Dos semanas después de su reelección, un aliado de Sergio Massa busca regular la protesta social y enfrenta duras medidas de fuerza

Dos semanas después de haber sido reelegido con el 47% de los votos, lo que le dará mayorías casi absolutas en el Senado y en Diputados a partir de diciembre, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, afronta protestas masivas de autoconvocados docentes y de trabajadores de la salud. Esos sectores rechazan la paritaria cerrada con los gremios, a los que no consideran “representantivos”.

Ayer, en tanto, la Cámara de Diputados, donde Sáenz tendrá a partir de diciembre a 26 legisladores propios sobre un total de 30, trató sobre tablas y aprobó un proyecto para regular la protesta social. La iniciativa es de la legisladora oficialista Cristina Fiore. En la votación hubo 22 abstenciones. Sáenz es un aliado del ministro de Economía, Sergio Massa.

El lunes pasado hubo una movilización de 10.000 personas por las calles de la ciudad de Salta. Los trabajadores de la educación y la salud reclaman la equiparación de sus salarios con el costo de la Canasta Básica, que estiman en $320.000. Con el aumento acordado aseguran que están hoy en la mitad de esa suma.

La semana pasada la policía salteña reprimió a los autoconvocados de la Intergremial que cortaban las vías de ingreso y salida de la ciudad de Salta, sobre la ruta nacional 9. Por el episodio, hubo 19 docentes detenidos durante 24 horas, a quienes se les inició un sumario judicial.

La Confederación de Trabajadores de la Educación, que reúne a los principales gremios docentes del país, manifestó el viernes su “enérgico repudio” al accionar de las fuerzas de seguridad de Salta y apoyó a la Asociación Docente Provincial Salta que ese día firmó la paritaria con la administración provincial. Los autoconvocados rechazan ese acuerdo que implica un incremento salarial del 69,5% a julio sobre el salario de diciembre (sumaron 34% al 35,5% de febrero); las subas son escalonadas. Además, fijaron un bono de $60.000 en dos pagos, en julio y agosto.

Claudio Uriona, delegado por Capital de los Docentes Autoconvocados, dijo a LA NACION que las protestas -que incluyen el no dictado de clases- tienen un acatamiento que “no baja del 80%, con picos del 95%”. Repasó que vienen realizando planteos desde febrero: “Somos ninguneados por funcionarios del gobierno; hemos presentado una propuesta seria en lo laboral y en lo salarial. Atacan y persiguen a la Intergremial de Salud y Educación, nos dicen que no tenemos legalidad y acuerdan con gremios que no nos representan. Tenemos legitimidad por el apoyo que logramos”.

Un cuadro elaborado por el Ministerio de Educación da cuenta de que un docente con cargo simple (cinco horas) y diez años de antigüedad, que en diciembre ganaba $181.951, en julio cobrará $336.536.

“Los porcentajes son miserables teniendo en cuenta la inflación existente -dUriona-. Además de lo salarial, no se garantizan recursos financieros y humanos, no se designan ordenanzas, hay falta de administrativos. Se está desfinanciando la educación. Queremos volver a las aulas, pero no están dadas las condiciones. El lunes nos llamaron a una reunión que fue con funcionarios de segunda línea mientras los ministros andaban defenestrándonos en los medios. Quieren dilatar el conflicto.”

LA NACION contactó a varias fuentes del Gobierno de Salta para tener su opinión sobre la situación, pero hasta ahora ninguna fuente oficial habló.

Marina Guanca, delegada de los Autoconvocados de Salud, insistió en que no se sienten “representados por los gremios”, a los que acusó de “entregar a los trabajadores”. Ella relata que es administrativa de un hospital con 12 años de antigüedad y tiene un sueldo neto de $160.000.

“Una semana antes de las elecciones, Sáenz nos recibió -describe-. Se sentó a dialogar porque no quería gente en la calle. Entonces llevábamos dos días de paro y se comprometió a no descontarlos. Ahora son ocho días y ya el ministro de Economía [Roberto Dib Ashur] anunció que habrá descuentos, lo que genera más malestar”.

Dib Ashur señaló que se aplicarán descuentos a 6109 docentes que realizaron paro en abril, fueron cinco días. También indicó que se hará lo mismo con los que este mes no volvieron a clase: “Se aplicará lo que dice la ley, día no trabajado, día no pagado” confirmó a El Tribuno.

“Regular protestas”

Mientras los autoconvocados ratificaron que seguirán adelante con las medidas, Diputados trató y aprobó un proyecto para regular las protestas. El Senado lo podría tratar este jueves. Su impulsora, Fiore, dijo estar “sorprendida” por el tratamiento rápido e incluso planteó que “no era el momento”.

Durante el debate planteó que la norma también “protegría” a los manifestantes porque exige la identificación del personal policial y de vehículos oficiales utilizados para el traslado de personas y “establece como primer procedimiento la mediación con funcionarios para tratar de solucionar el problema”.

En la protesta de hace una semana, 19 docentes fueron detenidos por orden de la Jueza de Garantías Ada Zunino. Fueron liberados al día siguiente.

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