A dos meses de asumir, el ministro Martín Soria sigue lejos de los objetivos que prometió al Presidente
No reunió los votos para reformar la Procuración, el fuero federal ni la Corte, aunque facilitó a Cristina Kirchner el camino para pedir la nulidad de sus causas; reproches de jueces y fiscales
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LA NACION
Antes de jurar como ministro de Justicia, Martín Soria conversó con Alberto Fernández los dos ejes que iban a ser los objetivos de su gestión: la reforma del fuero federal y la ley para cambiar la manera de designar al Procurador General de la Nación, según el mismo explicó. A dos meses de su asunción, el 29 de marzo, ambas iniciativas siguen empantanadas en el Congreso, al igual que los cambios en el funcionamiento de la Corte y del Consejo de la Magistratura, las otras dos tareas para las que lo designó el Presidente, tras el alejamiento de su funcionaria de confianza Marcela Losardo, jaqueada por la presión del kirchnerismo.
Sus colegas en el Gobierno dicen que no se lo escucha. Un funcionario de la casa Rosada prefirió no opinar a la hora de hacer un balance de sus dos meses de gestión: “Ni para criticar ni para defender, que lo haga él mismo”. Los voceros del ministro no respondieron los llamados de LA NACION.
Soria arrancó con la impronta combativa y altisonante que usaba en la Cámara de Diputados y que no formaba parte de los modos de Losardo, pero todo quedó en gestos, que no se cristalizaron en cambios. Sumó información sobre las visitas de jueces a la Casa Rosada en la época de Mauricio Macri –lo que le facilitó a Cristina Kirchner plantear la nulidad de las causas que enfrenta en las que intervinieron esos jueces– y sumó votos entre los aliados más cercanos al Gobierno para apoyar la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, pero hasta allí llegó. Aún le faltan respaldos para conseguir el quorum y para aprobar esa norma.
“Lo primero que voy a hacer como ministro es pedir una audiencia oficial con la Corte de Justicia”, desafió cuando el Gobierno renovaba su embestida contra el máximo tribunal. Pero pasaron los días desde la asunción y el pedido de audiencia nunca llegó a la Corte. En el máximo tribunal llevan la cuenta.
Jueces y fiscales consultados para esta nota advirtieron que “no hizo nada” y los más comprensivos hablaron de que el kirchnerismo de paladar negro “no lo dejó hacer nada” de lo que planteó. Le facturan que no prosperaron los cambios que prometió en la ley del Ministerio Público en sus reuniones con los funcionarios judiciales, porque una vez que propuso esas modificaciones, los diputados del kirchnerismo Rodolfo Tahilade y Leopoldo Moreau le dijeron que se iba a probar la ley tal como había salido del Senado. Se incluyeron cambios, pero fueron “cosméticos”, dicen los jueces desencantados.
Entre los magistrados hay otra preocupación: las vacantes que impiden trabajar. La semana próxima la Cámara Civil se enfrenta a la posibilidad de dejar dos juzgados sin juez, porque los actuales ya no pueden cubrir más suplencias. En el fuero de familia hay ocho jueces cubriendo otros tantos juzgados además del suyo. Las subrogancias de largo aliento deben cubrirse con una lista de conjueces (integrada por los que terminaron designados, pero no fueron confirmados de manera definitiva). Esa lista fue del Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y quedó trabada en el Ministerio de Justicia, que nunca la envió al Senado para que les dé acuerdo y puedan designarse los suplentes.
La otra factura que le pasan los jueces es no haber reenviado nunca al Senado los pliegos de los jueces ya elegidos por el Poder Ejecutivo para cubrir los cargos vacantes. Apenas asumió Alberto Fernández retiró unos 150 pliegos de jueces y fiscales pendientes de aprobación en el Senado: tras analizarlos, reenviaron a la mayoría, pero aún quedan otros que nunca fueron enviados al Senado para la anteúltima escala antes de la designación presidencial. Esta falencia hace que no haya suficientes jueces titulares ni suplentes.
Un operador político del peronismo, que lo mira de afuera, sintetizó con ironía: “Soria logró dos cosas: sumar seguidores en Twitter y que se la extrañe a Losardo. Se autoexcluyó como potencial puente de diálogo con el Poder Judicial: solo habla para que lo escuche una sola persona: Cristina”.
“Con Alberto Fernández repasamos todo lo que se viene de acá en adelante. Los cambios son profundos: hay dos leyes fundamentales con media sanción y creo que se están por destrabar, la reforma del Fuero Federal y la del Ministerio Público Fiscal”, dijo Soria días antes de jurar.
La primera de las leyes fue aprobada en el Senado y está cajoneada en Diputados: no se habla de ella en el bloque oficialista desde hace seis meses, por falta de los votos necesarios para aprobarla. Soria le dio impulso a la segunda ley en la Cámara de Diputados: el oficialismo logró dictamen de comisión, pero no los votos necesarios para aprobarla. Está en una situación en que, si el Frente de Todos consigue quorum y los votos, puede votarla y reenviarla al Senado, que debería ratificar los cambios o avanzar con el texto original.
Antes de proponer el debate el en Diputados, Soria se reunió con la Asociación de Fiscales, la Asociación de Magistrados y un grupo de fiscalas para buscar consensos e introducir cambios. Hasta negoció con el diputado mendocino José Luis Ramón los votos de su bloque a cambio de incluir una Procuraduría de Defensa del Consumidor en la ley. No le alcanzaron esas conversaciones.
Esta ley, rechazada por la oposición, plantea cambiar la mayoría necesaria para elegir procurador de dos tercios del Senado -que no tiene el kirchnerismo- por la mitad más uno, mayoría con la que sí cuenta el Frente de Todos para colocar como procurador al candidato que quiera.
El presidente Alberto Fernández propuso a poco de asumir al juez federal Daniel Rafecas como su candidato a procurador y envió su pliego al Senado, pero Cristina Kirchner nunca lo puso en debate. En cambio, motorizó cambios en la ley de la Procuración para elegir un candidato propio sin necesidad de negociar con la oposición los votos que no tenía. Ahora los opositores de Juntos por el Cambio, que antes resistían a Rafecas, están dispuestos a votarlo.
La idea del Gobierno es insistir con la ley y encontrar los votos que necesita para aprobarla. Allí se abre una estrategia en dos tiempos: primero, designar de inmediato con la nueva ley a un procurador interino y sacar de ese lugar a Eduardo Casal, que el kirchnerismo convirtió en su archienemigo. Dicen que es el “encubridor” del macrismo. La segunda etapa es elegir a un candidato que satisfaga al kirchnerismo.
Si no logra aprobar la ley, el kirchnerismo insistirá luego de las elecciones si consigue sumar legisladores a su bloque. Si no suman votos para marcar una diferencia, podrían insistir con Rafecas.
En la Casa Rosada dicen que el candidato del Gobierno sigue siendo Rafecas. “Yo ya mandé un nombre y mantengo ese nombre”, dijo el 24 de mayo el presidente Alberto Fernández a CNN. El 31 de mayo, Soria acotó: “Hoy el único pliego presentado es el de Rafecas, veremos más adelante”.
El puesto de Procurador, jefe de los fiscales, es clave pues delineará al funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal, donde los funcionarios del Ministerio Público son los que llevan adelante las investigaciones.
Los fiscales también están decepcionados: “Nunca se reunió con la Corte, no se reunió con Rafecas, tampoco con el procurador Casal. No se preocupa por activar el cambio del Procurador Penitenciario ni del Defensor del Pueblo de la Nación. Parece una visión mínima del Ministerio”, señaló un fiscal a LA NACION.
No son las únicas cuentas pendientes del ministro: le queda acelerar los concursos para cubrir las vacantes de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal, cubrir vacantes en los juzgados federales y encontrar un camino para modificar el funcionamiento de la Corte, como prometió.
Soria se mantuvo activo en la agenda de género. Cuestionó a la Corte por no capacitarse según las normas de la Ley Micaela, recibió a un grupo de fiscalas y compartió actos con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sobre género y justicia y sobre política integral de fortalecimiento del acceso a derechos para personas en situación de violencia por motivos de género.
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