a tener que aclarar su oficialismo con este tuit. “Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos solo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrar en cada oportunidad que tenían, pero a pesar de eso nos acompañamos sabiendo que el destino de la Argentina era brillante”, escribió.

¿Qué está diciendo Villarruel a Milei?: “Polaricemos con el kirchnerismo, respetemos la línea divisoria tradicional y no abramos una polémica dentro del propio gobierno”. Es un consejo que ella le está dando al Presidente, probablemente un consejo inteligente.

Queda el caso Kueider, que tiene un motivo central de polémica que no tiene nada que ver con si la sesión era o no válida; tiene que ver con las garantías de Kueider, es decir, si se siguió el debido proceso. Con independencia de la validez de la sesión, las garantías, los procedimientos y los rituales están hechos para dar garantías a aquel que resulta desagradable. A un ángel no lo vamos a querer echar del Senado; probablemente el impulso de echar a alguien del Senado lo tengamos frente a alguien que, a primera vista, es un demonio. Alguien a quien le encontraron plata viva, no departamentos en intrincadas sociedades offshore en Miami, sino plata, que tiene un efecto visual extraordinario. Es como los bolsos de José López en el convento de General Rodríguez. Uno dice “este tipo se tiene que ir”.

¿Se puede echar a un representante, se puede echar a un senador sin que siquiera tenga el derecho de contestar los agravios? Esto ya pasó otras veces, y pasó nada menos que con Antonio Bussi, que era repudiable, pertenecía a la dictadura, había ejercido el poder en forma cruel en Tucumán. Se lo expulsó acusado de crímenes de lesa humanidad. Después hizo un juicio al Estado y estuvimos pagándole durante cuatro años la dieta, aunque ya no era legislador, porque no se habían seguido los procedimientos. Esos procedimientos siempre son desagradables, parece que uno defendiera la inocencia de Kueider, cuando en realidad lo que está defendiendo son los derechos de alguien con garantías que fueron inventadas justamente para aquellos casos en los que uno diría “lo linchamos”.

Kueider estaba siendo investigado por otros motivos. Había sido secretario general de la gobernación de Gustavo Bordet en el período anterior. Bordet, kirchnerista, tenía a Kueider como secretario de esa gobernación. Es interesante que ahora el kirchnerismo pida la expulsión. A Kueider lo investigaba la jueza Sandra Arroyo Salgado por presunto cobro de coimas contra la empresa Securitas, que es una empresa que se autodenunció en Suecia justamente por haber pagado coimas. A raíz de eso, aparentemente empezaron viajes sistemáticos para sacar la plata fuera. ¿Viajaba Kueider solamente o también Bordet? Sería interesante saber eso.

¿Quién le hizo una cama a Kueider? Están quiénes dicen “nadie, no hubo cama”. Otros dicen “no, hay una interna entre los propios”. Hay un odio a Kueider de gente que conoce mucho el movimiento de la frontera. Vaya a saber si es verdad, pero nombran a Guillermo Michel, que estuvo al frente de la Aduana con Massa, y a un socio —el “otro yo” de Michel—, Sergio Vargas, un hombre que viene de la Armada y que hoy es senador en la provincia de Buenos Aires. Vargas llegó ahí con las listas de Milei, pero ahora forma parte de lo que se llama “La Libertad Avanza Blue”, que es un desprendimiento de La Libertad Avanza y que, sospechosamente, tiene coincidencias sistemáticas Kicillof.

A Kueider lo quieren ligar a Santiago Caputo porque lo tenía como candidato para presidir la bicameral de control de los organismos de inteligencia. Es decir, a este senador, que cruzó la frontera con US$200.000 en una mochila, Caputo le quiso asignar el rol en el Congreso de controlar los fondos reservados de la SIDE. Por suerte, no pudieron.

¿Quién acerca a Kueider con Santiago Caputo? Aparentemente, un lobista bastante opaco que se llama Adrián Kochen, que trabaja para el Banco de Entre Ríos de los Eskenazi. Todos nombres conocidos de la casta. Es todo casta. Este Kochen tiene otro vínculo con noticias de todos estos días porque también hace lobbying, no solamente para los Eskenazi, sino para Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí. El caso escandaloso de elusión de impuestos.

Tabacalera Sarandí nos lleva a ARCA, nos lleva a la vieja AFIP y nos lleva a una nota que salió publicada este lunes en el diario LA NACION. Hugo Alconada Mon publicó que Andrés Vázquez, que es el nuevo jefe de la DGI, compró a través de sociedades en el exterior tres inmuebles en Miami por 2 millones de dólares. Que seguramente los ganó de manera decente, pero no los declaró ante la Oficina Anticorrupción. Ahí está el problema de Vázquez, que se ha convertido en —o se había convertido— el hombre fuerte de la nueva agencia de recaudación.

Es rara la llegada de Vázquez ahí. Cuando se creó ARCA en reemplazo de la AFIP, el Presidente firmó dos decretos: un decreto de reorganización administrativa, que disolvía la AFIP y creaba ARCA, y lo firmaron Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Patricia Bullrich, que en ese momento subrogaba a Luis Caputo, el ministro de Economía, que estaba fuera del país. Después, el mismo día, hubo otro decreto para designar a Vázquez que lo firmaron Milei y Bullrich. Francos, por alguna razón, no lo firmó. Probablemente no lo quiso firmar. ¿Sabría Guillermo Francos que Vázquez venía con ruido? No lo sabemos. Es muy difícil que lo admita, porque es un funcionario del oficialismo.

Llega Vázquez a la DGI y se establece. Muchos dicen que está puesto por Stiuso. Él aclaraba a la gente: “Yo soy amigo de Stiuso, pero no respondo a él”. Bastante oscuro todo. Vázquez tiene que designar a sus subordinados. Florencia Misrahi, la entonces jefa, tampoco quiso firmar los decretos ni las resoluciones. Las firmó Vázquez. ¿Y Francos y Misrahi? Ninguno de los dos quiso dejar sus huellas digitales en el nuevo orden que reina dentro del organismo recaudador. Al poco tiempo, echan a Misrahi y Luis Caputo, que tampoco estaba de acuerdo con la llegada de estos personajes a esa entidad que depende de él, designa a Juan Pazo. Este último también tiene departamentos en sociedades offshore, uno de los cuales se lo vendió a Cristian Ritondo.

¿Quién armó todo esto, que empieza a ser sospechoso? También lo armó Santiago Caputo, el mismo que iba a poner a Kueider en la bicameral para controlar los organismos de inteligencia. ¿Hay un cerebro que está pensando el mal? No. Lo que hay es un gobierno que llegó desprovisto de personal, desprovisto de conocimiento de la estructura del Estado, y que dice: “¿Quiénes manejaban esto antes? Fulano y Mengano. Traiganlos”. Lo mismo pasa en Puertos, lo mismo pasa en Ferrocarriles, lo mismo pasa en Telecomunicaciones.

El que selecciona ese personal es Santiago Caputo, que va inoculando en el oficialismo las perversidades de la casta a la que el propio Santiago Caputo critica y condena en el discurso que le organiza a Milei. Caputo, como sabemos, es el “Mago del Kremlin”, el que le organiza a Milei la relación con la opinión pública, o por lo menos el que pone en un pentagrama lo que Milei tararea.

A propósito de todo esto, ¿finalmente qué va a hacer Vázquez con Tabacalera Sarandí? ¿Se la va a sancionar o no? Bueno, ahora depende de Paso. Vázquez está congelado, esperando que le den instrucciones. Y ahora, después de la nota de Alconada, probablemente más congelado aún.

Otro escándalo de estos días. Se van entrelazando los escándalos en este fin de año. La fiesta del fiscal Ramiro González: un fiestón. Una fiesta de 60 años mucho más importante que la que celebró el propio González cuando cumplió 50, en Chascomús. Bandadas de helicópteros llegaban al campo. Ahora, la exposición —la sobreexposición— de González, este fiscal que hizo una especie de fiesta de Comodoro Py en la Costanera, exhuma problemas más intrincados que él tenía y que estaban soterrados.

Una nota de Rodis Recalt en la revista Noticias describió el evento como el Comodoro Party: “En el video de la fiesta, se puede ver a González celebrando junto a su madre. No fueron de la partida sus hijas mayores, que hace más de una década denunciaron a González por abuso sexual. La justicia sobreseyó al fiscal luego de muchas idas y vueltas. La relación siempre se mantuvo tensa, hasta que ellas presentaron una denuncia por hostigamiento. La justicia dictó una prohibición de acercamiento del fiscal a sus hijas, pero un día para el otro levantó esa medida sin dar mayores detalles”.

“La última mala noticia la recibieron las hijas este año en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde intentaron llevar su caso, pero fue desestimado. Las hijas, hoy mayores de edad y estudiantes universitarias, quedaron con la certeza de que su padre pertenece a un sistema judicial que lo mima y protege. Ese mismo sistema que dijo presente en su fiesta de cumpleaños”.

En el cumpleaños estaban Ricardo Lorenzetti y Ariel Lijo. Lucas Nejamkis y Guillermo Coppola, los dos principales colaboradores y secretarios privados de Stiuso. Pero había alguien más: estaba María Servini de Cubría. Y esto es importante porque Servini está acusada en una causa por hechos de hace muchísimos años, en la época de la dictadura militar, cuando era jueza de menores. Se la acusa de haber entregado bebés, hijos de desaparecidos, a familias de militares. Ella, una mujer casada con un militar.

Esa causa está en manos de la jueza Eugenia Capuchetti. Se presentó ahí un señor, Santiago Bidegain, que dice: “Yo tengo la presunción de que no soy hijo de Bidegain, sino de Javier Darroux, que está desaparecido. Y creo que quien me entregó a otra familia fue Servini de Cubría”. Se abre una causa, y el que la tiene que investigar —aparentemente hasta ahora no lo hizo— es el fiscal González. A Servini de Cubría la cubría el fiscal González. Ella estaba en su fiesta.

Hay incompatibilidades y una incógnita: ese video, el de la fiesta, hecho con dos o tres cámaras y drones, aparentemente solo muestra al fiscal y a muchas chicas lindas. No aparece nadie más. Da la impresión de que el video fue editado para que no se constaten presencias inconvenientes. Pero, ¿quién se quedó con el material sin editar, con “el crudo”? Es una preocupación que empieza a rondar por los tribunales de Comodoro Py.

Milei tiene una ventaja: su frente interno comienza a ceder, pero su oposición también está dividida. Es una división peculiar, como la de Axel Kicillof y Cristina Kirchner. No sabemos hasta dónde llegará esta disputa. Kicillof está intentando oponerse a Milei, pero no desde el discurso, sino de una manera inquietante. Si Milei quiere achicar el Estado, Kicillof está agrandando el Estado bonaerense.

La semana pasada, la Legislatura, con el apoyo de los libertarios blue, aprobó la creación de una nueva empresa estatal de medicamentos con el objetivo de reducir el precio de los medicamentos en la provincia de Buenos Aires. La pregunta es: ¿quiénes van a distribuir esos medicamentos? Y la otra: ¿quiénes los fabricarán? Ya hay quienes señalan que algunos laboratorios ligados a Kicillof están dispuestos a prestar ese servicio. ¿Marcelo Figueiras, del laboratorio Richmond, sería uno de ellos? Esto generó interrogantes entre los colegas de Figueiras, que representan a los laboratorios perjudicados por esta medida.

Otra iniciativa estatizante de Kicillof es quedarse con Aerolíneas Argentinas para que la maneje Jorge D’Onofrio, el ministro de Transporte, que es cercano a Sergio Massa. D’Onofrio está siendo investigado por presidir una red de cobro de coimas para liberar a conductores de pagar fotomultas.

Los empleados del Banco Provincia ahora se podrán jubilar a los 60 años, en contra de lo que sucede en otros sectores. Baja la edad jubilatoria y garantiza las jubilaciones con fondos del Tesoro bonaerense. Esto inspira otra pregunta: ¿los sindicatos que representan al resto de los empleados bonaerenses no exigirán lo mismo? Es probable que sí, lo que incluiría a maestros, policías y empleados públicos, reduciendo también su edad jubilatoria de 65 a 60 años.

Sin embargo, el verdadero problema de Kicillof no es Milei ni el Tesoro bonaerense: es Cristina Kirchner. Si hay PASO, Kicillof podría intentar armar su propia lista y enfrentarla en una interna. Si las primarias son eliminadas en el Congreso, a Kicillof solo le quedaría una estrategia: desdoblar las elecciones y realizar primero las bonaerenses, separándolas de las nacionales. Esto sería una novedad importante en la política argentina.

¿Quién ganaría esa elección? Cristina sostiene que Kicillof perdería porque desde el Gobierno instalarían el tema de la seguridad en la agenda. Kicillof cree que puede ganar. Queda por explicar cuál es, en esencia, la diferencia entre Kicillof y Cristina respecto al país, el Estado y el poder. Tal vez lo sepamos si se produce esa disputa.

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