A dos años de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, Amnistía Internacional denuncia irregularidades y dilaciones en la investigación
A través de un comunicado, se pidió “una investigación imparcial y urgente que dé cuenta de lo que sucedió y quienes fueron los responsables”; “Hace dos años que el Estado argentino está en deuda con Cristina Castro y su familia”, señaló la titular en la Argentina
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LA NACION
La última vez que a se vio con vida a Facundo Astudillo Castro, de 22 años, fue el 30 de abril de 2020. Su desaparición se dio en el marco de la más estricta cuarentena por el coronavirus, cuando el joven había decidido emprender un viaje de unos 120 kilómetros para ver a su exnovia, en Bahía Blanca. Tres meses después, en un estado de avanzada descomposición, en un cangrejal en la zona de Villarino Viejo, apareció su cuerpo.
El resultado de la autopsia determinó que Astudillo Castro murió como consecuencia de una “asfixia por sumersión (ahogamiento)” y que los restos óseos “no presentaban lesiones vitales de origen traumático”. Tanto la querella como los fiscales sostienen que Facundo murió en manos de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la entonces jueza a cargo, María Gabriela Marrón, optó por la hipótesis de que se trato de una “muerte accidental”. Tras su remoción en diciembre de 2021, la idea de la desaparición forzada seguida de muerte volvió a tomar fuerza.
En este contexto, el organismo de derechos humanos Amnistía Internacional denunció irregularidades en la investigación y apuntó contra el Gobierno.
“Hace dos años que el Estado argentino está en deuda con Cristina Castro y su familia”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, y enfatizó: “El mensaje de la justicia debe ser contundente: no más impunidad y no más muertes por violencia institucional. La sociedad exige una Justicia eficaz y rápida. Las autoridades deben garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos que rodearon la desaparición y muerte de Facundo”.
“En estos 24 meses la investigación judicial presentó irregularidades y dilaciones, por lo que tanto los abogados de la familia, la querella y los fiscales solicitaron el apartamiento de la jueza a cargo, María Gabriela Marrón”, repasó el organismo en un comunicado difundido hoy.
“Tanto los abogados de la familia, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, como la Comisión Provincial por la Memoria sostienen que las pruebas en el expediente son contundentes respecto de la responsabilidad de las fuerzas policiales en la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro”, enfatizaron.
En este sentido, Amnistía Internacional se sumó al reclamo de la familia “por una investigación imparcial y urgente que dé cuenta de lo que sucedió y quienes fueron los responsables”.
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